El 29 de enero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en tiempo récord una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que desmonta casi un siglo de política petrolera nacional.

Bajo el eufemismo de "ajustes técnicos" necesarios y "flexibilización" para atraer inversión, se ha habilitado la mayor transferencia de riqueza y soberanía en la historia de Venezuela, ejecutada sin debate público, sin consulta, sin siquiera el tiempo necesario para que el país comprendiera lo que estaba perdiendo.

En este texto tratamos de responder: ¿qué perdimos exactamente y por qué eso hipoteca nuestro futuro?

I. Lo que perdimos

1. El piso de las regalías

Antes: La ley establecía un mínimo obligatorio del 30%. Venezuela, como dueña del petróleo, tenía garantizado recibir al menos esa proporción de cada barril extraído, sin importar los costos que declarara el operador.

Ahora: No hay piso. El artículo 51 establece regalías "de hasta treinta por ciento", pero el Ejecutivo puede fijar el porcentaje que quiera según "la economicidad del proyecto" y "la necesidad de asegurar la competitividad internacional".

Lo que significa: En la práctica, las regalías pueden ser de 1%, como en los peores convenios operativos de la apertura de los años 90. El argumento de "economicidad", que ya se ha visto que una empresa puede fabricar inflando costos, se convierte en la llave para vaciar el derecho del propietario.

2. El impuesto de extracción

Antes: Existía un impuesto que gravaba la actividad extractiva independientemente de las ganancias declaradas.

Ahora: Eliminado. Se reemplaza por un "impuesto integrado" de hasta 15% sobre ingresos brutos, pero, también, reducible a discreción del Ejecutivo.

Lo que significa: Desaparece un mecanismo que garantizaba ingresos fiscales incluso cuando las empresas declaraban pérdidas o utilidades mínimas.

3. El impuesto a precios extraordinarios

Antes: Cuando el petróleo subía a niveles excepcionales, el Estado capturaba una porción mayor de esa ganancia extraordinaria. Era lógico: si el precio sube por factores externos (guerras, crisis, especulación), el beneficio adicional debía ir al dueño del recurso, no al operador.

Ahora: Derogado. Si el petróleo sube a $150 o $200, las transnacionales se quedan con la diferencia.

Lo que significa: Venezuela renuncia a beneficiarse de las bonanzas petroleras futuras. El techo de ganancias de las empresas desaparece; el piso de ingresos del Estado también.

4. La tasa obligatoria del ISLR petrolero

Antes: El Impuesto Sobre la Renta para actividades petroleras era del 50%, significativamente mayor que para otras actividades, reconociendo la naturaleza estratégica del recurso.

Ahora: Reducible a discreción del Ejecutivo según los mismos criterios vagos de "economicidad" y "competitividad" (Art. 58).

Lo que significa: El régimen fiscal especial para hidrocarburos, justificado por décadas porque el petróleo es un bien público no renovable, queda equiparado o peor que cualquier actividad comercial ordinaria.

5. La reserva estatal de actividades primarias

Antes: El artículo 302 de la Constitución y el artículo 9 de la LOH reservaban al Estado las actividades de exploración, extracción y producción de petróleo.

Ahora: Los artículos 23, 36 y 40 permiten que empresas privadas realicen todas las actividades primarias, con "gestión integral", comercialización directa y cuentas bancarias en el exterior.

Lo que significa: La "reserva" constitucional queda vaciada de contenido. El Estado conserva una propiedad nominal mientras otros extraen, venden y cobran.

6. La comercialización exclusiva por el Estado

Antes: Solo PDVSA podía vender el petróleo venezolano en los mercados internacionales (Art. 57 LOH). Esto permitía al país decidir a quién vender, a qué precio, en qué condiciones, y defender posiciones en la OPEP.

Ahora: Los privados pueden "comercializar directamente la totalidad o una cuota de la producción" (Arts. 36 y 68).

Lo que significa: Venezuela pierde capacidad de incidir en los precios internacionales. Su voz en la OPEP se vuelve irrelevante. Las transnacionales deciden mercados y condiciones según sus intereses corporativos globales.

