Se acerca la “ prueba de fuego” para la eficacia y credibilidad de las instituciones públicas del Estado venezolano con los anuncios hechos por la Fiscalía General de la República para los primeros días del mes de agosto, según los cuales serán acusados semanalmente a 20 ex funcionarios públicos por actos de corrupción administrativa.
La Comisión contra la Corrupción Administrativa del Estado Trujillo está plenamente confiada de que entre los primeros 19 actos conclusivos se encuentren los casos de los ex alcaldes Richard Cabrices, Elvis Vielma, Yerson Rodríguez y Heriberto Tapia entre otros, de los Municipios Carvajal, Rafael Rangel, Candelaria y Motatán respectivamente
De no producirse esas imputaciones en el Estado Trujillo en el cronograma de acusaciones semanales anunciadas por el Ministerio Público, entonces la militancia del PSUV y el pueblo de Trujillo quedaríamos defraudados, lo cual revelaría que en esos organismos predomina la presencia de la derecha de AD, Copei y sus derivados; y se le daría una bofetada a la dignidad, a la ética y a la moral revolucionaria, pues eso delataría que el proceso de reformas bolivarianas no ha llegado al Ministerio Público y al Poder Judicial, exponiéndose estos entes a serios cuestionamientos, al evidenciarse un doble discurso en cuanto al ataque a ese cáncer político inmoral denominado corrupción administrativa
La justicia bolivariana que actuó con contundencia y sin vacilaciones frente a los actos de corrupción del ex gobernador del Estado Zulia, el adeco Manuel Rosales, debe actuar con igual contundencia y decisión frente al caso de Richard Cabrices y los otros ex alcaldes del Estado Trujillo investigados por actos de corrupción administrativa. Los corruptos de Trujillo deben ser tratados por la justicia como fue tratado Manuel Rosales, pues entre ellos y Manuel Rosales no hay diferencias éticas, morales ni políticas.
El Presidente Hugo Chávez Frías afirmó el día 25 de julio que los “ delitos de corrupción deben ser castigados con prisión”, y es un llamado de alerta para que la sociedad en general y especialmente la militancia socialista del PSUV se conviertan en contralores y acusadores de actos de corrupción, caiga quien caiga, sin excepción, apartando a un lado sus simpatías, amiguismo y sentimentalismo hacia cualquier funcionario público que cometa actos de corrupción administrativa, de lo contrario se continuará aceptando el lema de “dejar hacer, dejar pasar” (laissez faire, laissez passer) del viejo y nuevo liberalismo que censura a los Estados que controlan, vigilan y aplican medidas tendentes sanear la administración pública y hacerla más eficaz, eficiente, honesta y justa.
Frente a la corrupción, la militancia del PSUV debe definirse si asumen posiciones socialistas o capitalistas ante la voracidad de funcionarios públicos que devoran los recursos del Estado, . Una vez que hayan sido imputados esos ex funcionarios, sus propiedades producidas por actos de corrupción, deben ser convertidas en empresas de propiedad social. De esta forma las propiedades adquiridas por métodos fraudulentos por Manuel Rosales y los corruptos de Trujillo y de todo el país, deben ser transformadas en empresas de propiedad social y del Estado. La propiedades como tierras, fincas, edificios, apartamentos, casas, centros comerciales, plantas de radio y TV, ferreterías, flota de vehículos camiones y gandolas entre otras, deben ser confiscadas por el Estado venezolano para que cumplan funciones sociales y oficiales. Así el proceso bolivariano hará justicia y honor con los postulados del socialismo y el cristianismo, aplicando normas morales y éticas si en realidad se quiere construir un sistema verdaderamente socialista en Venezuela.
Esos ex funcionarios corruptos también deben ser castigados con prisión y no premiárseles con otros cargos públicos. Richard Cabrices, por ejemplo quien funge como comisionado de la gobernación del Estado Trujillo con un sueldo de 4 millones bolívares ( 4 mil bolívares fuertes ), debe ser destituido y obligado a reintegrar al Estado venezolano las mensualidades recibidas. De igual forma sus protectores, el gobernador Hugo Cabezas y el diputado Oscar Pérez, continuarán siendo cuestionados moral, ética y políticamente por las bases del PSUV y por el pueblo trujillano por apadrinar, tolerar y complacer a corruptos, estimulando la recurrencia de actos de corrupción en la administración pública.
Continuando con el tema de la corrupción, les recuerdo a mis camaradas del PSUV y a los trujillanos en general, que detrás de cada obra, de cada actuación y de cada medida que toman los gobernantes de derecha que tenemos en el país hay un negocio camuflageado y eso también es corrupción. En Trujillo, por ejemplo, la suspensión de la actividad de las areneras o saques de arena, bajo el pretexto de estar ilegales, se ha podido convertir en la ocasión propicia para realizar supuestos negocios entre gobernantes y testaferros, lo cual podría tipificarse como un acto sospechoso de ilegalidad, aparte se ser un acto de neoliberalismo por cuanto se siguen beneficiando intereses personales privados, en vez de convertir esas areneras en empresas sociales o comunales para dar cumplimiento a las estrategias de socialización y desarrollo endógeno trazadas por el gobierno nacional con el Proyecto Nacional Simón Bolívar. De todas formas efectuaremos las respectivas investigaciones sobre el destino de esas areneras y extendemos la propuesta a las comunidades de crear empresas de carácter social con ellas.
Finalmente corroboro que este gobierno regional de derecha tiene pocos dolientes. Lo defienden solo los tarifados, contratistas y parientes de algunos funcionarios de la gobernación, que con el fin de mantenerlos en los cargos hasta pierden su dignidad convirtiéndose en sus lacayos. Por estas y las anteriores razones hago un llamado a los socialistas que no han estado en Batallones a que constituyan las Patrullas , y con los que están ya incorporados se declaren en debate ideológico y político permanente para poder entender que la derecha debe ser derrotada en el PSUV en las próximas elecciones internas y escoger para la Dirección del Partido en la región a los militantes con mayor conciencia revolucionaria y socialista, al igual que a la Asamblea Nacional no deben ir derechistas firmantes contra el Presidente Hugo Chávez Frías, quienes se encuentran en el entorno de Hugo Cabezas, encabezados por Angie Quintana.
*Militante del PSUV en el Municipio Valera. Estado Trujillo y miembro de la Comisión contra la Corrupción.
