Acusan a Martinelli de muerte de cinco niños en represión de Changuinola

Panamá bajo una dictadura civil violadora de los derechos humanos

Panamá bajo una dictadura civil violadora de los derechos humanos

27 de oct. 2010.-La inhalación de gases tóxicos emanados de las bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía Nacional pudo haber sido la causa de la muerte de cinco niños que fallecieron en Bocas del Toro durante la represión a las manifestaciones populares que se efectuaron el pasado mes de julio.

Los decesos de los infantes aparecen registrados, hasta ahora, como consecuencia de problemas pulmonares, informó el diario La Prensa.

Esos hechos demuestran que bajo el gobierno del presidente Ricardo Martinelli Berrocal, Panamá tiene un “dictador civil y violador de los derechos humanos”, dijo el activista de los derechos humanos, Mauro Zúñiga.

El Informe especial de seguimiento y análisis final realizado por la Defensoría del Pueblo en relación con los disturbios de Changuinola, se sustenta en documentos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), así como en una entrevista al director de esa entidad, Humberto Mas.

Según el informe, dos de los muertos fueron Virgilio Castillo y Antonio Smith, ambos tiroteados con perdigones de plomo.

Otra de las víctimas murió porque tenía la “apéndice cecal” perforada; otro por asfixia por sumersión; uno más por problemas de diarrea y vómitos, y cinco por “problemas pulmonares”.

Sobre estos últimos, Mas dijo que su desenlace fatal pudo haber tenido relación con la inhalación de gases tóxicos provenientes de las bombas lacrimógenas.

Pero aclaró en el informe que debía esperar por los resultados de las pruebas toxicológicas, que aún no han llegado. Mas no descartó dicha relación pero precisó que será difícil comprobarla científicamente.

El informe también aclara el número de heridos: 716 en total, 44 de estos policías; 67 con tiros de perdigón en los ojos; dos con ceguera permanente.

El informe de la Defensoría dedica varias páginas al tema de las actuaciones de la Policía Nacional y advierte contradicciones entre las novedades reportadas por dicha institución y lo declarado por su director, Gustavo Pérez.

Por ejemplo, destaca que en un informe remitido por la PN el 27 de julio se detalla que entre los “equipos disuasorios” usados por los uniformados hubo cartuchos de escopeta calibre 12 (7.5), los cuales, sin embargo, son en “realidad perdigones [que] forman parte de la fuerza letal”.

Al respecto el informe señala: “El hecho de preservar el orden público debe estar sujeto a la protección de la dignidad humana como fin primordial. En consecuencia, las actuaciones de la Policía Nacional deben ser destinadas al respeto y protección de las garantías fundamentales”.

Según se indica, durante los disturbios “se incurrió en la violación a la Convención de los Derechos del Niño, ya que se efectuaron detenciones de menores de edad sin sustento jurídico para ello, transgrediendo de esta forma su derecho a la libertad y desconociendo el tratamiento especial que deben recibir, como manda la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes”.

El informe, de 79 hojas, fue elaborado con información oficial aportada por el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la Policía Nacional, el Imelcf.

En su editorial de este martes, el diario La Prensa dijo que el “informe que ha presentado la Defensoría del Pueblo es espeluznante. No hay estadísticas de una represión tan sádica como la que detalla esta institución en su informe: 716 heridos, de los cuales solo 44 eran policías. El resto eran civiles, entre ellos 67 heridos de perdigones en los ojos. Estas cifras revelan la crueldad con la que actuó la Policía”.

“Pero el informe va más allá. Además de las dos muertes oficiales que también reconoce el Gobierno hay, al menos, cinco muertes más que pueden tener relación con los disturbios, pues, de acuerdo con Medicatura Forense, “pudieron haber tenido relación en cuanto a su desenlace fatal con la inhalación de gases tóxicos provenientes de las llamadas bombas lacrimógenas” que lanzó la Policía Nacional”, añadió el editorial.

Concluyó que “a los perdigones hay que sumarle ahora los gases tóxicos. Ante la saña con la que actuaron los agentes de la Policía, ¿qué hará el jefe del Ejecutivo? ¿Alguien pagará por todo lo que han sufrido estos panameños? ¿Quién se responsabilizará por las personas que perdieron los ojos? Seguramente estas preguntas nunca tendrán respuesta”.

Fuente: Con información de Diario Digital Nuestro País


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