De las diferentes acepciones que el diccionario de la lengua española atribuye a la palabra radical, yo me acojo a la menos usada, no sólo en la política sino también y por extensión en el lenguaje habitual: perteneciente o relativo a la raíz, fundamento o esencial. De modo que, en España sobre todo, fácilmente se confunde una actitud intelectual que propende a ir a la raíz de la injusticia, del exceso, del abuso y del prejuicio, con el radicalismo o doctrina que propugna la reforma total del orden político, científico, moral y religioso.
Pero, con independencia de que en España yo propugne exactamente esta reforma, es decir sea partidario de una reforma total, mi radicalidad atiende a la raíz de los muchos problemas y conflictos políticos y sociales surgidos en la sociedad a raíz de la implantación del nuevo régimen político y de soslayo régimen social. Pues, si la sociedad y la política quieren ignorar el origen de cada problema o conflicto, es porque, aparte lograr la estabilidad inestable de este país, son sustanciosos los beneficios de toda clase que supone censurar la patología social y política que hay en la gobernabilidad y en el sistema. Es decir, hacer crítica permanente de los efectos para dejar intactas la causa eficiente, las causas de tanta anomalía, tanto abuso, tanto desorden e injusticia social como existen en España.
Mi radicalidad, extendida a lo largo y ancho de los más de tres mil escritos publicados o no, desde 1978, consiste en eso. Lo comparo al tratamiento médico de los casos en que por unas razones o por otras, se aplica a una enfermedad que se supone incurable, en lugar de extirpar el tumor. Así es que, antes de apresurarse a calificar de radical en el sentido doctrinal más negativo, una actitud crítica razonada desde la pura lógica socrática, no es una desmesura ni una radicalidad gratuita señalar en los muchos casos de las crónicas que he escrito a lo largo de casi medio siglo, las raíz de los conflictos y problemas españoles. Lo que equivale a proponer reformas razonablemente parciales del texto constitucional y a cambiar la interpretación del ordenamiento jurídico en general, de acuerdo con unas claves del pensamiento medio europeo. La radicalidad en este sentido es imprescindible aunque se evite a toda costa. El pacto social no existe en España, a diferencia de las demás naciones de la Vieja Europa. Y el pacto o contrato social, que basan la legitimidad del poder del Estado y de las leyes en un acuerdo implícito o explícito entre los individuos, no existe en España. Aunque todavía no se mencionen, siguen abiertas las heridas dejadas por una guerra civil solapadas por el conformismo de media España en buena medida dictado por la erótica del consumismo feroz y en otra medida por la pusilanimidad de los sucesores de quienes perdieron aquella guerra.