7. La jurisdicción nacional

Antes: El artículo 151 de la Constitución establece que las controversias en contratos de interés público "serán decididas por los tribunales competentes de la República".

Ahora: El artículo 8 permite arbitraje internacional, incluyendo mecanismos como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), donde Venezuela enfrenta a transnacionales en terreno adverso.

Lo que significa: Cuando haya disputas sobre el petróleo venezolano, no se resolverán en Venezuela según leyes venezolanas. Se resolverán donde las transnacionales tienen décadas de experiencia ganando casos contra Estados del Sur Global. Esto sobre un bien estratégico para la República.

8. El control parlamentario

Antes: Los contratos petroleros, de interés público nacional, debían ser aprobados por la Asamblea Nacional (Art. 150 Constitución).

Ahora: La Asamblea solo "será notificada" (Art. 34).

Lo que significa: El órgano de representación popular pierde toda capacidad de aprobar, modificar o rechazar contratos que comprometen el principal recurso del país. El Ejecutivo decide solo, sin contrapesos. Otro tiro a la democracia y la soberanía popular.

9. La nacionalización de la Faja del Orinoco

Antes: El Decreto 5.200 de 2007 nacionalizó las mayores reservas petroleras del planeta, estableciendo que debían ser manejadas por el Estado venezolano.

Ahora: Derogado explícitamente (Disposición Derogatoria Cuarta).

Lo que significa: Las reservas que nos convertían en potencia energética mundial vuelven a manos de transnacionales. El activo estratégico más importante del país se entrega sin que nadie sepa exactamente a quién ni bajo qué términos.

10. La soberanía legislativa futura

Antes: El Estado venezolano, como cualquier Estado soberano, podía modificar sus leyes fiscales, regulatorias y ambientales según las necesidades cambiantes del país.

Ahora: El artículo 25 establece una cláusula de "equilibrio económico financiero": si Venezuela cambia cualquier ley que afecte la rentabilidad de un proyecto petrolero, debe compensar a la empresa para "restituir la posición económica que habría tenido de no haberse producido tales cambios".

Lo que significa: Venezuela hipoteca su capacidad de legislar. Si un gobierno futuro quiere aumentar impuestos, fortalecer regulaciones ambientales o laborales, tendrá que pagar por hacerlo. La soberanía legislativa queda subordinada a los contratos con transnacionales.

II. Lo que no perdimos porque ya lo habíamos perdido

Es importante ser honestos: PDVSA ya estaba destruida antes de esta ley. La producción había colapsado de casi 3 millones de barriles diarios en 2013 a menos de un millón. La empresa estaba tribalizada, saqueada, sin capacidad operativa real.

La ley no destruye una industria floreciente, pero renuncia a reconstruir sobre los escombros. Solo que esos escombros incluyen la reserva petrolera mas grande del planeta. Eso es lo que se entregó.

III. Por qué esto hipoteca el futuro

El candado de la "estabilización"

La cláusula de equilibrio económico no solo afecta al gobierno actual. Afecta a todos los gobiernos futuros. Cuando un nuevo gobierno —democrático, legítimo, con mandato popular— quiera cambiar el régimen petrolero, encontrará que ya no puede hacerlo sin pagar indemnizaciones multimillonarias.

La trampa de la "competitividad"

Todos los artículos que permiten reducir regalías, impuestos y cargas fiscales invocan el mismo criterio: "la necesidad de asegurar la competitividad internacional".

¿Competir con quién? Con países que están regalando sus recursos. Es una carrera hacia el fondo: quien ofrezca más a las transnacionales, gana. Pero en esa carrera, el único que pierde siempre es el dueño del recurso.

Arabia Saudita, Noruega, Qatar, Emiratos Árabes —los países petroleros exitosos— no compiten regalando. Capturan la renta y la invierten. Venezuela eligió el camino opuesto.

El secreto como política de Estado

Nadie sabe quiénes son los beneficiarios de los Contratos de Participación Productiva firmados bajo la Ley Antibloqueo y ahora legalizados. Nadie sabe qué áreas se entregaron, a qué precios, bajo qué condiciones.

