Lucas Villa, acaba de morir en Pereira, Colombia. ¡Dios bendito! Y también son muchos otros compatriotas latinoamericano-caribeños, más de 40 y miles de lesionados o padecen detenciones arbitrarias, pues llenos de fortaleza y esperanza, sintieron debían manifestar su protesto por la situación política de su país: “Colombia, La Grande”; para decirlo así parafraseando un libro sobre las ideas políticas bolivarianas del muy conocido investigador universitario venezolano Dr. Luis Castro-Leiva, quien también tiene otra obra titulado “Colombia, una ilusión ilustrada”; ambas, claro está, referidas al malogrado proyecto de El Libertador.

Villa había sido herido presuntamente por fuerzas de seguridad de Estado que, en la tradición sociológica durkheniana, suele mantener la hegemonía de “la violencia institucionalizada” y, en este caso sin ningún miramiento actúa para defender el estatus quo; inclusive por encima del respeto a los Derechos Humanos. Reprime cruelmente a miles de ciudadanos que reaccionan frente a un gobierno que para muchos constituye “un modelo de democracia en las Américas” y un cercano aliado de los Estados Unidos de Norteamérica, pero para sorpresa de tales admiradores hoy más que nunca hipoteca el futuro de la juventud y población general de “La nación neogranadina”.

El llamado “Paquetazo Duque”, del célebre “subpresidente” según el mordaz humor, al parecer muy típico de la región llanera oriental de Venezuela, de donde es oriundo el capitán Diosdado Cabello-Rondón, diputado a la AN y vicepresidente del PSUV, en su programa de tv “Con el mazo dando”; que para demás INRI el susodicho dizque ocupa fraudulentamente el Palacio de Nariño, dado que sería notorio, público y comunicacional que compró voluntades (votos) en el proceso electoral del que participó; y de lo cual habría suficientes testimonios audiovisuales mostrados en aludido talk-show.

Su Señoría Duque-Márquez, prole de la oligarquía colombiana postgraduado en EE. UU, of course, a tenor de tales premisas no queda muy bien parado, lógicamente; y tal proposición ad homine lo cierra el hijo ilustre de El Furrial destacando que el magistrado acusado ya de crímenes de lesa humanidad (exterminio del pueblo colombiano) ganó la presidencia con un programa u oferta política que ahora incumple. En particular en lo relativo a los tributos, salud, pensiones, educación y flexibilización laboral; todo lo cual ha sido la gota que derramó el vaso.

Volviendo al punto inicial, policías y paramilitares (o “agentes de seguridad privada”) disparan contra los manifestantes. Su fin es terminar el paro y la minga indígena-campesina, a como dé lugar; según se ha visto por medios audiovisuales. Más recientemente cuentan los medios de una jovencita que se habría suicidado como consecuencia de haber sido abusada por agentes de policía o ESMAD, todo es horrendo en ese país de bellos paisajes naturales, pero de una sociedad totalmente asimétrica, que no reconoce a muchos de sus habitantes como iguales.

Inclusive, algunos parecen creer que aún predomina la antigua sociedad virreinal, con una democracia donde el pueblo no es más que una abstracción; de allí que los sectores aristocráticos se consideran los únicos benefactores del poder político y económico, de tal suerte que sus estratégicas y prácticas sociales son excluyentes, no superan la noción civilización-barbarie; eso explica en parte por qué el ministro de la defensa, Molano, sostiene que ya ha detenido y judicializado a los “vándalos”, guerrilleros y delincuentes que cierran carreteras y calles; no son las comunidades que protestan sino el lumpen, según esa visión, por eso sus subordinados actúan como actúan; aunque Su Merced Duque-Márquez se ha intentado justificar señalando que ha pedido medidas disciplinarias contra los policías que actuaron fuera de la ley, etc., como un saludo a la bandera, que dicen.

Como cristianos somos “gente de orden”, según decía un profesor nuestro en alguna clase de un cursillo de teología, pero éste debe tender al bien común, moral y político, personal y colectivo; de donde se tiene que los cuerpos de seguridad y actores sociales privilegiados se diría que tienen una grave responsabilidad, encargo o hipoteca social; no aspirar reestablecer tradicionales estructuras sociopolíticas injustas, lo que en cierto lenguaje religioso el Documento de Medellín (1969) y Puebla (1978) que recogen deliberaciones de las comisiones teológicas y pastorales de los obispos latinoamericanos, denominan “estructuras de pecado institucionalizado”; sus consecuencias son los rostros de los Cristo sufrientes cuyas heridas claman al cielo.

