El referendum del Esequibo: 7 razones para rechazarlo y un corolario de reflexión

El pasado 21 de septiembre, en un repentino arrebato de nacionalismo y patrioterismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rompía la inercia burocrática de la geopolítica venezolana, al convocar, un "Referéndum Consultivo" (RC) con el propósito de "Que el pueblo decida la defensa del Esequibo, para que cada hombre y mujer de bien hable y diga ese es mi territorio" apelando al artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual señala que las materias de especial relevancia podrán ser sometidas a RC. En la misma declaración, Rodríguez exigió de los sectores de oposición que acababan de suscribir el Acuerdo de Barbados su propio compromiso para acompañar la política que en lo sucesivo llevaría adelante el gobierno de Maduro respecto de ese conflicto.

Días antes el gobierno de Guyana había informado de la licitación y concesión a un grupo de empresas petroleras, para la exploración y extracción de petróleo en aguas reclamadas por Venezuela como parte de la controversia por el Esequibo. Las empresas beneficiadas en la licitación son TotalEnergies (de Francia), en asociación con Qatar Energy y Malaysia's Petronas, International Group Investment Inc, (Nigeria) las norteamericanas Liberty Petroleum Corporation, Hess y ExxonMobil; así mismo China National Offshore Oil Corporation (CNOOC); y la guyanesa SISPRO Inc, entre otras. Desde 2015, Guyana en asociación con empresas petroleras trasnacionales ha anunciado más de 41 hallazgos de petróleo, y 4 en lo que va de 2023, la mayoría en aguas en disputa con Venezuela. El territorio Esequibo es una franja territorial de 159.542 Km² que se encuentra al occidente del río Esequibo y que forma parte de Venezuela desde al menos 1777, año en que se constituyó la Capitanía General de Venezuela, y sobre el cual tiene una disputa desde hace 124 años, cuando fue despojada mediante un fraudulento fallo judicial.

Un poco de historia

Sin entrar a los pormenores históricos de la controversia territorial, bastará con recordar que en 1899, -durante el mandato del acosado y débil presidente venezolano Ignacio Andrade y en pleno apogeo de la denominada "Revolución Restauradora" que pretendía su derrocamiento-, se firmó, el Laudo Arbitral de París entre Venezuela y el Reino Unido, sentencia de un Tribunal Arbitral en el que Venezuela fue representada por los EEUU. En esa ocasión, tal como se demostró posteriormente, fuimos objeto de un despojo fraudulento de esa franja de su territorio. Inmediatamente se produjo el fallo del Tribunal, eVenezuela lo denunció como injusto y fraudulento e inició un reclamo formal por el mismo. Debieron pasar 67 años para que la ONU, admitiera como válido el reclamo de Venezuela tras conocerse en 1962 testimonios que prueban la veracidad de la tesis del fraude, y fue entonces que, procurando generar un mecanismo de resolución práctica y satisfactoria para ambas partes de la controversia, se firmó en 1966 el Acuerdo de Ginebra entre Venezuela y el Reino Unido y su colonia la Guayana Británica, que para entonces se disponía a recibir su independencia.

Los distintos gobiernos posteriores, mantuvieron siempre que dicho Acuerdo era el marco ideal para intentar encontrar una solución. Y esta fue siempre la posición de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Por supuesto, el hallazgo de petróleo en 2015, y la iniciativa unilateral de Guyana de realizar concesiones para su explotación, ha potenciado paulatinamente el conflicto. Apalancada en su relación con las trasnacionales petroleras, y con la expectativa de convertirse en el productor de petróleo per cápita más grande del mundo, Guyana abandonó definitivamente (si es que alguna vez lo tuvo) el interés por encontrar una arreglo práctico y bilateral, Para 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas, ante el fracaso o poco avance alcanzado tanto por los contactos bilaterales, como por la intervención de "Buenos Oficiantes" que a instancias de la ONU habían procurado lograr algún acuerdo durante los años previos, optó por dejar la controversia en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Ese mismo año, Guyana solicitó directamente a la CIJ declarar la validez del Laudo Arbitral de Paris. En 2020, la CIJ declaró su competencia para conocer la controversia, y en abril de 2023 rechazó una "excepción preliminar", presentada previamente por Venezuela, sentenciando que pasaría a conocer el fondo de la materia. Venezuela desde entonces ha insistido innumerables veces en rechazar la jurisdicción y competencia de la Corte, y sostiene que la vigencia del acuerdo de Ginebra obliga a que sean las partes de manera bilateral las que puedan llegar a un arreglo. En este momento, el juicio está pendiente y se espera que en abril del próximo año, Venezuela presente su "contramemoria", esto es, la exposición de sus alegatos y elementos probatorios de su posición.

Internamente, desde ese 21de septiembre, el "Referéndum por el Esequibo" se ha posicionado como el tema de mayor relevancia en el espacio público venezolano, incluso por encima del tema electoral. Como muestra, consideremos que entre septiembre de 2022 y el 18 de septiembre 2023 la cancillería había emitido apenas 4 comunicados referidos al tema del Esequibo, mientras que entre el 19 de septiembre y el 16 de noviembre de 2023 ha publicado 15 comunicados referidos al tema.

