Hay países que pierden sus recursos por falta de reservas. Venezuela corre un peligro distinto, perderlos por exceso de codicia ajena y por debilidad propia, por grietas legales, por improvisación política, por “urgencias” presentadas como inevitables y por la tentación de firmar cualquier cosa a cambio de oxígeno inmediato. En ese escenario, el petróleo deja de ser proyecto nacional y se convierte en botín: una piñata. Y cuando una piñata se rompe, los que recogen más no suelen ser los niños del barrio, sino los invitados con mejores bolsillos.
En estas semanas, el tema dejó de ser una discusión abstracta sobre soberanía energética y pasó a la crudeza de los titulares. Medios internacionales han reportado un giro de Washington hacia un esquema de licencias más amplias para operaciones petroleras y un paquete de inversiones y “reconstrucción” condicionado a reformas, con una narrativa que, según esas fuentes, coloca el petróleo venezolano en el centro del tablero. En paralelo, organizaciones de vigilancia y análisis han denunciado que el lenguaje público de la Casa Blanca y de actores privados normaliza la idea de “administrar” o “asegurar” ingresos petroleros venezolanos bajo objetivos de política exterior estadounidense. ¿Por eso hay alrededor de 27 agencias de Inteligencias extranjeras en el operando desde algún tiempo atrás? A saber qué es lo que buscan.
No se trata aquí de alimentar pánico, sino de activar defensas jurídicas, institucionales y ciudadanas. Porque si Venezuela no pone reglas claras y mecanismos verificables, la “piñata petrolera” terminará siendo una ironía cruel, se invocará la soberanía para justificar acuerdos opacos, o se invocará la “apertura” para justificar entregar renta y control. En ambos casos, el país pierde. Tampoco veo, y nadie se ha manifestado que en esas mesas de discusiones/negociaciones se hable del Esequibo, ósea que los EEUU reconozcan y obliguen a Guyana, a Inglaterra y al mundo en general, a firmar y reconocer la soberanía plena de Venezuela sobre el Esequibo y las aguas adyacentes, sean marítimas y fluviales. Obligar a Guyana a su nueva realidad territorial es un tema que hay que poner en esa mesa.
El punto de partida. La soberanía no es un slogan, es un candado legal. La Constitución venezolana no es ambigua respecto a la propiedad y al carácter estratégico de los recursos. Por ejemplo, en el artículo 12, dice: los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público inalienables e imprescriptibles. También en el artículo 302 establece: el Estado se reserva la actividad petrolera y otras industrias estratégicas por conveniencia nacional, mediante ley orgánica. Por otra parte, en el artículo 303 recalca: por razones de soberanía económica y estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de PDVSA (o del ente que la sustituya).
Esto no es retórica, es un marco de defensa. La palabra clave es “reserva”, el diseño constitucional apunta a que el corazón del negocio, la renta, el control y la conducción, no sea una mercancía de coyuntura. En minería, el régimen histórico también ha reiterado el dominio público sobre los yacimientos. La Ley de Minas, en su formulación clásica, declara que las minas o yacimientos pertenecen a la República y son bienes del dominio público, y ordena inventarios y planes de racional aprovechamiento. Si esto existe, entonces, ¿dónde nace el riesgo? Creo, que en tres zonas conceptuales. Sin ambigüedades, primero: en la interpretaciones “creativas” de la reserva estatal; segundo, en contratos y figuras híbridas donde el control real se traslada, aunque el papel diga otra cosa; tercero, en la opacidad, cuando no hay trazabilidad pública, auditoría y control parlamentario o ciudadano, el país se entera tarde… o nunca. Y por eso anda por allí, un Rafael Ramírez a sus anchas campas sin ataduras, Tarek El Aisssami preso, y los otros destituidos por sus malos manejos. ¿Auditoría y control de qué? Duele conocer estos ejemplos en la 5ta. República, ni que hablar de la 4ta.
La piñata, cuando la urgencia se vuelve excusa y la excusa se vuelve doctrina. En política de recursos, la frase más peligrosa es: “no hay alternativa”. Esa frase abre la puerta a privatizaciones de facto, a concesiones con ventajas desproporcionadas, a arbitrajes internacionales lesivos, a captura regulatoria (el regulado termina mandando al regulador), y a una “reconstrucción” que se cobra con décadas de renta futura.