¿Cambiará algo en Colombia por el tremendo estallido social que ha sucedido recientemente y ya van más 17 días de protestas? ¿Continuará este proceso por largo tiempo? ¿Se repetirá en Colombia lo mismo que en Chile u otras naciones, cuyas propuestas de transformación luego se diluyen? ¿Serán tan efectivas como en Bolivia las organizaciones populares que lideran tales procesos de cambio? ¿Tiempo al tiempo? ¿Cómo se institucionalizará este nuevo aprendizaje social?

No es nuevo tal aspecto, el psicólogo social Ignacio Martín Baró en su obra “Sistema, grupo y poder. Psicología social desde Centroamérica (II) (UCA Editores. San Salvador. EL Salvador, C. A. 1989), sostiene que:
“Ley y orden” ha sido la consigna enarbolada por los movimientos más conservadores del mundo contemporáneo, el ideal tras el cual se han escudado los intereses sociales dominantes en cada situación para defenderse contra las exigencias de cambio. Richard Nixon justificaba hechos como los de Watergate por la necesidad de mantener la ley y el orden norteamericanos contra la “conspiración de izquierda”, mientras Ronald Reagan ha pretendido justificar su agresión contra los pueblos centroamericanos –incluido el terrorismo de minar puertos y de entrenar para el asesinato sistemático en Nicaragua- con el pretexto geopolítico de que el área es parte de “su” traspatio trasero y de que ahí necesitaba preservar el orden y la ley del capitalismo estadounidense. Nada de extrañar entonces que, cobijados por el paraguas ideológico de la contrainsurgencia, los “escuadrones de la muerte” se lanzaran a las calles de Brasil y Argentina, Chile y Guatemala, tratando de contener la “conspiración comunista” y de defender una ley y orden social traducidos como “propiedad privada, patria y familia” (obra citada, pág. 13).

¿Algo muy parecido es lo que pasa hoy en Colombia?, ¿se impondrá la mediación, la resolución de conflictos y el diálogo antes que la violencia?, al respecto el investigador universitario en el área de la sociología, de origen chileno, Dr. Felipe Andrés Aliaga-Sáez, ha posteado en su red social de Facebook la siguiente reflexión que citamos por ser un posicionamiento de alto contenido ontológico, axiológico y epistemológico, con un lenguaje muy cálido, morigerado e in situ, dice así:

“Colombia ha sido mi casa por más de seis años, estoy muy agradecido de este hermoso país porque me ha dado la oportunidad de tener una hermosa familia, desarrollarme profesionalmente, tener buenos amigos y gente a la que quiero de verdad”.

“Estos días han sido esperanzadores y también muy angustiantes por los abusos que todo el mundo ha podido observar, sin embargo, debemos reconocer que ha llegado un momento en que las personas ya están cansadas de que las pisoteen, de que las pasen a llevar, de que no les consulten nada, y que directamente les mientan”.

“Mis estudiantes colombianos me han demostrado que son una generación de gente fuerte, ya que, para soportar tanta incertidumbre, tanto dolor e injusticia tienes que tener una fortaleza interna muy grande. Estoy seguro que sienten y creen que este país se merece algo mejor, y así como ellos, miles de jóvenes están pensando y reclamando un mejor futuro, una generación empoderada más crítica y “con dientes” que espera hacer realidad esos sueños de una Colombia libre, justa y equitativa. Después de tantos años de conflicto interno, guerra, muertes y de tantos males que pudren a la sociedad, es necesario hacer renacer el espíritu de este país, hay fuerza, hay indignación, pero también reflexión y creo que estos procesos revolucionarios, como el que sucedió en Chile, permiten que pensemos las cosas de otra manera, hacer visibles esas voces silenciadas, esos saberes opacados y nos permiten recobrar el poder ciudadano y la democracia”.

“Me siento feliz de poder ver que muchas personas están conscientes de la realidad que viven y de que es necesario cambiar muchas cosas, y no cierran los ojos o miran para otro lado. Sólo esperar que los cambios se reflejen en las urnas y los futuros gobernantes quieran de verdad el bienestar de este país y dejen todo en la calle, sobre todo por los que menos tienen”.

Lucas Villa, como tantos otros jóvenes colombianos y latinoamericanos ha entregado su vida por exigir justicia social, una demanda importante y de larga data. Justicia se exige, Dios bendito. Colombia esperanzada.