Las preguntas que corresponde hacerse frente al actual panorama son: ¿Cuál es la manera más pertinente inteligente y apropiada de enfrentar esta situación, salvaguardar los intereses nacionales y defender nuestra integridad territorial, incluido el territorio Esequibo? Considerando el hecho de que es en la CIJ el lugar donde ha de dirimirse esta controversia: ¿Es un Referéndum Consultivo, -y por lo tanto, no vinculante-, la estrategia correcta o al menos parte de ésta, de asumir la defensa del país? En nuestra opinión, no lo es y las razones por las que no lo creemos son las siguientes:

7 RAZONES PARA RECHAZAR EL REFERÉNDUM DEL ESEQUIBO.

  1. Un referéndum reiterativo, extemporáneo e innecesario: El único referéndum que hacía falta para saber si el Estado tiene o no la obligación de defender la integridad territorial del país, incluido el Esequibo es el Referéndum Aprobatorio de la CRBV y ese ya se hizo en el año 1999. Allí está muy claro el mandato del pueblo, las atribuciones de la Fuerza Armada en lo que respecta a la defensa e integridad territorial y las atribuciones presidenciales en materia de definición de la política exterior.

  2. Un referéndum inútil e irrelevante: Con independencia de cuánta gente participe en el referéndum, o de cuántos participantes anuncie el Consejo Nacional Electoral (CNE), que participen, incluso, si el 100% de los venezolanos en edad de votar lo hiciéramos, con un SI a todas las preguntas, tal cosa carece por completo de utilidad en el espacio en el que de modo real e inexorable se dirimirá la controversia, esto es, en la CIJ. Allí es absolutamente irrelevante cualquier cifra de participación o votación, o de cuantos SI y cuantos NO se expresaron. No es en el terreno de la opinión pública dónde Venezuela debe demostrar que ese territorio le pertenece.

  3. Un evento partidista: No hay dudas de que el RC es un evento propio del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Para ello basta con observar, quién lo diseñó, quién lo propuso y dónde fue propuesto, pero sobretodo, hay que observar la composición del Comando de Campaña Nacional, o los Comandos de Campaña regionales. Todos están constituidos fundamentales por miembros del PSUV, y el desarrollo mismo de la campaña corresponde en este momentos a las estructuras del PSUV, incluidos los CLAP. No tiene nada de malo que el PSUV quiera organizar un evento interno para mostrarle apoyo al gobierno con relación a la controversia por el Esequibo. Lo que sí es cuestionable es que una actividad partidista le sea vendida a todos los venezolanos como una actividad de todo el país, además de organizada con recursos públicos, como en efecto ocurre con este RC. Agreguemos el hecho de que nadie, salvo el CNE, que es un organismo claramente controlado por el PSUV, podrá constatar la veracidad de los resultados de ese evento, en términos de participación, abstención, y de las respuestas como tal. La noche del 3 de diciembre tendremos que confiar ciegamente en los resultados que ofrezcan quienes hoy controlan el CNE.

  4. Dilapidación de recursos económicos: Un detalle en el que nadie parece reparar lo constituye el enorme gasto que un evento de esta naturaleza conlleva; un asunto delicado para un país cuyas necesidades humanitarias son extremas. Nadie ha informado de cuánto le costará al país este referéndum, pero sin duda será una suma enorme de recursos económicos. Para el momento en que escribo estas líneas, la cantidad de propaganda oficialista pidiendo votar "5 veces SI" es una cosa verdaderamente ofensiva. Una Contraloría General y una Fiscalía, celosas por cuidar el patrimonio público ya tendrían que haber tomado cartas en el asunto. No es demasiado especulativo sospechar que su realización pueda suponer la comisión de delitos tipificados por la Ley Anticorrupción, como la malversación de fondos, por cuanto recursos que tendrían que estar siendo utilizados con otros fines realmente provechosos para el país se puedan estar despilfarrando en la realización de este evento correspondiente a una parcialidad política. Estamos hablando de millones de horas/hombre de funcionarios públicos a lo largo y ancho del país, dedicados durante meses a difundir, convocar, y a múltiples tareas propias de cualquier campaña electoral, pagados con dinero de todos los venezolanos. Añádale logística, viajes, viáticos, publicidad de toda índole, y concluirá que estamos hablando de millones dólares.

