El informe de Bachelet sobre Venezuerla (II)

En esta segunda entrega hablaremos sobre la "justicia militar enjuiciando civiles" y sobre la misma "estabilidad" planteada para jueces hacerlo para fiscales y defensores públicos y analizaremos los puntos metidos de "contrabando", en donde hay muchos refritos, sobre las violaciones del derecho a la vida y la seguridad personal y sobre la violencia en contra la mujer, por presión de grupos talibanes, ultrosos de derechas, como el Foro Penal y otras ONGs., subsidiadas en dólares y profundizaremos sobre los tres numerales, referente al pírrico y sesgado análisis del informe Bachelet a los derechos económicos y sociales. Y adelantaremos opinión sobre las conclusiones y recomendaciones ante una guerra hibrida de la cual es víctima el país.

SOBRE LA JUSTICIA MILITAR ENJUICIANDO CIVILES.

Una de las criticas que mas hacíamos los revolucionarios al puntofijismo en materia tribunalicia, era el juzgamiento de civiles en tribunales militares, la partidocracia adeco-copeyano le echó encima los militares, asesorados y monitoreados por los gringos a la izquierda revolucionaria que adoptó la estrategia de guerra popular de guerrillas de orientación guevarista, para que estos los condenaran en tribunales parapetos sin ninguna garantía y sin ningún derecho a la defensa ni tan siquiera a la seguridad personal ni al mínimo derecho humano; y hoy en día el chavismo, que no traduce bolivarianismo revolucionario o socialismo, después de 20 años de proceso revolucionario siguen los civiles que conspiran en contra la constitución o la democracia social de derecho y de justicia siendo juzgados por tribunales militares. Veamos por qué.

Primero que todo, esto que dice el "Informe Bachelet mayo 2019-junio2020 sobre los derechos humanos en Venezuela", no es del todo cierto, es una medio verdad, por dos razones, una, que los "civiles" que están siendo juzgados en tribunales militares, no son cualquier civil, son civiles que se han alzado en armas en contra la Republica Bolivariana o forman parte de la conspiración para derrocar el gobierno legítimamente constituido de Nicolás Maduro, aupado, instigado y financiado desde la única superpotencia militar existente, el imperialismo yanqui, con el apoyo del estado narcoparamilitar colombiano y algunos países de la comunidad europea, así no tengan "ni una pistolita"; el hecho que el imputado sea civil y el tribunal militar, no significa que "son civiles juzgados por militares", esto no es tan verdad del todo; son civiles o que se han alzado en armas o forman parte de una conspiración que entre otras cosas es militar también, en contra de la Republica para cambiar la forma republicana de gobierno, en este caso sería derrocar a Nicolás Maduro presidente constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela. El tribunal es militar y ellos son civiles, pero el delito es político y es militar porque se trata de una conspiración o subversión, cuyo principal o decisivo elemento, es la parte armada en contra de la institucionalidad republicana.

Por otro lado se han creado tribunales penales ordinarios con competencia en la materia de terrorismo, por resolución del TSJ que son de naturaleza civil y no militar que ha sido publicado en la Gaceta Oficial Nº 40092 del 17 de enero del 2013, y son quienes juzgan en materia de terrorismo, sean civiles o militares, a la derecha conspiradora aupada por el imperialismo nor-atlántico y que tienen como zona de aliviadero a Colombia, el norte de Brasil y Guyana; es toda una conspiración internacional que hay en contra de Venezuela y por desgracia tenemos a una cúpula reformista que no defiende consecuentemente al país y contra-ataca duro como lo hizo Bolívar, en su momento, ante el colonialismo español y ha permitido que la derecha nos arrincones y nos haya hecho trizas la economía, en parte por estar en un guabineo y hasta en connivencia con ellos.

El informe de la Bachelet, a pesar que reconoce que existe una resolución del TSJ que crea tribunales civiles en la materia penal anti-terrorista, como lo especificamos arriba, en donde se juzga también a militares, y reconoce que a partir del 2018, "…se ha venido recurriendo cada vez más a estos tribunales para juzgar casos de relevancia política, incluyendo de militares…", a pesar de reconocerlo, repito, lo que significa que es un reconocimiento que este tipo de tribunales anti-terroristas y de naturaleza civil, han venido desplazando a los militares para juzgar no "a civiles" como dice el informe prejuiciado de marras, sino a civiles y militares que han cometido el delito militar de conspiración; pero no deja de buscarle las cinco patas al gato, como informe tendencioso que es, y de todas manera condena a este tipo de tribunales, sencillamente porque su creación no es producto de una ley de la Asamblea Nacional y adiciona que allí no se respeta el debido proceso sin especificar ningún caso concreto.

