La complementariedad en materia de derecho procesal penal internacional que consiste en que existe una jurisdicción extra-nacional que establece una excepción al principio universal de soberanía nacional en materia judicial; los estados partes, por medio de una tratado se someten a la jurisdicción (Potestad de juzgar) Internacional, en detrimento del principio de soberanía porque así lo han querido. Pero la complementariedad que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, prioriza a los tribunales nacionales, por arriba del tribunal internacional, en este caso la Corte Penal Internacional (CPI), solo establece la excepción de priorizar lo internacional sobre lo nacional, que repito seria la excepción de la regla, cuando el estado no quiera porque exista connivencia o cuando esté incapacitado o sea incompetente para hacerlo dado su naturaleza fallida.

Digo en el derecho procesal penal internacional porque en materia civil y mercantil, no existe la complementariedad, la mano absolutista del imperio anglosajón-franco-germánico es directa y por arriba de la jurisdicción nacional, no existe complementariedad alguna sino que se va directo al tribunal imperialista con sede en New York, caso de triste y trágico recordatorio de la CIADI, que por cierto, después de una decisión anti-imperialista y protectora del interés nacional de Hugo Chávez, nos salimos del FMI y de ese tribunal de la globalización neoliberal pero luego una decisión de la Sala Constitucional de nuestro TSJ, a petición del mismo ejecutivo de Hugo Chávez, por intermedio de la Procuradora del momento, autorizo al país regresar a la guillotina de la CIADI y por eso hoy tenemos embargada a la CITGO, además que debemos un realero por decisiones anti-venezolanas de ese tribunal comercial imperialista.

Para reforzar lo que digo arriba, tenemos como botón de prueba el artículo 17.1 del mencionado Estatuto de Roma, relativo a la inadmisibilidad de la investigación fiscal, fase en la cual yo considero que estamos ahora, en la fase de admitir o no admitir la investigación fiscal, para que se convierta en “Investigación Judicial”, en ese artículo, prosigo, se le da prioridad a la jurisdicción nacional por arriba de la internacional para inadmitir la solicitud de investigación hecha por la fiscalía.

Además, en el párrafo decimo del Preámbulo del Estatuto de Roma, establece muy claro el principio de complementariedad, en donde prioriza la jurisdicción nacional por arriba de la internacional.

La Complementariedad del Estatuto establece que primero juzga el estado nacional y luego a manera de complemento lo hace la CPI; pero Maduro, en representación del Estado Venezolano, indebidamente, ha firmado con el Fiscal Ingles Karim Khan, en donde existe una “complementariedad hibrida”, es decir que el Fiscal; en un caso que aun no ha sido admitida la investigación fiscal y su consecutivo pase a la fase de investigación judicial, tiene potestad para actuar, y el gobierno, a quien le corresponde actuar y es quien lleva la investigación, en base al principio de complementariedad, también actúa, en efecto, estamos ante una “complementariedad hibrida”, inexistente en el estatuto de Roma, inventada en un “Memorándum de Entendimiento” entre Maduro y Khan.

Con razón la derecha lo celebra como un triunfo porque ven la oportunidad de “arriar” tanto a los tribunales como a la fiscalía y policías nacionales, a través del justo pedido de justicia de las víctimas que somos no solo los que “aparecen en pantalla” sino todos los venezolanos.

Claro, el gobierno del chavismo-madurismo, actuando netamente políticamente, sin importarle las consecuencias judiciales y reales de exponerse a las consecuencias de un Moloch como la Corte Penal Internacional que no deja de ser un organismo controlado por el imperio anglosajón-franco o atlántico que en cualquier momento te lanza una invasión punitiva, un grupo de comando tipo “Rambo” que vienen a llevarse preso a un alto cargo nacional, que nos obliga, aun en contra de nuestra voluntad, tener que condenar o enfrentar tal acción imperialista y de invasión. Actuando políticamente porque no mide las consecuencias de tal acuerdo o “memorándum de entendimiento” sino que lo ve en función de lograr un pacto de cohabitación entrega con los yanquis, que ha sido el anhelo del chavismo-madurismo, desde que llego a Miraflores, pareciera que ese fuese el legado que le encomendó Chávez y no el de preservar el socialismo y la revolución bolivariana, o de ganar tiempo, esperando mejor momento político.

