Imaginen que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decrete una ley marcial que prohíba manifestarse contra el gobierno, que confisque propiedades y cuentas bancarias a los manifestantes y si estos van acompañados con un menor de 18 años a una protesta le suba la pena de prisión a un poco más de 5 años. Imaginen que el presidente, Nicolás Maduro, ordene a la vicepresidenta Delcy Rodríguez o al ministro de economía, que les exija a los bancos que informen sobre los datos personales de los involucrados en las guarimbas, bloqueos, derribos de árboles, quema de personas y edificios gubernamentales y les haga cumplir la autoridad de confiscar o congelar cuentas sin una orden judicial, además, cerrarles las cuentas en redes sociales y espiarlos a través de sus números telefónicos. Imaginen que pasaría.

Esto ocurrió y está ocurriendo, no en Venezuela, sino en Canadá, donde el primer ministro, Justin Trudeau, invocó los poderes de emergencia (como si su país estuviera en guerra), y, decretó la ley marcial contra los camioneros que pacíficamente se manifestaron en el centro de Ottawa e importantes puntos fronterizos de Canadá, exigiendo flexibilizar la vacunación obligatoria contra la covid-19 para viajes transfronterizos a Estados Unidos, Centro América o fuera de América. Manifestaciones que se replicaron en Europa, Australia y Nueva Zelanda.

El primer ministro de Canadá, criminalizando las protestas y las libertades democráticas, activó la Ley de Emergencias que le otorga facultades y poderes temporales especiales al gobierno federal, congelando las leyes civiles y constitucionales, así como las leyes emanadas y administradas por cada ciudad, para, según el gobierno canadiense, poder gestionar las protestas y garantizar la seguridad. En pocas palabras, decretó un toque de queda y suspendió las garantías ciudadanas.

La policía actuó disolviendo las pacíficas y ordenadas manifestaciones, deteniendo a algunos camioneros que se resistieron a las medidas, a quienes se les anuló sus carnés de conducir. También se les condenó por "interrupciones en la cadena de suministro transfronterizo" tanto para EEUU como para Canadá.

Un mayor del Ejército activo rechazó dichas medidas contra la población civil, llamando al gobierno de Canadá de "tirano", por lo cual, le han abierto una investigación marcial.

Los bancos están a la espera para que el gobierno les ofrezca detalles sobre cómo deben proceder para hacer cumplir la ley emitida para cerrar y congelar cuentas bancarias de los manifestantes, sin una orden judicial.

Si estas medidas decretadas en Canadá las activara el gobierno venezolano, cubano, nicaragüense o de Siria, los medios de comunicación internacionales nos estarían intoxicando con sus titulares tildándolos de gobiernos represivos, totalitarios y dictatoriales. Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y la propia Canadá, ya habrían implementado sanciones, bloqueos y medidas coercitivas económicas, financieras y comerciales. En el Consejo de Seguridad de la ONU, habría varios borradores para activar una incursión militar contra esos países soberanos, a los cuales no reconocerían, y los considerarían una "amenaza" para la paz y la seguridad de la humanidad y que tratarían de resolverlo con una "ayuda humanitaria" de bombardeos, infiltración de grupos terroristas y nombrando un "gobierno provisional" afín a los principios a lo que ellos llaman "democracia".