También critica este informe ACNUDH, el hecho que en materia anti-terrorista las audiencias no sean públicas, pero si observamos los juicios en materia terrorista en el ámbito internacional; vemos a la derecha hacer todo un show mediático, un espectáculo circense, en donde tanto los jueces como los policías intervinientes anda con el rostro encapuchados y las audiencias son más que súper-secreta, la regla en el tratamiento de este tipo de delitos en el derecho occidental capitalista es que sus juzgadores sean "jueces sin rostros", es decir encapuchados para que nadie sepan quienes son, mayor falta de publicidad no puede existir, aparte que es bien ridículo porque es un show en donde el capitalismo induce al terror, es una forma de terrorismo psicológico de masas, y forma parte de la condena mediática sin formula de juicio que es la característica sobresaliente del derecho actual de la globalización financiera, el cual está inmerso en los que el maestro Raúl Eugenio Zaffaroni denomina "La Criminología Mediática", es decir, los grandes medios condenando sin el más mínimo derecho a la defensa; son denunciantes, policías actuantes, fiscales imputadores, jueces condenadores y verdugo ejecutores de pena al mismo tiempo y en un mismo tiempo; pero la hipocresía de la derecha y el fariseísmo de un organismo pro-yanqui dentro de las Naciones Unidas como los son tanto la ACNUDH y "El Consejo de DDHH", hacen que la salsa que es buena para el pavo, en los países occidentales y sus áreas de influencia o lacayos, como el gobierno de la oligarquía colombiana y de Bolsonaro en sur-américa, no sea buena para la pavita en Venezuela. En Venezuela los juicios anti-terroristas, deben ser públicos y abiertos y los jueces, fiscales y policías deben dar su nombre y apellidos completos y sitio de residencia para que los "contratistas-terroristas" anglosajones, franceses e Israelíes los visiten.

LA BUROCRACIA Y SU INCONSECUENCIA CULPABLE DE LA VIGENCIA DE LOS TRIBUNALES MILITARES.

Una vez aprobada la constitución en 1999, ha debido empezarse a adecuarse todas las leyes a la nueva carta magna, entre ellas ha debido hacerse una reforma integral del código penal, Código Orgánico Substantivo Penal (COSP), lo denomine cuando hice la propuesta hace diecinueve (19) años, aproximadamente, y dentro ese código un libro o titulo especial, propuse, para tratar los delitos "En Contra la Constitución" o "Constitucionales", aquellos que cometen quienes se alzan en contra la constitución, también delitos que la doctrina denomina como "políticos", en donde entra la subversión, la insurrección, traición a la patria, terrorismo y nuestro código actual define como de "conspiración"; esta sería una jurisdicción especial con tribunales, fiscales, policías y cárceles, especiales.

Esta creación de los tribunales constitucionales, ya descritos, eliminaría cualquier posibilidad que algún tribunal militar o de otra índole, pudiese dirimir algún delito de conspiración y quedarían los tribunales militares para faltas y delitos cometidos por militares, en función del servicio militar.

Cuando la cúpula del proceso bolivariano, en el año 2000 y siguientes no adecuo las leyes substantivas y adjetivas penales a la nueva constitución, más que todo por negligencia o inconsecuencia, ya que el no haberlo hecho, no tiene justificación alguna, ha permitido que tribunales militares, hagan lo mismo que hacían cuando en la era de la partidocracia adeco-copeyana o puntofijismo, sean competentes para dirimir delitos en contra la forma republicana de gobierno, como lo describe nuestro código penal actual al delito de conspiración.

