Revolución y delincuencia

No se hace ningún descubrimiento asombroso al señalar que, hasta ahora, este gobierno ha sido débil o ineficiente en la lucha contra la delincuencia común. Eso por no mencionar la de cuello blanco, empezando por el peculado. Existe incluso la impresión de que soterradamente hubiera interés en permitir que ciertos delitos encubiertos como protestas se cometan al amparo de la impunidad. Esto resulta particularmente creíble cuando se trata de invasiones a la propiedad privada, ya bien sean viviendas urbanas o posesiones agrícolas.

El caso es que la delincuencia, de todo tipo, está desbordada y rebasa con creces la capacidad de las autoridades para contenerla. No solo eso, en muchas localidades del país los delincuentes más poderosos están a cargo de organismos policiales y desde allí ejecutan sus fechorías, ya bien sea en persona o mediante malandros interpuestos.

En Nueva Esparta, por ejemplo, es público y notorio que existen roscas policiales que se benefician del tráfico de drogas y si no la venden en forma directa al menos extorsionan a los traficantes callejeros, a quienes protegen a cambio de una buena tajada de sus ingresos. Ahora ocurren crímenes nunca vistos, como el sicariato y el secuestro, y los ajustes de cuentas se producen con saña y alevosía.

Aún cuando ciertos teóricos pretenden justificar determinadas conductas delictivas en Venezuela no existe una situación que de pie para saqueos, atracos o hechos similares, cometidos so pretexto de un estado de necesidad. Resultaría absurdo afirmar que vivimos circunstancias parecidas a las que ocasionaron el "Caracazo" del 27-F 1989. Si usted no tiene como pagar lo que desea comprar en un Mercal, ello no lo autoriza para llevarse los alimentos a la machimberra.

Ignoro qué opinan al respecto los ideólogos del socialismo, pero, al menos para mí, los hampones son enemigos del pueblo, indignos, por tanto, de ejercer o usurpar los derechos de la gente honesta.

La tarea de frenar la delincuencia le corresponde a las policías y no a los consejos comunales. Es imperativo que el gobierno nacional asuma su rol y se acabe la permisividad.

augusthe@cant.net


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Augusto Hernández


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