“El petróleo es un arma geopolítica y estos imbéciles que nos gobiernan no se dan cuenta del poder de un país que produce petróleo”. Hugo Chávez. 1997.
El análisis histórico comparado entre la salida del poder de Cipriano Castro en 1908 y los escenarios de presión extrema sobre el gobierno de Nicolás Maduro en el siglo XXI revela no una semejanza exacta, sino un patrón recurrente de vulnerabilidad política venezolana ante la injerencia y los intereses de potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos, donde los mecanismos de acción se reconfiguran en el contexto internacional.
Primero, Cipriano Castro, ocurre en un contexto de formación del Estado-Nación y de aplicación agresiva del Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe.
La salida de Castro se produjo en diciembre de 1908, cuando el presidente, afectado por graves problemas de salud, viajó a Europa para tratamiento médico, dejando el poder en manos de su vicepresidente y compadre, Juan Vicente Gómez. Aprovechando la ausencia, Gómez dio un golpe de Estado, consolidándose en el poder e impidiendo el retorno de Castro. La historiografía, Carrera Damas, coincide en que si bien Estados Unidos no ejecutó materialmente el golpe, sí lo facilitó y celebró. Washington mantenía con Castro un conflicto agudo debido a la negativa de este a pagar la deuda externa y por incidentes diplomáticos (el caso de la “Orquídea” y el “Ban Righ”), que llevaron a un bloqueo naval y al rompimiento de relaciones en 1908.
La administración de Theodore Roosevelt vio en Castro un obstáculo para sus intereses económicos y geopolíticos en el Caribe. Al tomar el poder, Gómez restableció inmediatamente relaciones con Washington y otorgó concesiones petroleras, iniciando una larga dictadura funcional a los intereses norteamericanos. Por tanto, el patrón aquí es el de un golpe interno (Gómez), pero incubado y posteriormente legitimado por una presión externa activa (de EE.UU.), que buscaba un cambio de gobierno favorable a sus intereses, utilizando como herramientas la coerción diplomática, la presión financiera y la amenaza militar.
Segundo, referente a la extracción y enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro, descrito en el planteamiento, corresponde a una situación proyectada que sintetiza varias acciones reales de presión del gobierno estadounidense, especialmente durante la administración Trump (2017-2021). No ha ocurrido un golpe de Estado clásico que coloque a la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el poder con reconocimiento estadounidense.
Sin embargo, los elementos descritos son una amalgama de medidas reales: Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas extremas, ha reconocido a un “presidente interino alterno” (Juan Guaidó en 2019), ha ofrecido una multimillonaria recompensa por información que lleve a la captura y para condenar a Maduro por cargos de narcoterrorismo, y ha elaborado planes de transición que contemplan su salida. La “deducción de un golpe de estado” se infiere de la estrategia de “cambio de régimen” abiertamente declarada, que combina presión económica asfixiante, aislamiento diplomático y apoyo explícito a un liderazgo opositor, buscando crear las condiciones para una ruptura institucional interna que remplace a Maduro por una figura afín a Washington.
La vicepresidenta Rodríguez, en esta hipótesis, representaría a un sector del chavismo dispuesto a una transacción geopolítica. Este escenario, aunque no consumado, ilustra la evolución de los mecanismos de injerencia: ya no se depende únicamente de aprovechar la iniciativa de un caudillo interno como Gómez, sino que se ejecuta una política integral de coerción multidimensional (económica, jurídica, diplomática, mediática) para forzar una fractura desde dentro del propio gobierno.
Las posibles semejanzas entre ambos escenarios, separados por más de un siglo, son profundas y señalan elementos estructurales que se sostienen y se adaptan. El elemento central es la continuidad del interés estratégico y económico de Estados Unidos en Venezuela, inicialmente por su posición geográfica y deudas, luego por su condición de principal potencia petrolera. En ambos casos, Washington identifica a un gobierno como hostil a sus intereses (Castro por su nacionalismo confrontativo; Maduro por su alineación con rivales geopolíticos y su modelo supuesto de “socialismo del siglo XXI”) y actúa para removerlo.
La herramienta común es el uso de la coerción económica como arma política: el bloqueo de puertos en 1902-1903 y el embargo financiero y petrolero del siglo XXI buscan estrangular la economía para generar malestar y desestabilización interna. Otro elemento persistente es la judicialización o criminalización del presidente adversario: a Castro se le acusaba de violar el derecho internacional y no honrar deudas; a Maduro se le acusa formalmente en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York estadounidenses para la lectura de los cargos que les imputan de delitos transnacionales. Esto proporciona una narrativa de legitimidad para la acción, enmarcándola no como injerencia, sino como defensa de la ley o la seguridad.
Sin embargo, las diferencias son cruciales y muestran la reconfiguración de los elementos. El contexto internacional ha cambiado radicalmente: en 1908, EE.UU. actuaba como potencia hemisférica emergente imponiendo su voluntad unilateralmente; en el siglo XXI, aunque conserva una poderosa capacidad unilateral, debe operar en un mundo multipolar donde actores como Rusia, China e Irán brindan apoyo al gobierno venezolano, complicando enormemente el escenario. El mecanismo de cambio también difiere: en el caso de Castro, fue un golpe palaciego tradicional, ejecutado por el sucesor constitucional.
En el caso de Maduro, la estrategia ha sido promover, hasta ahora sin éxito, una ruptura dentro de las Fuerzas Armadas o una insurrección cívico-militar, apuntalada desde fuera. No hay un “Gómez” evidente, sino una expectativa de que la presión genere uno. Finalmente, la resistencia y capacidad de maniobra del gobierno objetivo son distintas. Castro, aislado y enfermo en el extranjero, no pudo oponer resistencia. Maduro, a pesar de la crisis provocada y agravada por las sanciones y el sistema económico sostenido gravemente por el gobierno llegando a la crisis, ha mantenido el control de las instituciones clave, especialmente los militares, y ha utilizado el discurso del soberanismo y el antiimperialismo, asumido del “chavismo”, para galvanizar una base de apoyo y buscar alianzas internacionales alternativas.
En conclusión, el análisis comparativo revela un patrón persistente de injerencia externa de Estados Unidos en los asuntos políticos venezolanos cuando percibe una amenaza a sus intereses, utilizando la coerción económica y la deslegitimación como herramientas constantes. Lo que cambia, del siglo XX al XXI, es la forma y complejidad de la intervención: de la espera oportunista para respaldar un golpe interno, a una estrategia holística y declarada de “cambio de régimen” que busca crear las condiciones para una implosión controlada del Estado.
La semejanza fundamental radica en la consideración de Venezuela como un espacio de interés vital sujeto a la corrección política por parte de Washington cuando sus gobiernos se desvían de la órbita de influencia aceptable. El escenario hipotético de la extracción de Maduro y una presidencia de Delcy Rodríguez cordial con EE.UU. sería la manifestación contemporánea, más compleja y jurídica, del mismo principio geopolítico que facilitó el ascenso de Juan Vicente Gómez: la voluntad de remodelar el liderazgo venezolano para garantizar la alineación con los intereses hegemónicos.
Referencias Bibliográficas:
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