En estos días se habla de “reformas” para atraer inversión, aumentar producción y estabilizar ingresos. El problema no es negociar ni atraer capital, el problema es negociar mal y, peor aún, negociar sin país. En la prensa internacional se ha reportado que una reforma petrolera en Venezuela ha generado una avalancha de enmiendas y críticas, con advertencias de contradicciones legales y señalamientos de posible inconstitucionalidad. Esa sola palabra —inconstitucionalidad— debería encender todas las alarmas, porque si se empuja un modelo que choca con el texto constitucional, el resultado es doblemente tóxico, se pierdes soberanía y además se siembras litigios.
La presión externa, cuando el “interés energético” se disfraza de “bien común”. Que un país poderoso busque ventajas sobre recursos estratégicos de otro no es novedad histórica. Lo que cambia es el método, las sanciones, las licencias, los condicionamientos, los paquetes de inversión, “protección” de ingresos, las reformas a la medida y, en el extremo, la intervención. Espero que no se pase de PDVSA a PDUSA.
Hay análisis en centros internacionales que señalan de manera explícita cómo ciertos discursos políticos han vinculado la operación sobre Venezuela con el petróleo, incluso con afirmaciones públicas sobre mantener presencia en lo que respecta al petróleo y sobre financiar operaciones con venta de crudo. Y organizaciones de vigilancia han criticado declaraciones y políticas que, según su lectura, empujan una extracción de renta y un control indirecto de ingresos petroleros.
Adicionalmente, una carta pública de legisladores en EE. UU. dirigida a ejecutivos petroleros afirma que el presidente Trump colocó a compañías estadounidenses “en el centro” de sus intervenciones en Venezuela y cita expresiones atribuidas al presidente sobre que las petroleras “irían” a “sacar dinero”. Mas claro no canta un Gallo, y este gallo es loco, ambicioso, tiene poder y a un gobierno con sus armas para acometer sus planes. Bueno, el secuestro de nuestro presidente lo dejo bien claro. ¿Y el mundo qué hizo? ¡Nada! ¿Y el país que hará? Estos elementos, sean defendidos o criticados por distintas voces, describen un mismo riesgo. La normalización de que el petróleo venezolano sea un instrumento de política exterior ajena, y no una palanca de desarrollo soberano no vislumbra nada bueno ni despeja un camino claro ni seguro para el futuro. Aqui3 prima la inteligencia, la capacidad de negociación manteniendo el interés nacional sobre todas las cosas, y eso no es nada fácil contra un gobierno avasallador, déspota, terrorista e invasor, además de conducta imperial, con hambre y sed de petróleo.
La Autodeterminación no es aislarse, es decidir sin ser chantajeados. Aquí hay una trampa conceptual, algunos creen que soberanía equivale a cerrar puertas; otros creen que apertura equivale a regalar llaves. Ambos extremos son malos. La autodeterminación moderna es más simple y más dura. Negociar sí, pero con reglas, con controles, con transparencia y con beneficios medibles para el país. Y aquí se debe incluir al Esequibo, transferencia de tecnología, transferencias de parques industriales, cierre de fronteras y más regulaciones en materia migratoria, aunque esto duela mucho hacerlo y decirlo. Pero el país debe cerrar sus fronteras ante una migración pobre en todo el estricto sentido de la palabra. Debe ser una migración selectiva.
Volviendo al tema energético, en hidrocarburos, la Ley Orgánica de Hidrocarburos define el marco jurídico de actividades como exploración, producción, refinación, transporte y comercialización. Ese “marco” no debería ser un papel ornamental, debe ser la línea roja. En minería, el marco legal también reconoce el interés público y el dominio estatal, y exige planificación e inventarios. Es decir, el país no está desnudo legalmente; lo que falta es aplicar candados.
Por otra parte, están, los “buitres corporativos”: y cómo opera la expoliación en el siglo XXI. La expoliación moderna rara vez llega como saqueo a mano armada. Pero en Venezuela post-Maduro ha llegado con secuestro, bombardeo, amenaza, imposición y sumisión por los cuatro vientos. También puede estar llegando como contrato asimétrico: “invierto ahora” a cambio de quedarse con la tajada grande por décadas. Asimismo, apunta a cláusulas de estabilización ¿congelarían la capacidad del Estado de cambiar reglas, impuestos o regalías? También como arbitraje internacional: convierte una disputa soberana en un litigio costoso donde el país casi siempre negocia con desventaja. Por otra parte, llegaría como opacidad: contratos confidenciales, anexos ocultos, empresas intermediarias, cadenas de suministro sin auditoría. Y, por último, como licencias y sanciones como palanca: “si firmas, te alivio; si no, te asfixio”. Y de eso hay ejemplos palpables, hay que decirlo con dolor.
