"… No pasó nada. Porque no podía pasar. Porque la historia, cuando quiere ser irónica, siempre se repite como comedia que se toma en serio".
José Luis Farías. El Nacional
La historia petrolera de Venezuela es, en esencia, la historia de su soberanía. Un pulso constante entre la renta fácil que emana del subsuelo y la construcción política de una nación que intente, no siempre con éxito, domeñar ese poder para fines colectivos. La actual iniciativa de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, planteada en un contexto de profunda crisis estructural de la industria y del país, no es un mero ajuste técnico. Representa, desde una perspectiva crítica e histórica, una peligrosa ruptura con los principios de soberanía nacional, renta justa y control público sobre los recursos no renovables que, con altibajos y contradicciones, se fueron codificando a lo largo del siglo XX y culminaron en el marco constitucional y legal de la temprana centuria actual.
Para entender la magnitud de este retroceso, es necesario remontarse no solo a los textos legales, sino a las advertencias técnicas y económicas de pensadores venezolanos que, desde la sombra del optimismo oficial, previeron los riesgos de confundir deseos con realidades geológicas y mercados. La afirmación de Francisco Potellá sobre la "Faja Petrolífera del Orinoco" (no es reserva petrolera en el sentido estricto, comercial y económico, sino un "recursos técnicamente recuperables" con una "inmensa acumulación de materia orgánica putrefacta que no tendrán ninguna aplicación económica") es la piedra angular de un contraargumento que desnuda la falacia de basar reformas legislativas en la ilusión de "una abundancia infinita y barata".
Esta reforma, lejos de rectificar los errores que llevaron al colapso productivo, los consagra y profundiza, sacrificando la soberanía en el altar de una necesidad inmediata de inversión externa, sin las salvaguardas que desde Juan Pablo Pérez Alfonzo hasta la Constitución de 1999 se consideraron inviolables.
El petróleo venezolano nació bajo el signo de la concesión. Un régimen por el cual el Estado, débil y rural, entregaba vastos territorios a compañías internacionales a cambio de regalías risibles, sin control alguno sobre la producción, los precios o el destino de los hidrocarburos. La lucha por una mayor participación fiscal, iniciada con la ley de 1943, y luego la emblemática nacionalización de 1976, fueron hitos en la lenta y compleja construcción de esa soberanía. Sin embargo, como analizaron tempranamente pensadores como Domingo Alberto Rangel, la nacionalización, aunque un acto de soberanía política innegable, creó una empresa estatal (PDVSA) que, en sus élites técnicas, internalizó la lógica de las corporaciones multinacionales a las que suplantó.
La "soberanía administrativa" no siempre coincidió con una soberanía al servicio de un proyecto nacional de desarrollo integral. La apertura petrolera de los años 90, con las llamadas "asociaciones estratégicas" y "ganancias compartidas", fue un punto de quiebre. Para Francisco Mieres y Gastón Parra Luzardo, este proceso, aunque incrementó la producción a corto plazo, significó una reprivatización encubierta y una pérdida de control efectivo por parte del Estado. Las empresas operadoras, con mayor participación accionaria y poder de decisión, repatriaban grandes utilidades mientras el fisco recibía una fracción menor que durante el periodo de la industria nacionalizada plenamente. Fue contra este modelo de desnacionalización fáctica que se gestó, a finales de los 90 y principios de los 2000, una reacción política y jurídica.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 es, en materia petrolera, un documento de una claridad meridiana y una ambición soberanista radical. Su artículo 302 establece que "El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, la industria y el comercio de los hidrocarburos…". No deja espacio a la ambigüedad: es el Estado, y solo el Estado, quien puede ejercer la industria. El artículo 303 es aún más contundente: "Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A. o del ente creado para el manejo de la industria petrolera…". La totalidad.
Esta no era una mera declaración retórica; era el mandato directo para revertir el proceso de apertura y restaurar el control público integral. Este mandato constitucional encontró su instrumento en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006, una norma que, con sus defectos, buscó alinear la operación de la industria con el texto fundamental. La LOH de 2006 eliminó los regímenes de asociación que otorgaban participación accionaria a privados, estableciendo que PDVSA debía tener una participación no menor al 60% en todas las empresas mixtas, y que estas debían estar controladas por el Estado venezolano.
