A un mes del ataque militar de Estados Unidos y del secuestro de la pareja presidencial, en Venezuela no se impuso el caos, sino algo más inquietante: una extraña normalidad. Una calma fabricada en la que decisiones estructurales se toman sin debate público, mientras se administran silencios y se instalan narrativas destinadas a cerrar ciclos sin rendir cuentas.
En ese clima se aprobó, de manera acelerada, la nueva Ley de Hidrocarburos, que deroga la ley sancionada en 2001 y reforzada en 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez, luego del golpe de Estado y el paro petrolero de 2002–2003. Aquella ley fue una respuesta política a una agresión concreta: reafirmó el control estatal sobre el petróleo y lo colocó como eje de soberanía nacional. La reforma actual hace lo contrario. No se presenta como ruptura, sino como ajuste técnico; no se debate, se impone; no se discute en clave de soberanía, sino de confianza para los mercados.
Casi en simultáneo, se aprueba una ley de amnistía a los presos políticos, acompañada de una afirmación que no puede pasar inadvertida: que con ella se pondría fin al "periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad". Esta frase no alude solo al presente ni al madurismo. Reescribe todo el ciclo político abierto con la Revolución Bolivariana como un largo paréntesis de violencia que ahora debe clausurarse.
La amnistía, presentada como reconciliación, funciona también como cierre histórico. Libera personas, pero no restituye derechos colectivos. El pueblo trabajador sigue sin derechos laborales plenos, sin negociación colectiva efectiva y sin participación democrática real. Se liberan cuerpos, pero no se devuelve soberanía popular.
Mientras Estados Unidos define el ritmo del tablero y Europa acompaña hablando de "transición", el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez parece dispuesto a hacer más de lo que se le exige para ganar legitimidad externa, aun cuando ello implique profundizar la desposesión interna. Se invoca la soberanía mientras se la vacía de contenido.
Lo que vivimos no es solo una crisis de gobierno, sino un momento de ruptura política. El repliegue del PSUV expresa el agotamiento de un proyecto que dejó de sostenerse en el protagonismo popular y hoy se reconfigura como administrador de un nuevo orden dependiente.
Defender la soberanía hoy no es defender a este gobierno ni aceptar el relato que presenta todo lo ocurrido desde 1999 como un error a corregir. Ambas posiciones se necesitan y se legitiman mutuamente: una administra la derrota; la otra la celebra. Nuestra tarea es otra. Disputar el sentido del pasado y del futuro desde una posición antimperialista que no dependa del Estado ni del capital, y que vuelva a colocar en el centro a quienes han sido sistemáticamente excluidos. No hay reconciliación posible sin justicia social, ni normalidad aceptable construida sobre la renuncia a la soberanía popular.