Pero volviendo sobre el tema del Informe Bachelet, en donde condenan al estado venezolano como violador de los derechos humanos por civiles ser enjuiciados por militares en tribunales militares, insisto, no es tan así, es una "medio verdad" como ya lo referimos arriba, puesto que no están haciendo como el puntofijismo quien utilizó a los militares, para que metieran preso, asesinaran y torturaran a la izquierda revolucionaria, quien al comienzo de los años 60, bajo la influencia de la revolución cubana que se sintió en todo el continente, decidieron implementar la lucha armada, en su versión de guerra de guerrillas al estilo del Che Guevara, esa lucha en Venezuela, aunque tuvo su clímax, en los 60, continuo en los 70, con menos fuerza y en los 80, con menor fuerza todavía; y no solo se enjuiciaban a guerrilleros sino a sindicalistas, dirigentes estudiantiles, dirigentes campesinos y dirigentes sociales y políticos sin afiliación partidista o inscritos en el organismo rector electoral (Legalizados) que ni estaban armados, ni estaban ligados con gente armada, ni tampoco estaban relacionados ni subsidiados por potencias o superpotencias extranjeras, como sucede con la derecha hoy en día, eran rebeldías o disidencias muy endógenas muy domesticas o locales, a veces ni siquiera eran de ámbito nacional, no obstante eran enjuiciados por "rebelión militar", en tribunales militares, sin ninguna contemplación y derecho alguno y dentro del marco de la guerra fría éramos considerados "agentes de Moscú" o de Pekín o de La habana, con todo el trato (Mal) que ello implicaba.

Hoy vemos que el gobierno, a los delitos por terrorismo que forman parte de las acciones de la derecha para derrocar al gobierno legítimamente constituido de Nicolás Maduro, aupada desde el extranjero, han habilitado tribunales civiles y no obstante el informe de la Bachelet, en vez de reconocerlo, más bien los condenó por motivos caprichosos (Buscándole las 5 patas al gato), alegando que no fue por intermedio de una ley aprobada por la Asamblea Nacional; es decir, "si no me agarra el chingo, me agarra el sin nariz".

ACNUDH HA DEBIDO INCOAR AL IMPERIO ANGLOSAJÓN-FRANCO-GERMÁNICO POR LO QUE SUCEDE EN VENEZUELA.

La Bachelet como la máxima figura mundial en materia de derechos humanos, su función debería ser (Deber ser), no el utilizar los sagrados derechos humanos como arma política para favorecer al imperio anglosajón-franco-germánico o nor-atlántico en su táctica de reconquistar o recolonizar a Venezuela dentro de la globalización de la financierización o la teoría Monroista, sino proteger los derechos humanos y la paz en todo el mundo; y al darse cuenta que Venezuela es víctima de una guerra por representación muy típica de los imperios anglosajones, tanto el viejo como el nuevo, o "Guerra No Convencional (GNC) o como dicen varios autores que estudian la geopolítica y los fenómenos económicos-políticos-militares actuales, que son fuentes del derecho y en concreto de los derechos humanos, "Guerra Hibrida" o de "Cuarta" o "Quinta" Generación, ha debido demandar al imperio anglosajón-franco-germánico, en donde se incluyen a USA, Canadá y varios países de Europa, viejas potencias colonialistas, hoy en decadencia y los lacayos Nuestroamericano, como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, los países de centro-américa, menos Nicaragua y también, desgraciadamente, nuestra gran hermana Brasil, por causa de su presidente actual Jair Bolsonaro, y Guyana instigado por Inglaterra y Francia que ya ocupan ilegalmente territorio en reclamación del Esequibo venezolano y financiados por la petrolera Exxon, repito, a la Bachelet, ver, porque es fácilmente detectable, que Venezuela está siendo víctima de una guerra hibrida imperialista, ha debido inmediatamente demandar a Washington y sus aliados o lacayos, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que cesen estas prácticas que son delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en contra del género humano e inmediatamente pasar la denuncia ante el Consejo de Seguridad, para que tratara el asunto y convocar a la Asamblea General de países de la ONU y proponer una legislación o tratado en donde se califiquen las guerras no convencionales imperialistas o concretamente gringas como delitos de lesa humanidad y de guerra y se prohíba su práctica y se tomasen las medidas cautelares pertinentes a nivel global.

