La socialización del poder y la emancipación popular

El control absoluto del Estado no garantiza el éxito y la trascendencia (o dimensión) histórica de una revolución. De ello da cuenta una variedad de experiencias suscitadas en el transcurso de la historia humana, olvidando, en muchos casos, lo que determinara el Che Guevara respecto a que “para la Revolución se necesita pasión y audacia en gran dosis”. Pasión y audacia que contribuyan, cuando están guiadas por ideales firmemente establecidos, en hacer realidad la evolución y la consolidación -en gran medida, de manera sostenida- de los propósitos democráticos e igualitarios enarbolados.

Ambos elementos son, por tanto, harto necesarios para que tenga lugar una transformación estructural real del Estado, en un primer y decisivo momento, y posteriormente, el establecimiento de unos nuevos paradigmas sociales y políticos que den nacimiento, a su vez, a una conciencia y a una conducta que resulten efectivamente revolucionarias y nuevas. Ello no sucederá producto del voluntarismo y del pragmatismo, como alguna gente aún lo sigue creyendo, confiando en que esto será suficiente para la conformación de un bloque histórico, integrado básicamente por los sectores populares y que tenga por objetivo, en consecuencia, el reemplazo radical del modelo civilizatorio imperante. Se obvia -por interés o simple ignorancia- la cotidianidad creada entre las clases subordinadas por siglos de alienación, aculturación y dependencia inducida, la cual configura, por así decirlo, el primer elemento conspirativo contra todo cambio revolucionario que se pretenda al responder a la ideología de los sectores dominantes tradicionales.

Por consiguiente, la socialización del poder político entraña conquistar también la democracia en el orden económico. Sin ella, sería trunca la emancipación de los sectores populares. Mientras se viva esta transición entre el viejo modelo de Estado y de sociedad y aquel que lo reemplazará de forma definitiva, será preciso combinar la coacción y el consenso a favor de los intereses, las aspiraciones y las necesidades de las grandes mayorías, sin que esto suponga el aniquilamiento o la restricción de las libertades individuales, ya que instituiría la negación del carácter emancipatorio de cualquier proceso de transformación realmente democrático. 
 
De esta forma, la influencia y los intereses populares prevalecerán tanto en lo que atañe al funcionamiento estricto de las diferentes instituciones del Estado que surjan (o se reformen) como en lo que atañe al régimen de propiedad y de producción capitalista se refiere. Algo que no se puede, ni se debe, acometer por separado, del mismo modo como ocurre en la actualidad bajo la hegemonía de los sectores oligárquicos. Es, pues, lógico e inevitable que toda transformación estructural (o radical, como algunos lo prefieren) deba manifestarse en el orden político y en lo económico, sin dejar de lado lo social y lo cultural, alterando -en este último caso- su vigencia, dada su función (o efectos) de disciplinamiento y adoctrinamiento colectivos que se expresa, generalmente, a favor de las clases dominantes.

Como lo resume Javier Biardeau en su escrito “Democracia socialista o socialismo burocrático”, publicado en 2010, “pensar la revolución implica revolucionar el pensamiento desde nuevas hipótesis estratégicas, apertura a lo intempestivo en el pensamiento, desorden instituyente contra las falsas seguridades, en fin ruptura de dogmas sacrosantos, de creencias ciegamente establecidas. Se trata de ideas revolucionarias, no de creencias revolucionarias. La revolución no avanza desde un marxismo religioso sino desde la demolición de viejas estructuras y construcción de nuevos espacios de liberación.” Semejante ruptura no debe ser condicionada ni acomodada por una minoría, aun cuando ella se muestre como representante del pueblo.

En momentos en que las demandas sociales exceden la capacidad de respuestas por parte del Estado, el esfuerzo creativo, instituyente y constituyente (o soberano) de las personas (colectiva e individualmente) deben orientarse a la búsqueda de caminos propios en materia de organización política y de eficacia social. Tiene que recurrirse, por ejemplo, a lo predicado durante más de diez años en Venezuela en relación con el papel determinante que debe cumplir el poder popular organizado para profundizar el ejercicio de la democracia participativa y producir, en consecuencia, los cambios revolucionarios todavía pendientes; cuestión que exige, además, adjudicarse el compromiso con un proyecto creíble de país y una claridad política para llegar a comprender que se impone la obligación de trascender cuanto antes, gústenos o no, el marco de civilización predominante.



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Homar Garcés


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