Una vez más Latinoamérica es el escenario en el que revienta la polémica política migratoria de Donald Trump. Esta vez los actores involucrados son, por así decirlo, reincidentes. Por un lado, Nayib Bukele, presidente del El Salvador y, por el otro, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. No es el guion de una película distópica, es una propuesta salvadoreña formal de intercambio de presos con Venezuela.

El 15 de marzo del año en curso llegaron a El Salvador 252 venezolanos en tres vuelos procedentes de Estados Unidos. Dos elementos fueron centrales en la argumentación de este traslado: primero, que se daba bajo la figura de la deportación y, segundo, que los deportados eran acusados de ser miembros del Tren de Aragua. Revisando, se tiene que la deportación tuvo que acomodarse a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma estadunidense de tiempos de guerra que permite al presidente expulsar a ciudadanos de países considerados hostiles sin debido proceso. Sí, de 1798.

En una entrega para este diario, Juan Alberto Vázquez expuso evidencias para sostener que "La acusación de pertenecer al Tren de Aragua se ha convertido en un patrón utilizada por la Administración Trump para deportar venezolanos sin probar que hayan cometido un crimen". En pocas palabras, la acusación se convirtió en una canasta a la que metieron a muchos sin evidencia probada.

El intercambio de presos, una institución del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, está siendo argüida por Nayib Bukele para abordar "un acuerdo humanitario"

Pero ¿por qué los deportados venezolanos llegaron a El Salvador? Es de conocimiento público que el Secretario de Estado, Marco Rubio, visitó a Nayib Bukele en instalaciones presidenciales de El Salvador a principios de febrero del año en curso. Poco después, se conoció que Estados Unidos y el Salvador hicieron un acuerdo mediante el cual el país del norte se comprometió a pagar al país centroamericano la suma de 6 millones de dólares por encarcelar a aproximadamente 300 personas del Tren de Aragua y la mara Salvatrucha, por el lapso de un año, con posibilidad de renovar el trato. La reclusión acordada tiene lugar en el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, una cárcel cuestionada desde distintas instancias tanto salvadoreñas como internacionales, básicamente por vulnerar los derechos humanos de los reclusos

Bukele, una vez más, en el ámbito de los derechos humanos, fue duramente criticado en por este acuerdo. Muchas ONGs sostienen que no existe ninguna ley salvadoreña ni tampoco algún tratado internacional que dé lugar a esta polémica operación. Incluso fue presentado un habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador contra la detención de venezolanos en el CECOT.

En consecuencia, se ha suscitado un ida y vuelta de mensajes entre las administraciones salvadoreña y venezolana. El intercambio de presos, una institución del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, está siendo argüida por Nayib Bukele para abordar "un acuerdo humanitario". Un extenso post de Bukele del 20 de abril, dedicado a Nicolás Maduro incluye, literalmente, el siguiente mensaje:

"(…) quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene."

Aunque Bukele haya formalizado mediante su cancillería la propuesta y anteriormente ya haya abierto una lista de nombres de "intercambiables", más que una operación diplomática esta acción parece ser un zarandeo poco serio. No es un dato menor que El Salvador y Venezuela rompieran relaciones diplomáticas en 2019, mismas que a día de hoy no han sido restablecidas y no tienen miras a serlo.

Un habeas corpus fue presentado ante la Corte Suprema de El Salvador contra la detención de venezolanos en el CECOT

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha rechazado públicamente la propuesta, no sin antes criticar duramente la acción de su par salvadoreño. Maduro, viene exigiendo que los 252 venezolanos lleguen a s su país sin ninguna condición de por medio. Además, ha demandado pruebas de vida, acceso legal y transparencia sobre los detenidos a tiempo de calificar a Bukele como "neofascista" y "violador serial de los derechos humanos". Dijo el 21 de abril durante un programa de televisión:

"Póngase a derecho. De fe de vida de todos los muchachos secuestrados. Abandone el camino de la desaparición forzosa. Que firme el decreto de libertad incondicional de los venezolanos secuestrados, que permita el ingreso de los familiares, de los abogados, y que dé la información de su situación legal, de su estado físico. ¡Eso es lo que le exigimos a ese violador sistemático y serial de los derechos humanos!"

La Cancillería de Venezuela publicó un comunicado formal en respuesta a la nota diplomática de El Salvador. En el documento se argumenta el rechazo a la propuesta de Bukele: "El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la propuesta de canje ilegal y moralmente inadmisible (...) que pretende condicionar la liberación de personas inocentes a un intercambio por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles). Dicha acción constituye una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la criminalización colectiva, la xenofobia institucional, la negación del derecho a la defensa, el secuestro y el traslado forzoso a un tercer país sin orden judicial ni proceso legal."

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha rechazado públicamente la propuesta. Maduro viene exigiendo que los 252 venezolanos lleguen a s su país sin ninguna condición de por medio

Ningún organismo internacional ha respaldado la propuesta de Bukele. Los silencios de las instituciones expertas en esta materia parecen respaldar el contundente rechazo que ha expresado el gobierno venezolano. De cualquier modo, aunque no es un principio formal, los intercambios en el Derecho Internacional Humanitario suelen buscar un equilibrio en el número o la relevancia de los prisioneros liberados, para evitar desproporciones que puedan exacerbar el conflicto. Pero en términos concretos, la propuesta no se apega al derecho pues involucra a dos Estados en tiempos de paz, es decir, que no están en guerra internacional.

No parece verse en el horizonte ninguna solución a esta controversia. 252 personas y sus seres queridos siguen en ascuas. Mientras, cursa una inédita y cuestionada detención de extranjeros en El Salvador, sin ninguna norma que avale la acción de ese Estado. Es un hecho que la política migratoria de Trump aviva tensiones en Latinoamérica.