Caracas, 28 Oct. ABN.- La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) convoca a una marcha nacional, para el próximo jueves 1 de noviembre, a fin de defender la aplicación del decreto de solvencia laboral.
El coordinador nacional de la UNT, Servando Carbone, explicó que se concentrarán frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
'Allí solicitamos formar parte en el juicio para defender la solvencia, dada la admisión del recurso de amparo de nulidad contra el decreto de solvencia laboral, en la Sala Política- Administrativa de la máxima instancia judicial, solicitado por Conindustria”, afirmó el dirigente sindical.
Carbone refirió, en un comunicado de prensa emanado de la UNT, que con la solvencia laboral no se pretende vulnerar el desarrollo económico de la empresa, ni del comercio, sino garantizar los derechos de los trabajadores.
'Los empresarios no van a decir que esa no es la razón por la cual solicitaron al TSJ la nulidad del decreto de solvencia laboral, ya que admitirián que explotan a los trabajadores de manera indiscriminada y no le respetan sus derechos socio-laborales establecidos en la ley”, alertó.
Una vez consignado el documento ante el máximo tribunal del país, los trabajadores se movilizarán por la avenida Baralt hasta la Vicepresidencia de la República, en donde entregarán otro documento en defensa de la solvencia laboral, la cogestión y la mesa conflicto cero.
'Con ambas concentraciones pretendemos impedir que un logro de los trabajadores, para defender sus derechos consagrados en la ley, vaya a ser cercenado por aquellos que piensan que el derecho depende del dinero que se tenga', indicó el dirigente.
De igual manera, los trabajadores plantean el mecanismo de la contraloría social ante el Ministerio del Trabajo, a fin de garantizar la correcta implementación de dicha normativa legal.
'Consiste en hacer de dominio público la lista de las empresas, públicas y privadas, solventes e insolventes', explicó Carbone.
Los representantes laborales denuncian la existencia de varias empresas contratistas con el Estado que incumplen las normativas y no acatan las decisiones de reenganche de los tribunales laborales.
