Guanta, 07 Dic. ABN (Westalia Pinto).- El alcalde del municipio Guanta del estado Anzoátegui, Jonathan Marín, afirmó que solicitará una investigación judicial sobre el impacto ambiental generado por la empresa Cementos Mexicanos (Cemex), en esta localidad oriental, donde funciona una planta cementera en el sector Pertigalete.
“Si ellos están pidiendo una indemnización, un pago monstruoso por las instalaciones de la empresa (al Estado venezolano), entonces yo voy a cobrar minuto a minuto, segundo a segundo, todos los malestares que ha pasado nuestro pueblo producto de la instalación de esa empresa acá”, apuntó.
Marín deploró la demanda contra Venezuela introducida por Cemex ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias por Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, por falta de acuerdo en el precio de las acciones.
"Si nosotros queremos profundizar este debate, vamos a solicitar una inspección judicial para que se verifique el impacto ambiental que ha tenido esta empresa con el municipio y sus habitantes, porque si hay algo que no tiene precio en la vida es la salud", resaltó.
Afirmó que "lo importante es que hoy el Estado garantiza la producción de cemento para el país, y la estabilidad social y laboral de los miles de trabajadores que se encuentran dentro de Cemex y las otras cementeras”.
Asimismo, comentó que Cemex "siempre se aisló de cualquier política de desarrollo social de nuestro municipio, y la nacionalización llegó para reivindicar al pueblo, para que esta empresa verdaderamente este al servicio del desarrollo estructural del país".
El burgomaestre guanteño desestimó las acciones emprendidas por la transnacional mexicana, y aseguró que "el Presidente Chávez puede contar con que la planta de Pertigalete nunca parara las operaciones, porque el pueblo y los trabajadores están con él y apoyamos la nacionalización".
El 4 de abril de 2008 el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ordenó la adquisición de las cementeras Cemex (México), Lafarge (Francia) y Holcim (Suiza) que controlaban la producción del cemento en el país.
La medida recogida en el decreto Nº 6091 con Rango, Valor y Fuerza de Ley promulgado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5886 del 18 de junio, bajo la denominación de “Ley de ordenación de las empresas productoras de cemento”, daba un plazo de 60 días para la aplicación de la nacionalización.
Amparado en esta norma, el Estado venezolano adquirió el 89% de las acciones Lafarge y 85% de las Holcim, cuyo precio de venta deberá cancelar próximamente, dado que el proceso de transferencia debe culminar el 31 de diciembre de 2008, de acuerdo a lo establecido en el decreto Nº 6091.
Sin embargo, no se llegó a un acuerdo de precio con Cemex, por lo que se ordenó la expropiación de los bienes de la misma el 19 de agosto, nombrándose la comisión de transición. La Vicepresidencia de la República retomó las negociaciones con la empresa, venciendo el plazo para un acuerdo el 24 de octubre, sin resultados.
En consecuencia, el 30 de octubre Cemex presentó una demanda contra el estado venezolano, ante el Ciadi del Banco Mundial, por falta de acuerdo en el valor de las acciones, dispositiva que fue admitida recientemente por el organismo internacional.