En lo nacional, la Bachelet, convertirse en la gran mediadora e impulsora y promotora de una mesa redonda de dialogo entre las partes en pugna, en este caso serian los lacayos nacionales del imperialismo capitalista agresor, con participación de este obviamente por ser "el dueño del circo" y las víctimas, en este caso el gobierno legitimo de Nicolás Maduro y la Sociedad Civil, con miras a buscar una solución definitiva a este tipo de guerra de baja intensidad cuya clave seria "La Re-Constitucionalización de Venezuela", en otras palabras volver a la vigencia plena y eficaz de la Carta Magna de 1999. Dentro del proceso de reconstitucionalización debe incluirse como parte de este, la solución pacífica al conflicto de baja intensidad de guerra hibrida o molecular, en donde forma parte la salida electoral (Elección Presidencial, legislativa nacional, regionales y municipales), que pudiera denominarse "proceso de relegitimación de los poderes público", palabra esta conocida en Venezuela y la depuración o reestructuración de la administración pública toda y de la sociedad civil (Las denominadas "organizaciones intermedias", en donde se incluyen los sindicatos, los consejos comunales, de campesinos y los centros de estudiantes, sobre todo en las universidades nacionales, las universidades, los colegios profesionales, etc.), depuración esta tanto pública como privada que debe formar parte del proceso reconstitucionalistas mentado.

Pero para actuar, imparcial y magnánimamente, como se ha especificado en los párrafos anteriores; se requiere ser independiente de verdad, verdad, en un organismo que sea la justicia y la beneficencia de los habitantes del planeta Tierra, su meta y no ser un vil instrumento de un imperio o de un factor de poder dentro de la ONU, representante de las Tres potencias con derecho al veto dentro del Consejo de Seguridad.(En realidad es una sola, USA, Inglaterra y Francia, están de "relleno"), que son producto de la correlación de fuerzas que existía para 1945.

Por eso dentro de las conclusiones y recomendaciones a este análisis del "Informe Bachelet" o "ACNUDH, sobre los Derechos Humanos en Venezuela, mayo2019-junio-2020", debe incluirse, que Venezuela es víctima de un mecanismo de terrorismo de estado imperial que ya han sido víctima de este tipo de guerra no convencional o hibrida otros países como Siria, Libia, Iraq, Afganistán, acción esta ilegal y violatoria del derecho internacional y la paz mundial, por lo tanto se deben impulsar todos las acciones que permitan los organismos internacionales para que cesen este tipo de prácticas de nuevo tipo de guerras de conquistas y colonización, ilegales y contranaturales.

SOBRE "EL CONTRABANDO" EN EL INFORME POR PRESION DE GRUPOS ULTROSOS DE DERECHA Y ONG SUBSIDIADAS EN DOLARES.

La Resolución que ordena hacer el informe Bachelet, aquí en cuestión, fue muy claro que debía referirse a la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia dentro del punto de independencia judicial, hacer referencia a la violación de los derechos económicos y sociales, en Venezuela; y un segundo (O tercer) punto relativo a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco.

Pero por presión de los "talibanes", grupos ultrosos de derechas "anti-chavistas" (Mas que anti-chavistas son "Anti-Venezuela"), en donde está incluida la ONG "Foro Penal" y otras ONGs., subsidiadas en dólares que forman parte del componente de la "guerra hibrida", quienes por cierto son tan influyentes en Washington que ya lograron "rasparse" al representante de la ONU en Venezuela el alemán Peter Grohmann, quien es funcionario de carrera y desde el 2016, se encuentra en el país con el cargo de coordinador representante residente en Venezuela de la ONU y venia de desempeñar cargos relevantes en el reino de Bahrein, El Salvador, Belice y Panamá.

La ONU, hasta no hace mucho estaba pidiendo currículo, en Caracas, para ocupar el cargo de Grohmann; ya que las ONGs y sectores radicales de la derecha, exigen a una persona que sea más confrontativa con el gobierno nacional, alguien que se imbrique con la guerra no convencional imperialista que tienen los gringos y sus lacayos en contra del país. Este señor Grohmann ha sido calificado de "que no ha sido una persona independiente del gobierno."; o "solo se ha encargado de hablar con funcionarios del régimen de Maduro, dejando de lado encuentros con las organizaciones defensoras de derechos.".