Además, elevó significativamente la carga fiscal, estableciendo una regalía del 33,3% y un impuesto sobre la renta del 50%, buscando maximizar la captación de renta para el fisco nacional. Esta ley fue la expresión jurídica de un proyecto político que, al menos en el discurso, ponía la soberanía petrolera por encima de la mera atracción de capitales.
Sin embargo, la implementación de esta ley chocó frontalmente con realidades geológicas, económicas y de gestión que pensadores como Potellá y el propio Pérez Alfonzo (con su advertencia profética de "sembrar el petróleo" para evitar que se convirtiera en el "excremento del diablo") habían señalado. La apuesta central del gobierno fue la Faja Petrolífera del Orinoco.
Se declararon allí "reservas probadas" que catapultaron a Venezuela al primer lugar mundial en volumen de crudo, superando a Arabia Saudita. Pero aquí es donde la crítica técnica de Potellá resulta crucial. La clasificación de reservas petroleras es un rigor científico y de Wall Street, no un acto político. Las "reservas probadas" son aquellos volúmenes de petróleo que, con un alto grado de certeza (generalmente 90%), pueden ser recuperados económicamente bajo las condiciones técnicas y económicas actuales.
La Faja, en cambio, contiene bitumen extra pesado y crudos pesados, cuya extracción y mejora requieren tecnologías complejas, enormes inversiones en infraestructura (plantas de mejoramiento, diluyentes, energía) y costos operativos muy superiores a los del crudo convencional. Lo que la nación declaró como "reservas" son, en la terminología técnica correcta, "recursos técnicamente recuperables". Es decir, existe el petróleo en el subsuelo y hay "tecnología para extraerlo", pero hacerlo de forma rentable (que genere un margen de utilidad después de cubrir todos los costos de producción, mejoramiento, transporte y fiscalidad) es un desafío monumental, dependiente de un precio internacional sostenido por encima de un umbral muy alto. Peor aún, como sostiene Potellá, una parte significativa de esos recursos, por su ubicación, calidad y costo de extracción, carece de viabilidad económica en cualquier horizonte previsible. Basar la planificación económica y la legislación de un país en la ilusión de que ese petróleo es "riqueza disponible" fue el primer error catastrófico.
El segundo error fue la gestión de PDVSA. La empresa, después de la crisis política de 2002-2003, fue sometida a una feroz politización. Se privilegió la lealtad sobre la competencia, se desmantelaron equipos técnicos, y los ingresos petroleros fueron desviados masivamente hacia fondos extra-presupuestarios (el FONDEN) y programas sociales, en detrimento de la reinversión en mantenimiento, exploración y modernización. La industria que debía operar las complejas empresas mixtas de la Faja se quedó sin capital, sin repuestos, sin capacidades de ejecución de proyectos mayores. La producción de crudo convencional, la verdadera gallina de los huevos de oro que sostenía al país, entró en un declive acelerado por la falta de inyección de agua, gas y mantenimiento de pozos. La de la Faja nunca alcanzó los niveles proyectados.
Para 2014, cuando los precios del petróleo comenzaron a colapsar, Venezuela ya tenía una industria en estado crítico. Las sanciones económicas internacionales posteriores aceleraron la debacle, pero no la causaron. La causa fue la combinación de una ilusión geológica (confundir recursos con reservas) con una gestión predatoria y cortoplacista de la empresa estatal. La LOH de 2006, pensada para un contexto de alta rentabilidad y un Estado fuerte operando mediante una PDVSA eficiente, quedó como un cascarón vacío. La soberanía, entendida solo como propiedad legal, se demostró inútil sin las capacidades técnicas, financieras y gerenciales para ejercerla.
Es en este contexto de colapso (producción por debajo de 500.000 barriles diarios, PDVSA técnicamente quebrada, el país en emergencia compleja) se plantea la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Su justificación oficial es atraer capitales e inversiones para "reactivar" la industria. Sin embargo, un análisis crítico revela que no es una reactivación, sino una capitulación. La reforma propuesta, según las discusiones públicas y los anteproyectos filtrados, pretende eliminar las rigideces de la ley de 2006 para ofrecer condiciones más flexibles y "competitivas" a los inversores.
Esto implica, potencialmente: reducir la participación accionaria obligatoria de PDVSA por debajo del 60%, incluso hasta niveles simbólicos; otorgar a los privados el control operativo de los proyectos (revertiendo el mandato de control estatal); reducir la carga fiscal (regalía e impuesto sobre la renta) para hacer más atractivos los márgenes de utilidad; y ofrecer nuevos esquemas contractuales que se asemejen peligrosamente a las concesiones o a los servicios de riesgo compartido con pago en especie, modelos que la Constitución y la ley de 2006 buscaron superar.
