La realidad económica de Venezuela en mayo de 2025 sigue siendo un desafío abrumador para la mayoría de sus ciudadanos. Un informe reciente de Poli-data.com revela cifras que, más allá de los números, representan la dura batalla que enfrentan a diario miles de familias para cubrir sus necesidades más básicas. En un contexto de inestabilidad macroeconómica, con alta inflación y una devaluación constante del bolívar, el poder adquisitivo se erosiona a un ritmo alarmante, afectando de manera desproporcionada a trabajadores, pensionados y jubilados.

El Creciente Costo de la Vida

Para mayo de 2025, la Canasta Básica Familiar (CBF) alcanzó un costo de USD 788,8, lo que equivale a Bs. 76.767,5 al tipo de cambio oficial de Bs. 97,31 por dólar. Esto representa una inflación mensual del 12,8% para la CBF. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), esencial para la subsistencia, se ubicó en USD 300,85, o Bs. 29.276,0, con una inflación estimada del 3,8% para el mismo mes.

Estas cifras son solo una instantánea de una tendencia preocupante. La inflación acumulada de la Canasta Básica Familiar para el 30 de mayo de 2025 se disparó al 89,84% , evidenciando un encarecimiento continuo de los bienes y servicios esenciales. La devaluación progresiva del bolívar frente al dólar es un motor clave de esta inflación, impactando directamente en productos con componentes importados y generando una economía dual donde los precios se fijan en divisas mientras los ingresos en bolívares se estancan, profundizando el empobrecimiento de la población.

Un salario mínimo lejos de la realidad

La desconexión entre los ingresos y el costo de vida es abismal. El "Salario Mínimo Integral" para mayo de 2025, que suma un Salario Mínimo Legal de Bs. 130 y un Ingreso Mínimo Vital (IMV) de USD 160 en bonos gubernamentales, totaliza aproximadamente USD 161,34. Este monto apenas cubre el 20,45% del costo de la Canasta Básica Familiar y el 40,91% de la Canasta Básica Alimentaria.

Esta brecha, que se amplía cada mes, hace que la mayoría de las familias venezolanas dependan de otras fuentes de ingresos, como remesas, para poder satisfacer sus necesidades básicas. La situación perpetúa un empobrecimiento colectivo crónico, anulando el derecho a un trabajo digno garantizado por la Constitución.

Urge una intervención estratégica

La situación económica de Venezuela exige una intervención urgente y estratégica. Es imperativo que se tomen medidas para proteger el poder adquisitivo de la población. Algunas recomendaciones clave incluyen:

• Recuperación progresiva del Salario Mínimo Constitucional: Establecer una ley de indexación mensual del salario mínimo basada en la CBA y CBF, conforme al Artículo 91 de la CRBV. Además, implementar un sistema de anclaje nominal mixto transparente a través de un Índice de Ajuste Salarial Multidimensional (IASM) para estabilizar expectativas y recuperar el poder adquisitivo.

• Fortalecimiento del aparato productivo nacional: Incentivar fiscalmente y subsidiar de manera inteligente a los productores de alimentos y bienes esenciales, y crear cadenas logísticas seguras con costos regulados para evitar la especulación.

• Reforma del sistema de pensiones y jubilaciones: Garantizar una pensión mínima ajustada mensualmente al valor de la CBA.

• Anclaje nominal de la política económica: Estabilizar el tipo de cambio mediante subastas competitivas, el reforzamiento de las reservas y la credibilidad del Banco Central de Venezuela.

• Transparencia y rendición de cuentas: Establecer la publicación mensual obligatoria de la CBF y la CBA por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), y fortalecer los observatorios ciudadanos de precios con participación de universidades y sociedad civil.

La reconstrucción nacional debe comenzar por restituir el valor del salario y garantizar condiciones materiales dignas. Solo así se podrá iniciar un camino hacia una economía más inclusiva, con una distribución más justa de los ingresos y el objetivo de disminuir la desigualdad a largo plazo. La capacidad de las familias para vivir, alimentarse, educarse y sanar no es un lujo, sino una obligación moral, constitucional y política.