La interrupción voluntaria del embarazo y las enfermedades mentales


El anteproyecto de ley sobre la interrupción del embarazo del gobierno del PP (con un largo trámite parlamentario por delante que acaso pueda permitir -con el oportunismo que la situación y el contexto electoral requieran- cambios no sustantivos) es, a todas luces, un triunfo (no sé si definitivo) de la derecha extrema rancio-conservadora del Partido y de los sectores más reaccionarios de la Iglesia nacional-católica, española, apostólica y romana y con mucho mando en plaza. Mucho. Volvemos a los años setenta. No hablamos de ningún tema baladí, no es un tema insignificante, no es una agresión menor: la nueva norma acabará con el derecho de la mujer de decidir, sin necesidad de alegar motivos, si interrumpe o no su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. De plazos volvemos a los supuestos (y más restringidos además, y con más requisitos, que en la ley de 1985).
Hacia finales de los setenta, yo tenía entonces 23 o 24 años, me relacionaba con una familia obrera de l’Hospitalet de Llobregat. Dos trabajadores, excelentes personas, de más de 40 años. Tenían cuatro hijos, dos muy pequeños. Sin buscarlo, ella se quedó embarazada de nuevo. No lo esperaban, no estaban en condiciones, trabajaban duramente, no podían cuidar a un niño más. Marcharon a Londres, sin conocer el idioma ni la ciudad. El embarazo se interrumpió. La mujer trabajadora, católica, creyente de base, fue a hablar con un sacerdote obrero de una parroquia de esta ciudad obrera pegada al sur de Barcelona. No puedo decirte que hayas obrado bien, le dijo, no puedo, pero debes estar tranquila, has hecho lo más razonable, te entiendo bien, comprendo perfectamente lo que has hecho, no tienes nada de qué recriminarte.

No sé si en las actuales circunstancias encontraríamos a sacerdotes que transmitieran un mensaje parecido (seguramente sí en algunas comunidades cristianas de base y en otras creencias) pero no es imposible que, de nuevo, los viajes a Ámsterdam, París o Londres aparezcan en el horizonte de muchas mujeres. Con un agravante: las circunstancias socioeconómicas actuales incrementan la tentación de intentar senderos más arriesgados, de abonar el capítulo de los desaprensivos sin escrúpulos y de aumentar los riesgos para la salud de las mujeres

No es este, sin embargo, el punto de esta nota. Es este:

La nueva regulación descarga en los y las psiquiatras la tarea de determinar si existe un grave peligro para la salud psíquica de la embarazada. Podrán avalar la interrupción del embarazo, bajo este supuesto, hasta las 22 semanas de gestación. Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, lo ha expresado con meridiana y necesaria claridad: “La interrupción del embarazo es una cuestión que no tiene nada que ver con la salud mental” [1]. Es una decisión libre en el ámbito la vida sexual y reproductiva de las personas. La mujer que decide abortar, como sabe cualquier persona que se aproxime al tema con ojos abiertos y corazón no trastocado, no es una enferma mental ni puede ser considerada como tal. El papel de la psicología, de la psiquiatría, es –si lo hubiera-, debe ser otro muy distinto. Apoyar, cuidar, mimar. Eudoxia Gay asegura, por otra parte, que a pesar del elevado número de miembros de la Asociación y de sus disputas (necesarias y fructíferas) en numerosos ámbitos, este “es uno de los temas que concita mayor consenso”. Dato muy a tener en cuenta.

Los ciudadanos, las ciudadanas, que hemos tenido familiares, que tenemos familiares muy próximos, que sufren una enfermedad así podemos abonar la afirmación de Gay: no hay que pueda, que deba relacionar una cosa y la otra. Nada. Obrar, actuar, legislar de ese modo representa, de nuevo, una desconsideración, una falta de tacto, una acción antihumanista, una agresión no sólo contra las mujeres –que también, desde luego, y en primerísimo lugar- sino también contra las personas que sufren una enfermedad de esas características y que entienden o pueden entender perfectamente el retroceso que significa una normativa como la que don Ruiz Gallardón, siguiendo al pie de la letra la senda iniciada por su padre treinta años atrás, en alianza impía con el sector más retrógrado y supuestamente pío del nacional-catolicismo español, pretende imponer al conjunto de las ciudadanas del país, algunas de ellas católicas, musulmanas, evangélicas, etc pero en absoluto de acuerdo con la nueva ley represiva que afirma, falsariamente, pretender defender más que nunca la liberad de las mujeres y la vida humana.


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