En resumen, para atraer capital a unos yacimientos que, como dijo Potellá, tienen una dudosa viabilidad económica, el Estado está dispuesto a regalar lo único que le queda: el título de propiedad y el control soberano.
Este es el desmantelamiento constitucional. El artículo 303, que ordena conservar "la totalidad de las acciones" de PDVSA, se viola si se reduce su participación a una minoría o a un socio silente. El artículo 302, que reserva la industria al Estado, se vacía de contenido si el control operativo, técnico y comercial queda en manos de corporaciones transnacionales. La reforma no es una adaptación a nuevas realidades; es la rendición ante la constatación de que el Estado venezolano, en su condición actual, es incapaz de ejercer la soberanía petrolera que proclamó.
Pero en lugar de iniciar un proceso de reconstrucción nacional de capacidades –una tarea de décadas–, opta por el atajo de delegarla nuevamente en actores externos, en condiciones aún más desventajosas que las de la apertura de los 90, porque se parte de una posición de extrema debilidad. La nación, en su desesperación, está a punto de trocar su patrimonio por espejitos. Los argumentos de Mieres y Parra Luzardo sobre la pérdida de control en los 90 cobran una vigencia aterradora: lo que se perdió parcialmente entonces, se perdería completamente ahora.
El contraargumento histórico, entonces, se sostiene en tres pilares:
Primero, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales superficiales y del subsuelo venezolano, elevado a rango constitucional supremo, no son negociables. Una reforma que lo diluya es ilegítima en su base misma.
Segundo, la experiencia demuestra que la entrega del control operativo y accionario a privados no garantiza el desarrollo nacional, sino la repatriación de utilidades y la dependencia tecnológica perpetua, especialmente cuando los términos son dictados por la necesidad.
Tercero, y esto es lo más importante, la premisa técnica sobre la que se basa la necesidad de la reforma es falsa. La Faja del Orinoco no es una "gran reserva" de fácil explotación que espera inversiones. Es un recurso complejo y costoso.
Atraer capital para explotarlo en las condiciones actuales del mercado y de Venezuela solo será posible si se ofrecen términos leoninos que traspasen casi toda la renta potencial al inversionista, dejando al país con migajas y, lo que es peor, con el pasivo ambiental y social de la explotación. Pérez Alfonzo alertaba sobre el derroche de la renta; hoy el riesgo es no obtener ni siquiera renta, solo un espejismo de producción que oculte un nuevo y profundo ciclo de desposesión.
La defensa de la Ley de Hidrocarburos de 2006, con todas sus limitaciones, no es una defensa nostálgica de un texto legal fallido. Es la defensa del principio constitucional que la inspiró: el Estado venezolano como único dueño y rector de su industria petrolera. La solución a la crisis no está en derogar ese principio, sino en enfrentar con honestidad las razones de su fracaso en la práctica: la ilusión de la abundancia infinita y la mala gestión. Reformar la ley para abrir la puerta a una nueva época de concesiones disfrazadas es repetir los errores del pasado, pero desde un abismo mucho más profundo.
La verdadera reforma necesaria no es de la ley de hidrocarburos, sino de la gestión del Estado y de PDVSA. Es reconstruir instituciones, profesionalizar la industria, auditar las deudas y los contratos existentes, y elaborar un plan realista –no basado en ilusiones– sobre qué parte de los recursos de la Faja pueden realmente convertirse en reservas comerciales, y bajo qué esquema de asociación (estrictamente dentro del marco constitucional) se podría desarrollar, asegurando siempre el control nacional y una renta justa.
Mientras no se haga eso, cualquier reforma legal será solo el marco jurídico para la entrega final de lo que queda de la soberanía petrolera venezolana, aquella por la que lucharon, desde perspectivas a veces encontradas pero con un norte común, todos los investigadores citados:
"Mieres, Parra Luzardo, Pérez Alfonzo, Rangel y Potellá. Su legado no es un texto legal específico, sino la idea férrea que el petróleo debe ser un instrumento de la nación, no su verdugo ni la moneda de cambio de su claudicación. La actual reforma, en su esencia, condena al país a su "Último Destino" y Manifiesto".
Tribuna Popular