La ley legaliza lo que se hizo en secreto y establece el secreto como norma para lo que vendrá. Los venezolanos no pueden defender lo que no conocen.

Con esto, el residuo madurista se garantiza su tajada de la rebatiña. Como cuando Gómez, esos beneficiarios ahora se voltearán a revender esos derechos a las trasnacionales.

La pérdida de opciones

Lo más grave, quizás, es que la ley nos cierra las opciones a futuro.

Un país puede tener una mala política petrolera y corregirla. Puede tener gobiernos corruptos y reemplazarlos. Puede sufrir crisis y recuperarse.

Pero si firma contratos de largo plazo con cláusulas de estabilización, arbitraje internacional y renuncia a la jurisdicción nacional, pierde la capacidad de corregir. Las cadenas quedan puestas para las generaciones que vienen.

IV. La magnitud de lo perdido

Intentemos una aproximación a lo perdido:

Escenario: Venezuela recupera producción a 2 millones de barriles diarios (modesto comparado con el potencial). Precio promedio: $70/barril.

Con régimen anterior (regalía 30% + ISLR 50% + impuesto extracción):

• Government Take aproximado: 65-70%

• Ingreso fiscal anual: ~$35,000-38,000 millones

Con régimen nuevo (regalía "flexible" + impuestos reducibles + sin impuesto a extraordinarios):

• Government Take posible: 20-35%

• Ingreso fiscal anual: ~$10,000-18,000 millones

Diferencia: $17,000-25,000 millones anuales que dejan de ingresar al fisco.

En 20 años (duración típica de contratos petroleros): $340,000-500,000 millones de dólares.

Para contexto: eso es más que toda la deuda externa de Venezuela, más que todo lo que China prestó, más que todo lo que se robaron los corruptos de todos los gobiernos juntos.

V. ¿Y ahora qué?

No hay soluciones fáciles. Estamos en un tremendo problema como nación.

"Por ahora", algunas cosas que pueden hacerse:

Documentar

Cada contrato, cada beneficiario, cada condición debe ser rastreada y documentada. El secreto es el aliado de quienes se benefician de esto. La transparencia es la única herramienta de quienes fueron despojados. El periodismo venezolano tiene enfrente un gran reto.

No olvidar

Los contratos petroleros duran décadas. Mantener viva la memoria de lo que se entregó es esencial para que algún día pueda recuperarse.

Construir consenso

La defensa del petróleo no es de izquierda ni de derecha. Desde Gumersindo Torres (conservador) hasta Hugo Chávez (socialista), pasando por Pérez Alfonzo, Betancourt y Carlos Andrés Pérez, el pensamiento petrolero venezolano fue transversal.

Ese consenso fue demolido en días y de espaldas al país por una cúpula entreguista y apátrida. Reconstruir ese consenso tomará años, pero es el único camino.

Preparar la reversión

Las cláusulas de estabilización no son eternas. El arbitraje internacional no es invencible. Otros países han renegociado contratos leoninos, han enfrentado a transnacionales en tribunales, han recuperado soberanía.

Bolivia lo hizo. Ecuador lo hizo. Incluso Argentina lo hizo. No es fácil, no es rápido, no es gratis. Pero es posible.

Lo que no es posible es revertir lo que no se entiende. Debemos comprender primero qué se perdió y por qué importa.

VI. Palabras finales

El 29 de enero de 2026, Venezuela dejó de ser dueña de su petróleo en cualquier sentido que importe.

Conservamos la propiedad nominal del subsuelo. Pero perdimos el control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda.

Perdimos, sobre todo, la capacidad de decidir. Que es otra forma de decir: perdimos la soberanía.

Esto se hizo de espaldas al pueblo: sin debate, a puertas cerradas, en tiempo récord.

Quienes lo hicieron tendrán que responder ante la historia.

"Por ahora" lo que podemos hacer es documentar lo que pasó. Explicar lo que significa. Y mantener viva la convicción de que el petróleo de Venezuela debe servir a los venezolanos.

Algún día, esa convicción volverá a ser ley.