Si aplicamos la Constitución con severidad la especulación tendrá que sucumbir

Ya antes, como humilde periodista, fijamos posición en torno al hecho económico que afecta al país, sobre todo a esa parte que tiene que ver con la venta de alimentos, que cada día se hace cuesta arriba para que los venezolanos podamos tener acceso a los mismos.

A lo largo del tiempo los más encumbrados economistas nos han hecho ver que cualquier producto que se venda en un mercado común, como el nuestro, estos productos o insumos, y en este casos nos referimos a los alimentos, están sujetos a cambiar de precio de inmediato, si la inflación se dispara, como de hecho ocurre diariamente en nuestra nación.

Ese flagelo, nos referimos igualmente a la inflación, es sin duda el primer obstáculo o enemigo a vencer en nuestra economía, y los únicos que tienen en sus manos la receta para enfrentar a ese monstruo de mil cabezas es el gobierno, que al mismo tiempo tiene que andar de la mano con los propios empresarios o productores, que están dedicados en cuerpo y alma a cubrir las necesidades alimentarias del país.

En el caso de esos productos que nos da la tierra aquí juega un papel fundamental nuestros queridos campesinos, que a fuerza de lomo y sudor labran la tierra, a pala y escardilla, para producir las suculentas hortalizas y verduras, pero vemos que la mayoría de las veces andan solos y a la deriva a la espera que les den el apoyo técnico y financiero, sin estos lleguen por ninguna parte.

Igual pasa con la venta de fertilizantes y plaguicidas, que por lo general no se venden a precios razonables, a pesar que son tan necesarios para cumplir con una efectiva productividad. No hay duda que detrás de este negocio hay mafias enquistadas, muchas veces a la vista del propio gobierno, que no hace nada para desarticularlas.

Volviendo al tema, recordemos que nuestra Constitución, una vez que fue aprobada el 15 de diciembre de 1999, incluyó, para enfrentar la especulación, el Artículo 114, que establece: "El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley." Así pues vemos que nuestra Carta Magna, en su momento oportuno, supo crear una barrera que impide que los comerciantes inescrupulosos hagan de las suyas. Solo falta que las autoridades correspondientes lo hagan cumplir.

En nuestra declaración de prensa dijimos al referirnos a este controvertido tema que la acción llevada a cabo por el gobierno nacional de regular y fiscalizar al mismo tiempo las ventas de alimentos era un paso acertado que todo el pueblo de escasos recursos del país estaba esperando con ansias, pero que no había que dejar de lado cuál es el origen de dónde realmente parte el problema.

Aclaramos en ese momento que no estamos en contra del libre mercado, ni mucho menos alentamos las acciones en perjuicio de la actividad industrial, empresarial o comercial, "pero ante el desbarajuste que viene ocurriendo con los altos costos de los alimentos, una medida como la que ha tomado el gobierno del presidente Nicolás Maduro se hacía necesaria".

También dijimos que a lo largo del tiempo hemos vistos que de nada valen los aumentos salariales que el gobierno decreta para paliar un poco la inflación, pues son los mismos comerciantes, sobre todo los que se la dan de vivos, de ser los responsables de elevar los precios de todo lo que venden, aun cuando los productos que ofrecen los han adquiridos muchas veces antes de que se produzcan las alzas planificadas.

Igualmente dijimos que si bien se desea meter en cintura a los dueños de empresas y sobre todo a los comerciantes dedicados a la usura, es necesario verificar de dónde parte realmente el problema, pues la mayoría alega, quizás como excusa, que los aumentos obedecen porque los distribuidores traen las mercancías más caras, es decir, con precios nuevos, y eso los obliga a tomar mucha veces esas dolorosas decisiones, por cuanto entienden que la mayoría de los consumidores no tienen como pagar.

Dijimos también que la voz campante de esos comerciantes es que no pueden invertir para perder y desde luego que tienen razón. Por ello repetimos lo que expresamos antes:

"Si los productos son importados, hay que ver quiénes los traen, a que tasa de dólar los están pagando, para así poder determinar quiénes son realmente los responsables de querer llevar al país a una mega inflación".

En cuanto a la medida de intervención que el gobierno decretó contra Alimentos Polar, igualmente manifestamos que a ese grupo económico había que intervenirlo desde hacía mucho tiempo atrás, pues es innegable que promueve la especulación y sobre todo el monopolio, que está cuestionado en cualquier país del mundo, como pasa actualmente en la propia cuna del capitalismo, como los es Estados Unidos.

No obstante a lo antes dicho, hicimos la siguiente salvedad: "La idea no es hacerle daño al Grupo Polar, ni mucho menos buscar que esa macro empresa se vaya a pique o a la quiebra, sino que sincere los márgenes de ganancias, sin perjuicio del pueblo".

Por último exhortamos al gobierno revolucionario a no bajar la guardia, pero si flexibilizar las medidas impuestas, cuando la realidad económica así lo imponga, por ello pedimos que se den a conocer los costos de producción de cada empresa, de cada productor, para así fijar los precios reales, cuidando, desde luego, que no exceda el 30 por ciento de ganancia, como está establecido.



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Italo Urdaneta

Periodista, historiador y profesor universitario

 italourdaneta@gmail.com

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