ODS No. 18: Sugerencia a la Relatora Especial ONU sobre Venezuela

El papel que ha venido desempeñando la Organización de las Naciones Unidas en estos 75 años es muy lamentable. La ONU ha sido cómplice del terrorismo y desprotectora de los DD.HH. por estar sometida a los países más poderosos del mundo, especialmente al imperio norteamericano. Ejemplos sobran para destacar hechos vergonzosos; pero el caso Venezuela no tiene parangón. Se desentendió la ONU en el año 2002 cuando la derecha rompió el hilo constitucional para dar un golpe de Estado al presidente Chávez, dejó sin alimentos, sin gas y sin gasolina a los venezolanos, llamando a un paro petrolero que desestabilizó la economía del país. Desde aquí comenzó el calvario de los venezolanos. Se emprendió un bloqueo de tipo tecnológico por el control que tenía el imperio en PDVSA, un asedio para la adquisición de repuestos para los aviones de la FAN y un cerco mediático contra el gobierno de Chávez por los grandes medios de comunicación dirigidos desde Washington. Este órgano que se creó para mantener la paz y la seguridad de sus países miembros visitó a Venezuela en julio de 2019 y 2020, a solicitud del gobierno nacional. Sus informes emitidos fueron sesgados por la Alta Comisionada Michell Bachelet, ya que no se ejecutaron in situ, no se mencionaron los intentos desestabilizadores y violentos ejecutados por la derecha para tumbar al presidente Maduro, se invisibilizaron a las víctimas, ni hubo pronunciamientos sobre los golpes de Estado, ni de la intervención del gobierno de EE.UU., entre otros graves hechos que omitió de manera deliberada.

Nuevamente Venezuela es visitada por las Naciones Unidas, esta vez por la Segunda Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, la Dra. Alena Douhan. La funcionaria es especialista en el tema de sanciones, autora de más de 120 libros relacionados con sanciones específicas y amplias; medidas coercitivas unilaterales, libertad de opinión, privacidad, lucha contra el terrorismo, derecho al desarrollo y arquitectura de sanciones creada bajo el Consejo de Seguridad de la ONU. En una visita de doce días en febrero, la Relatora emitió un informe preliminar sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos en Venezuela. El informe completo será presentado ante el Consejo de los DD.HH. de las Naciones Unidas en septiembre de este año. Douhan se reunió con el presidente Maduro y su tren ejecutivo, demás poderes del Estado, líderes de partidos políticos, de sindicatos, con el sector privado, organizaciones humanitarias, víctimas de violaciones de DD.HH., visitó centros de salud y otras áreas sociales. En su amplio, extenso, cuidadoso y objetivo informe —consultar página https://news.un.org/es/story/2021/02/1488052— del Impacto sobre el disfrute de los DD.HH. observó con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, oro y minería, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del BCV han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistentes, y causado un efecto devastador en toda la población especialmente los que están en situación de pobreza extrema, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura, apoyar los programas sociales. Así como la ausencia de recursos, la reticencia de socios, bancos y compañías de transporte extranjeros a comerciar en el país han tenido la imposibilidad de adquirir equipos médicos y tecnológicos; reactivos y repuestos para la reparación del sistema eléctrico y demás servicios públicos, entre otros derechos a tener una vida decente. El salario del sector público es de US $2-3 al mes, equivalente al 1% de la cesta alimentaria. Como resultado de esto, se ha incrementado el índice de migración que pone en peligro la asistencia social del país. Entre otros relatos de interés social, económicos y medidas sancionatorias que refleja con profunda preocupación.

La objetividad, la moral, la honestidad y la ética en una guerra no convencional como la que se vive en Venezuela, no existen para los sectores de la ultraderecha, ni para el imperio, ni para Unión Europea, ni para algunos países de la región, quienes han ejecutado todo tipo de armas contra un país que decidió elegir un sistema diferente y construir su desarrollo con sus propias herramientas con su pueblo. Es muy vergonzoso el asedio que han hecho contra Venezuela los que se creen los dueños del mundo y sus peones. Sin embargo, la falta de papel higiénico no nos humilló, porque aprendimos a ser más limpios; la desaparición de la harina no nos intimidó, porque aprendimos a innovar, a emprender. Aunque para muchos es un retroceso lo que vivimos no usar papel, cocinar en leña, tomar plantas medicinales, para el pueblo de Bolívar y Sucre es la lucha contra el nuevo colonialismo que se quiere imponer. Esto no significa ignorar los desaciertos y errores muy marcados que tiene el gobierno bolivariano: el excesivo burocratismo que socaba nuestro proceso; la corrupción que aliena las instituciones democráticas; el pacto a ultranza con la derecha; los casos de procrastinaciones como no meter preso a Guaidó; falta de desarrollo en toda su extensión de una economía popular, frente a la política de dolarizar la economía; la Ley Antibloqueo anticonstitucional, objetada por la misma Relatora por considerarla violatoria de los DD.HH. y al derecho en general, por lo que desde la AN debe ser derogada y el gobierno abstenerse de ejecutarla; el asedio y censura del gobierno contra la "izquierda trasnochada" y el chavismo crítico disidente, tan importante revertir esta postura en un gobierno que se autodefine respetuoso de los DD.HH.

Las amenazas de invasión, así como las agresiones financieras, económicas y mediáticas del imperio, con sus aliados europeos, son en realidad criminales. Es probable que se apliquen más sanciones o se recrudezcan las existentes con el ilegítimo Biden (si desconoce a Maduro como presidente, para mi Biden es el interino de la casa blanca), por lo que la ONU, como responsable de la estabilidad del país, debe imponer su autoridad como órgano de control para que Venezuela pueda ser garante de los DD.HH para el disfrute de todos los venezolanos y poder cumplir con las metas propuestas en el año 2015: la Agenda de Desarrollo 2030, que no es más que plasmar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, las cuales son de alcance y aplicación mundial, con carácter integrado e indivisible, considerando las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país, respetando sus políticas y prioridades nacionales. Estos objetivos son: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; alianzas para lograr los objetivos. En este sentido sugiero, si es posible, se incorpore al informe el ODS No. 18: Exigir a los países que aplican medidas coercitivas unilaterales, sanciones y bloqueos, que atentan contra el disfrute de los DD.HH., en Venezuela o de cualquier país, a eliminar las mismas, porque van en detrimento de su naturaleza humana y a favor de quienes las aplican por lucrarse de estas medidas, por saquear los activos y recursos de otros países, por retener los fondos financieros en los bancos internacionales, porque atentan contra los principios de la misma ONU y bajo esta perspectiva de daños humanos y económicos, será imposible el cumplimiento de los 17 ODS. Ningún país víctima de estas violaciones podrá asumir tal responsabilidad si no hay condiciones de igualdad y respeto a la soberanía de los pueblos, libertad de establecer alianzas entre países. La ONU sigue en deuda con los pueblos que sufren a causa del salvajismo del imperio. Es tiempo de reivindicarse, de alinearse a la lucha de éstos, de asegurar el verdadero bienestar y de hacer respetar la decisión de ser libres y soberanos.



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Esmeralda García Ramírez

Licenciada en Administración Articulista

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