Cuando se combinan estas piezas, el resultado es lo que aquí llamamos la piñata: el recurso queda, sí, pero la renta se va; el país produce más, sí, pero gana menos; llegan equipos, sí, pero se captura el mando. ¿Hermes o el hermetismo?
Chávez y la ironía, cuando la defensa de la soberanía se vuelve decorado. Hugo Chávez convirtió el tema petrolero en un eje identitario, soberanía, control estatal, OPEP, renta para políticas públicas. Más allá de simpatías o críticas, ese “postulado” dejó una huella, Venezuela se mira a sí misma como país cuya independencia se juega en el subsuelo. La ironía sería que, en nombre de “salvar” la industria, se termine vendiendo su alma. Sería el sarcasmo máximo, defender la soberanía en discursos mientras se desmontan los candados en contratos. Que el pueblo escuche “patria” y vea “concesión”. Que se invoque el antiimperialismo y se firme, en letras pequeñas, una dependencia más sofisticada.
Ante esta realidad, por muy imaginativa que la hagamos, nos preocupa y a la misma vez nos preguntamos ¿Qué políticas concretas deberían exigirse para evitar la expoliación? Aquí van medidas prácticas, no consignas, para una política de control, autodeterminación y soberanía: 1) Transparencia radical del sector extractivo; 2) Publicación de contratos, anexos y beneficiarios finales, quiénes son los verdaderos dueños; 3) Registro público de pagos: regalías, impuestos, bonos, aportes sociales; 4) Auditoría independiente y periódica de volúmenes, costos y precios de transferencia. De esto sé, nací y viví en un campo petrolero, hablo con propiedad. Hay que crear una pantalla cronometro donde se puede ver segundo a segundo, diariamente cuanto ingresa a las arcas del Estado y quienes las aportan. Bueno hablamos de democracia y transparencia, de participación y protagonismo, de comunas, consejos, y agregaría lealtad y patriotismo con una fuerte dosis de anticorrupción.
En consecuencia, los candados constitucionales y revisión de constitucionalidad nos obligan a velar que, cualquier reforma o contrato que toque el “corazón” del sector debe alinearse con los artículos 12, 302 y 303, y sus mecanismo claro de revisión legal previa para evitar “hechos consumados”.
En tanto, sobre la política anti-captura regulatoria, debemos estar atentos a puertas giratorias reguladas: evitar que quienes negocian pasen de inmediato a empresas beneficiadas. Declarar los conflictos de interés. Hacer un fortalecimiento técnico del regulador, sin depender de consultores pagados por los mismos interesados, el Estado venezolano cuenta con las instituciones y los organismos nacionales para realizar esas labores. También ver con ojo críticos los modelos o el modelo de inversión con “beneficio verificable”. No basta decir “llegará inversión”. Debe estar escrito y medible: en porcentaje mínimo de compras nacionales, en transferencia tecnológica real, en formación de personal, en el cronograma de recuperación de infraestructura, y en las metas de remediación ambiental. En ese orden de ideas, está la Defensa ambiental y territorial, la expoliación no es solo fiscal: es ecológica. Sin reglas ambientales, la minería y el petróleo dejan pasivos que paga la gente. La política debe incluir remediación, monitoreo y sanciones. En lo territorial está el Esequibo, asunto que hay que poner en la mesa de negociones y discusiones como requisitos “conditio sine qua non”. Una advertencia final al pueblo y al dirigencia, sea esta opositora también: la soberanía se pierde por agotamiento. La población se cansa de la crisis, de la escasez, de la incertidumbre. Y ese cansancio es el terreno perfecto para que llegue el “salvador” con un paquete listo: “Déjenos entrar, poner orden, invertir, producir… y luego vemos.”
El país no puede firmar su futuro con la mano temblorosa del hambre. Porque cuando la necesidad manda, el contrato suele salir caro. Y cuando la piñata se rompe, el pueblo mira el suelo vacío mientras otros se llevan los dulces con anticipación. Asagua, por ejemplo, me recuerdo eso, mucho pero mucho. Les dejo una consigna o lema. “Ni piñata ni botín: recursos de Venezuela para el pueblo, no para los buitres corporativos.”
De un venezolano, hijo de la Patria del Libertador Simon Bolivar.
