¿Detendrá la ministra Lucena la privatización de la educación universitaria?

El ministro Trómpiz no solo permitió la privatización formal e informal de la educación universitaria al nivel de pregrado, sino que dejó sentadas las bases legales para que se continuara con paso seguro en ese proceso. Con la resolución para regular los llamados sistemas de educación universitaria multimodal se despejó el camino para la construcción de un aparato universitario privatizado paralelo dentro de las universidades públicas. Además, por primera vez en la historia de Venezuela un ministerio cobra a sus entes descentralizados una cuota para poder funcionar.

La gratuidad de la educación hasta el pregrado universitario está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero, como hemos visto también en otros ámbitos, pareciera que esto no es suficiente. Por lo visto, hemos llegado a un estado en que se puede violar la constitución sin mayores consecuencias políticas, judiciales, etc. La privatización del pregrado universitario es un proceso en curso desde hace varios años y el Ejecutivo Nacional no ha hecho nada por detenerlo.

La privatización de las universidades públicas es un proceso que se ha venido realizado hasta ahora en tres fases. La primera fase se caracterizó por ser una privatización desde abajo. Dentro de esta primera fase hay muchas variantes. Una es el cobro directo de parte de algunos profesores inescrupulosos de cuotas en dinero en efectivo a sus estudiantes. Una vez me contó una estudiante de Fisioterapia de una universidad experimental que debido a la escasez de profesores, los pocos profesores que había disponibles requerían un pago en efectivo por cada clase a sus estudiantes bajo amenaza de que de lo contrario se quedarían sin profesores. He tenido conocimiento de una práctica similar en algunos postgrados, donde los profesores alegan que la universidad les paga poco y muy tarde. En algunas universidades experimentales incluso hay una especie de menú, donde se establecen los servicios que se prestan y los preciso de cada uno de ellos. Otra es el cobro de parte de pequeñas empresas privadas dentro de las universidades por servicios que debería prestar la universidad. Conocí un caso de una universidad experimental en la que un dueño de un servicio privado de fotocopias vendía todo tipo de solvencias, por ejemplo: la solvencia de la biblioteca que requerían a los estudiantes para graduarse. En otra universidad, se constituyó un cartel de tutores de tesis de postgrado, principalmente de doctorado, cuyos miembros cobran honorarios en dólares por sus servicios, incluyendo hasta la firma del acta de la defensa de las tesis. Recolectar evidencias que soporten estas afirmaciones es sumamente difícil por varias razones. Una es el grado de desmoralización y complicidad de los actores en esta fase, lo cual hace casi imposible que uno de los involucrados proceda a realizar una denuncia. Otra es que las autoridades a todos los niveles se han hecho la vista gorda, porque asumen que de esta manera los actores compensan los bajos sueldos y salarios que reciben formalmente. Y una tercera, es que las represalias contra quien se atreva a denunciar esta privatización desde abajo pueden ser devastadoras, tanto profesional como personalmente.

La segunda fase de la privatización del pregrado universitario es el cobro directo de aranceles, cuotas, colaboraciones, etc. de parte de las instituciones universitarias. La primera universidad en establecer formalmente el cobro de una cuota en dólares estadounidenses a los estudiantes de pregrado es la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). El rector de esta universidad argumenta que la gratuidad del pregrado universidad tal como está consagrado en nuestra constitución es insostenible, por tanto, las autoridades de la UNET decidieron violar la constitución. Ya han pasado varios meses desde que el Consejo Universitario de la UNET aprobó el cobró en dólares estadunidenses a los estudiantes de pregrado, cobró que ya se está haciendo efectivo y hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha hecho absolutamente nada para detener esta flagrante y grave violación de nuestra constitución. En lo que respecta a la privatización de los estudios de postgrado ha habido otros modos de operar. Conocida es la creación de fundaciones privadas que ofrecen cursos de postgrado en sedes de universidades pública, incluso en entidades donde esos postgrados no están autorizados. El ingenio de algunas autoridades es sorprendente en lo que respecta a la privatización, conozco un caso de una universidad experimental en la que se constituyó un curso para tutores como requisito indispensable para poder dirigir una tesis en esa universidad. Ese curso tenía un elevado costo, los aspirantes a tutores no lo denunciaban porque ese curso les permitía tener acceso al cartel que cobraba honorarios informales a los estudiantes de postgrado por sus servicios.

La tercera fase de la privatización del pregrado universitario es la aprobación por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), con el voto salvado de los rectores de las universidades no experimentales y algunas experimentales, de una resolución que tiene como propósito regular algo denominado "sistema de educación universitaria multimodal". Mediante esta resolución el Poder Ejecutivo crea un parasubsistema de educación universitaria, el cual no solo tienen que autofinanciar las universidades públicas, sino que deben pagar una cuota al CNU para su funcionamiento. Esta fase se ha venido ejecutando aprovechando la coyuntura creada por la pandemia de la COVID-19.

Las preguntas que surgen ante esta situación son: ¿Por qué ha sido tan ineficiente el Estado Docente permitiendo el avance de la privatización de las universidades públicas en contra de lo establecido en nuestra constitución? ¿Es la privatización de la educación universitaria una política del gobierno actual? ¿Actuaba el ministro Trómpiz por su propia iniciativa al avanzar en el proceso de privatización de la universidad pública? ¿Fue designada la ministra Lucena por el presidente Maduro para detener la privatización del pregrado universitario o para continuarla?



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Julio Mosquera


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