QUE HA DEBIDO HACER EL FISCAL KHAN Y EL GOBIERNO BOLIVARIANO

El Fiscal Khan, si determinó que había que abrir la fase de investigación, la cual solo se hace en base a un procedimiento investigativo bien riguroso y por supuesto bastante completo para el nivel del estado y grado de la causa, no ha debido ponerse a inventar y estar firmando pacto de entendimiento sino ha debido haberse dirigido a la “Sala de Cuestiones Preliminares” de la Corte y pedir la apertura de la investigación judicial, para que esta lo admitiera y consecuentemente pasar a la fase de Control Judicial bajo la rectoría de la Sala de Complementos Preliminares que es un tribunal colegiado.

Y el gobierno si estaba en contra de la decisión fiscal de abrir la causa a investigación, por considerar que ha actuado conforme a la justicia y al debido proceso ha debido irse para la Corte en Sala Preliminar y oponerse a esa decisión, en el trámite de esa incidencia estaba el tiempo político requerido; ya que tenía todo el tiempo del mundo para explayar los motivos de su apelación.

EL GOBIERNO MADURISTA HA CREADO FALSAS EXPECTATIVAS SOBRE LA CPI QUE NO DEJA DE SER UN TRIBUNAL DE LA GLOBALIZACION NEOLIBERAL.

El Chavismo-madurismo, como una forma de distraer y justificarse, decir que se estaba haciendo algo, introduce una demanda o petitorio de investigación al ejecutivo de Donald Trump, por las mal llamadas sanciones que en realidad sus efectos provoca delitos de lesa humanidad y en casi todos los casos son crímenes de guerra; en su momento dije que eso era un saludo a la bandera para decir que se hacía algo y que no se iba a lograr nada porque USA no es firmante del tratado de Roma, aquí en mención, y de paso era muy difícil probarlo, ya que la responsabilidad penal es individual y la competente era la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pero como en ese momento y todavía, aun peor, tenemos a esa corte cumbre de la justicia mundial (Imperialista), en combinación con el viejo imperio británico y la Exxon Mobil, la financista del juicio, y el títere de Guyana, a quien han utilizado para toda esta maniobra, despojándonos del territorio Esequibo que es venezolano; la CIJ ha hecho oídos sordos a la oposición venezolana de no querer ir a litigio, motivo suficiente para que se haya desprendido del caso y anule todo lo actuado por Guyana porque para recurrir a ella, ambas partes litigantes, deben estar de acuerdo que no es el caso de Venezuela pero sus Magistrados, comprados por la petrolera, a excepción de 2 o 3 Jueces dignos e imparciales, que han venido salvando sus votos; por lo que la decisión no será otra sino en contra de Venezuela. Pero con todo y eso, si es de recurrir a un tribunal por violación a los DDHH y no por delitos, es la Corte Internacional de Justicia de La Haya; de lo contrario no se recurre a nadie.

También dije en aquel momento que en materia de sanciones económica también era competente la Organización Mundial del Comercio (OMC), y puse como ejemplo a China, que tenía varias demandas allí en contra de USA y sus “sanciones” son vías de hecho en franca violación del libre comercio y del derecho internacional pero hasta ahora nada que ver; a pesar que el chavismo primero y el chavismo madurismo mucho mas ha creado escuelas de Derecho en la misión Sucre por todos lados, aparte de la UBV que tiene una escuela de derecho y otras universidades nacionales, no obstante tiene que contratar bufetes internacionales que cobran en dólares para la defensa de todos estos casos y las Facultades de Ciencia Jurídicas de la UCAB y la UCV, siguen marcando la pauta en la doctrina del TSJ a excepción de la materia penal en donde impera la acción policial al igual como en el puntofijismo “una chapa y una pistola mandan”.

En conclusión podemos decir que el chavismo-madurismo por falta de una política jurídica doctrinaria y procesal de izquierda y sobre todo en la materia de la administración justicia penal, ha sido la continuidad del puntofijismo, 60 años de un derecho burgués represivo y policiaco, en donde la pistola dirige a la ley y no ley regula a la pistola, una práctica de la policía Hooveriana, Edgar J, Hoover el fundador de la “nueva FBI” y el organizador de la CIA en USA., en donde la justicia tenía un carácter de clase y de raza y la policía era o es una especie de ejército invasor en contra de su propio pueblo.