Los puntos de "contrabando" en el informe son: Los literales "A" referente a "Violaciones de los Derechos a la Vida y la Seguridad Personal", que va desde el numeral 18 al 31, ambos inclusive; en donde existen muchos "refritos", denuncian que se ve que son de la gestión de Luisa Ortega Díaz, en donde, sobre todo, en los últimos meses de su gestión que duró 17 años, aproximadamente, dejó de existir colaboración o buenas relaciones con los órganos policiales (CICPC, DGCIM, FAES, GNB), pero esa situación, creo que no sucede con la actual gestión de Tarek William Saab.

En Venezuela a pesar que se adoptó el sistema acusatorio, con la aprobación del COPP, en 1998, en reemplazo del proceso sumarial de carácter policiaco-militarizado que predominaba la parte represiva por arriba de la parte civil y democrática como son los tribunales, fiscalías y los derechos humanos; y precisamente el sistema acusatorio, era para que los policías, organismos militarizados, y muy corrompidos y violadores de los derechos humanos, se sometiesen a la fiscalías y los tribunales y no pasase como cuando el puntofijismo, en donde el policía represivo y matón, era quien se imponía en la investigación y el proceso en general y le marcaba la pauta al fiscal y al juez y decidía quien vivía o moría o salía en libertad.

La primera reforma adjetiva penal, que creó el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en 1998, impuso un sistema procesal penal de respeto a los derechos humanos y al debido proceso prevaleciendo el principio de afirmación de libertad por arriba de la privación de libertad y sistema de jurados (El pueblo), sentenciando; pero la derecha social, expresada en los medios de comunicación especializados en los tribunales, el gremio de abogados, policías, penitenciaristas y las escuelas de derecho, sobre todo la de la UCAB, Santa María y UCV, de tendencia conservadora y oscurantistas, en otras palabras, el gremio de abogados, policías, la academia y la "critica" (Opinadores de oficio que marcan tendencias), se quejaron porque era un sistema muy "débil", en donde el delincuente, decían, nunca iba preso; me recuerdo que las primeras manifestaciones de calle de la derecha política en contra del chavismo, las hizo el gobernador del Estado Miranda de apellido Mendoza fueron "en contra del COPP", ellos decían que "al delincuente había que meterlo preso" lo demás era delicadeza.

Este ambiente reaccionario fomentado por la derecha hacia armonía con un funcionariado penal, supuestamente "bolivariano", "revolucionario" de "izquierda", arribistas que asaltaron al aparato chavista y se apoderaron de los puestos de poder con el consentimiento o la indiferencia de la cúpula, encabezada por el mismo Chávez y sus allegados quienes no vieron importante o "estratégico" los derechos humanos y el debido proceso; esa armonía o "química" producto de una afinidad ideológica, entre derechistas de tendencia policiaca y viudos de un régimen represivo como el puntofijismo y funcionarios chavistas infiltrados o de formación socialdemócratas, lograron frenar los cambios en materia penal que con la reforma que implicó el COPP mas la nueva constitución bolivariana garantista, de haberse desarrollado, hoy en día Venezuela fuese un dechado de vigencia plena y resplandeciente de los derechos humanos y el debido proceso, ejemplo mundial, y policías, fiscales o jueces, corruptos o matones no existieren o fueran una ínfima minoría, la excepción de toda regla, y no al contrario como sucede hoy, pero eso era "mucho camisón pa Petra", hay gente que jamás estarán a la altura de los acontecimientos porque, al barrigón ni que lo fajen chiquito.

Pero este ambiente de destrucción de las instituciones, es por culpa de la derecha misma y los infiltrados de estos dentro del proceso bolivariano revolucionario, quienes al principio saboteaban desde adentro las instituciones policiacas, del ministerio público, judiciales y carcelarias, como forma de hacerle oposición al chavismo oficialista, hasta que lograron colapsar todas esas instituciones, ese colapso definitivo, coincidió con la llegada de Nicolás Maduro a Miraflores, en el año 2013-2014, e inmediatamente se incorporan a la guerra hibrida imperialista en contra del país; los gringos vieron en el ascenso de Maduro a Miraflores, la gran oportunidad para recolonizar a Venezuela, si se quiere la joya de la corona de sur américa, por no tener un liderazgo solido como lo tenía Chávez y por una tendencia natural hacia la derechización hacia el neoliberalismo y sus buenas relaciones con el adequismo y derivados que lo conlleva a hacer pactos soterrados; por eso aceleran la conspiración y el 9 de marzo del 2015, el presidente Obama, lanza el decreto ejecutivo en contra de Venezuela tildándola de "amenaza extraordinaria e inusual en contra USA", cosa que es falsa, pero justifica la declaración de guerra no convencional o de cuarta generación o hibrida.

