La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, ha emitido una de las advertencias más severas de su mandato frente a lo que califica como una deriva peligrosa y negligente en los métodos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según la funcionaria, el reciente despliegue de agentes federales que actúan de civil, con los rostros cubiertos y sin identificaciones visibles, ha transformado las labores de control migratorio en una amenaza directa para la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses. Mayes subrayó que estas tácticas de "fuerza de choque" impiden que los residentes distingan entre una autoridad legítima y un agresor criminal, lo que genera una confusión letal en un estado donde la cultura de las armas y el derecho a la propiedad son pilares fundamentales de la convivencia social. La fiscal calificó esta situación como una "receta para el desastre", señalando que la irrupción de individuos enmascarados en propiedades privadas es una provocación innecesaria que pone en vilo la tranquilidad de los hogares y eleva la probabilidad de incidentes violentos.
El núcleo de la advertencia de Mayes radica en el choque frontal entre las directrices agresivas de la administración Trump y la legislación local de Arizona. La fiscal fue enfática al recordar que las leyes estatales de autodefensa y el uso de fuerza letal son sumamente claras: los ciudadanos tienen el derecho jurídico de defender su vida y su propiedad ante cualquier amenaza percibida como inminente. Al presentarse con el rostro cubierto y sin uniformes oficiales, los agentes del ICE se colocan en una posición de vulnerabilidad extrema, ya que un dueño de casa, ante la incertidumbre y la agresividad del operativo, tiene la facultad legal de reaccionar con fuerza letal para proteger a su familia. Esta desconexión táctica por parte del Gobierno federal no solo vulnera los derechos civiles, sino que ignora deliberadamente la realidad jurídica de Arizona, donde un oficial no identificado puede ser legítimamente confundido con un delincuente en un momento de alta tensión.
La fiscalía general insistió en que su prioridad absoluta es proteger a los residentes frente al uso desproporcionado de la fuerza y la opacidad de las agencias federales, exigiendo que cualquier operativo de seguridad actúe bajo principios de visibilidad y rendición de cuentas. Mayes hizo un llamado urgente a la transparencia para evitar tragedias derivadas de la retórica confrontativa proveniente de la Casa Blanca, advirtiendo que la seguridad jurídica de los ciudadanos no debe ser sacrificada por métodos tácticos cuestionables. En este 2026, Arizona se posiciona así como un bastión de resistencia legal, donde el ejercicio de la autoridad federal es cuestionado por su propia negligencia al convertir la administración migratoria en un escenario de potencial conflicto armado dentro de las comunidades estadounidenses.