En conclusión podemos decir que muchas de las cosas que se dicen aquí, con respecto al informe, sobre este sub-punto "A", que es un contrabando que van desde el numeral 18 al 31, son ciertas, tenemos unos cuerpos policiales que se comportan tan igual como cuando el puntofijismo; asesinan, torturan, violan los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la defensa; una de las cuestiones que más han afectado esta mala conducta del sistema criminal chavista, ha sido el ejercicio libre de la profesión de abogado, como son el nombramiento de abogado privado, aun a solicitud del imputado mismo, imponen un defensor público de confianza del gobierno y la incomunicación del detenido que impide su visita, no solo para su abogado defensor sino para los familiares mismo del imputado. Esto es gravísimo, así el imputado sea un terrorista de la ultra-derecha tiene esos derechos; pero las policías, en especifico el CICPC y la GNB, mucho más el SEBIN y DGCIN, quienes custodian privados de libertad, permiten o promueven estos abusos, sin que jueces, fiscales puedan hacer nada o miran para otro lado como cuando el puntofijismo.

LA GUERRA HIBRIDA ATENUA EL COMPORTAMIENTO OFICIALISTA

La amenaza de personeros del Departamento de Estado y el Pentágono gringo, señalando con identificación plena, ante los medios de la globalización monetarista a magistrados, fiscales y otros funcionarios de la administración de justicia penal o meterlos en una lista sancionatoria, implica que existe una guerra hibrida o no convencional en contra de Venezuela, elemento suficiente para que la alta comisionada de la ONU en materia de DDHH, hubiese tomado cartas en el asunto e intentado las acciones pertinentes, ante los organismos internacionales; pero ha hecho todo lo contrario, más bien ha tomado parte en la beligerancia a favor del imperialismo anglosajón-franco-germánico.

Por eso, si bien es cierto que nada justifica la violación de los derechos humanos, pero la existencia de una guerra de conquista o recolonización por parte de la principal o única súper-potencia global, en esta modalidad de nuevo tipo inmerso dentro las guerras no convencionales o hibridas, atenúa la culpabilidad del gobierno de Maduro en ciertos comportamientos que no sean violaciones graves a los DDHH. Pero la falta mayor es de esta ACNUDH de Bachelet, ya que ella, debería ser la garante de los derechos humanos y la paz mundial y no obstante, estar consciente que existe una guerra hibrida en contra de Venezuela, no ha hecho nada por impedir esa violación grave a los derechos humanos por parte del imperialismo anglosajón-franco-germánico y sus lacayos.

VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO Y SOBRE LA ESTABILIDAD DE FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS.

Dentro de los dos puntos de "contrabando" en este informe y como literal "B" se menciona "Violencia por Motivo de Genero", en donde figuran los numerales 32, 33 y 34. En El numeral 32, critica al "Gobierno" quien declaró que en el año 2019, el Fiscal General de la Republica, recibió 32.530 denuncias por actos de violencia en contra de la mujer, y luego agrega que "…no aportó información sobre las conclusiones de su examen.". En el numeral 33 del informe, expone: "…Aunque existen tribunales y unidades policiales especializados en la violencia de género, los testimonios de las víctimas indican que estos carecen por lo general de un enfoque centrado en las víctimas. Solo existen cinco refugios para ofrecer protección a las mujeres que son víctimas de la violencia de género…".

Y por último, el punto 34, dice, relevantemente: "El ACNUDH recibió información sobre presuntos casos de trata de personas, inclusive de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual, que eran llevadas a Trinidad y Tobago y Curaçao….". Concluye que no obstante la denuncia, la investigación ha avanzado poco.

Por otro lado, y dentro de la estabilización laboral de jueces que es lo que entiende la Bachelet como "independencia del poder judicial", el informe aboga, por la misma "independencia" (Vale decir estabilidad laboral o nombramiento de titular) que pide para los jueces, se dé también para fiscales y defensores público; aquí es válida la mismo criterio que dimos con respecto a los jueces.

SOBRE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES.

Aunque en la primera entrega adelantamos opinión sobre la violación de estos derechos económicos y sociales, que es el principal problema que afecta a los venezolanos, me refiero a las grandes mayorías, y a pesar de haber metido en la resolución que ordena el informe como un punto formal a tratar, su tratamiento en el informe Bachelet fue muy pírrico, me imagino que obedece a que el principal agresor al pueblo por la violación de estos derechos son los capitalistas, matriz de la causa imperialista y de la derecha mundial y nacional por intermedio la hiperinflación y la dolarización, ambas inducidas y dentro de una estrategia de guerra no convencional con fines de provocar ingobernabilidad y desestabilización; quien cuenta con un gran cómplice como lo es el estado que se autodefine como "socialista", "bolivariano revolucionario", de "izquierda", quien no mueve un dedo para controlar, impedir con las leyes esa actitud ilegal y también los comerciantes y empresarios de la derecha tienen un socio menor, que es la boliburguesía y es la tendencia o fracción que domina a la cúpula del gobierno chavista.

En la primera entrega dijimos la serie de violaciones a los derechos económicos y sociales que parte del gobierno mismo, pero también reseñamos la actitud de agresor o victimarios de los patronos y empresarios y comerciantes que hacen al pueblo la gran victima de la hiperinflación inducida y la dolarización.

Como ya realizamos el diagnostico en gran parte, no nos toca otra cosa que proponer las propuestas de salidas que serán resumidas en las conclusiones y recomendaciones.

ANTE EL DESCOMUNAL DETERIORO DE LOS DERECHOSECONOMICOS Y SOCIALES DEL VENEZOLANO LA ACNUDH DEBE ACTUAR COMO UN TERCERO DE BUENA FE Y NO COMO PARTE BELIGERANTE.

Es muy fácil detectar que la hiperinflación y la dolarización, en Venezuela, son inducidas y por motivos políticos con fines de provocar desestabilización e ingobernabilidad para provocar la caída del gobierno de Nicolás Maduro, y esta maniobra de carácter geopolítico forma parte de la guerra no convencional o hibrida por parte del Imperialismo Anglosajón-Franco-Germánico que ya ha hecho este tipo de operaciones de carácter económico y social pero con fine político, en Nuestramérica, en Cuba, desde los años 60 y en Nicaragua, en los 80, en Serbia, en los 90 y en Asia y África tenemos los ejemplos de Afganistán, Iraq, Libia y Siria e Irán desde 1979, guerras no convencionales o hibridas, estas, de las cuales ya hablamos arriba, por lo que no es preciso volver a especificar sobre el particular; solo nos queda decir que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, al percatarse que Venezuela es víctima de una agresión imperialista que son violaciones graves a los derechos humanos, asimilables a delitos de lesa humanidad y crimines de guerra que violan la paz mundial y el derecho internacional, ha debido actuar.

Tal y como lo dijimos con los derechos humanos de primera y segunda generación analizados arriba, y siendo el mismo caso con los derechos económicos y sociales ha debido pedir una protección especial para el pueblo venezolano y demandar ante la CIJ a Washington y sus aliados y títeres y a la vez pedir la nulidad y prohibición de este tipo de conductas que son guerras de conquistas y colonización de nuevos tipos y ha debido también proponer, una ley o acuerdo que condenen e impidan este tipo de guerra imperialistas hacia naciones más débiles.

Pasar el caso al Consejo de Seguridad y convocar a una asamblea general de naciones extraordinaria para tratar este asunto y que dentro del concierto de naciones sean condenadas y prohibidas estas prácticas de tipo imperialistas.

En lo interno ha debido convocar a ambas parte a una mesa redonda de diálogo para buscarle una salida pacífica y electoral, si fuere el caso, al asunto; un verdadero mediador, un agente de paz, un tercero de buena fe.

En la próxima tercera entrega hablaremos sobre la violación de los derechos humanos en la zona del Arco Minero del Orinoco.



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Francisco Sierra Corrales


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