  5. Un diseño complejo y contraproducente: Desde que fueron anunciadas las preguntas del referéndum, se abrió un intenso debate acerca de las mismas, de sus implicaciones y posibles consecuencias tanto internamente como internacionalmente. Se trata de 5 preguntas que deben ser respondidas con un SI o un NO. El problema es que para Ud. responderlas, debe conocer con cierta profundidad el Laudo Arbitral de Paris, el Acuerdo de Ginebra; la historia que conllevó a la firma de esos documentos. Debe conocer muy bien la CRBV, el Estatuto de la Corte Internacional; la historia en detalle de eventos sucedidos entre 1966 y 2023 respecto de esta controversia, y tener nociones avanzadas de Derecho Internacional Público para poder responder cosas como si está bien o no que desconozcamos la jurisdicción de la CIJ, o proponer la creación de un Estado Esequibo en un territorios en disputa. Seamos honestos: ¿Cuántos en Venezuela hemos leído en profundidad esos documentos, y nos hemos sumergido en el conocimiento de estos temas como para estar en condiciones de responder con propiedad esas preguntas? Como si esto no fuese lo suficientemente grave, la campaña promocional que invita a participar en el RC, está concentrada exclusivamente en que la gente vote "5 veces SI", de un modo totalmente acrítico e irracional, y ni un solo minuto dedicado a promover el estudio y la profundización sobre estos temas.

En términos políticos tal y como fue diseñado, el referéndum no ayuda al propósito que dice tener Venezuela de alcanzar un acuerdo práctico, bilateral, amistoso y satisfactorio para ambas partes. Al contrario, añade elementos para profundizar las grietas y diferencias con Guyana.

  1. Una legalidad dudosa: Las 5 preguntas del referéndum encuentran una respuesta inequívoca en la forma de mandatos y atribuciones en la CRBV. Para saber qué hacer frente a la situación planteada por Guyana, el gobierno no necesita consultar vía referéndum al pueblo de Venezuela. Ciertamente, el art. 71 de la CRBV establece que se podrán consultar aquellas materias de especial trascendencia. Pero es obvio que se trata de materias que taxativamente no estén establecidas en la propia constitución, además de que deben ser materias que sean susceptibles de ser sometidas a consultas, por cuanto su manejo no requiera de conocimientos especializados. Para estos asuntos, se dispone de organismos e instituciones especializados que, con base en ciertos parámetros y atribuciones, deben propender a formular las políticas y orientaciones más idóneas teniendo como precepto la búsqueda del interés nacional. Esto es precisamente lo que no hace este referéndum. Surge entonces la duda acerca de si no se está utilizando de manera impropia un instrumento como el referéndum, para someter a la discusión pública materias que no requieren ser discutidas, atribuciones y competencias que no pueden ser puestas en duda, y eventualmente incumplirlas teniendo como coartada "el mandato del pueblo". Y si no constituye todo ello una forma de fraude al elector o a la propia constitución o de un posible falseamiento de ésta, conceptos claramente definidos por el ordenamiento jurídico venezolano.

  2. Una operación de manipulación, coacción y chantaje: Casi al mismo tiempo que se hizo pública la convocatoria del PSUV a este evento comenzó una campaña soterrada pero muy explícita de manipulación de la voluntad del electorado mediante mensajes de amenazas, chantajes y demás formas de coacción para que los venezolanos participemos en el referéndum. Desde propuestas de retirarle la nacionalidad a quien no participe, inhabilitarle para ejercer cargos públicos y enjuiciamientos por traición a la patria, o despidos a empleados públicos, hasta amenazas de impedirle adquirir una bombona de gas o acceder a un Bono del Sistema Patria. Hasta un Bono denominado "El Esequibo es nuestro" por Bs. 160 de este sistema asignó Maduro como recurso propagandístico. Nada más alejado de un evento democrático aquel que conmina a elegir bajo manipulación abierta, chantaje o amenazas a los electores. En Venezuela votar es un derecho, no un deber, mucho menos una obligación moral. Coaccionar a ciudadanos pobres mediante la amenaza de quitarles el acceso a una bombona de gas, es bastante miserable, por decir lo menos, aunque también es verdad, no es primera vez que esto ocurre.

PARA CONCLUIR

  1. La convocatoria del RC, tal como ha sido hecha desnaturalizan y desvirtúan el sentido y la pertinencia de un instrumento extremadamente valioso como lo es el Referéndum al utilizarlo para consultar al pueblo sobre materias taxativamente definidas por la CRBV, que no requieren ser consultadas.

  2. El sector de la oposición agrupado en la denominada Plataforma Unitaria Democrática le hace un flaco servicio al país y uno muy robusto al gobierno al lavarse las manos y dejar "al libre albedrío de cada quien", su participación en la convocatoria realizada por el oficialismo, que como hemos visto, adolece de demasiados defectos y no contribuye para nada a defender los intereses del país

  3. Otras tendencias opositoras, incluidas algunas que se reclaman de una posición de izquierdas, deberían reflexionar acerca del rol absolutamente complaciente, timorato y utilitario pero especialmente ingenuo, que expresan cuando deciden acompañar al PSUV en esta iniciativa, quien los utiliza instrumentalmente mientras alcanza sus propios fines políticos.

  4. El referéndum del PSUV no es la expresión de un "margen de tolerancia democrática" dentro de un océano de autoritarismo. Es una completa y vana ilusión pretender "aprovechar" un supuesto "resquicio" que ofrece el régimen político en favor de las fuerzas democráticas del país, o en razón de querer defender nuestros legítimos derechos sobre el Esequibo. Se trata de una maniobra instrumental de carácter político-electoral estrictamente pensada, diseñada y convocada por la alta dirigencia del Partido-Estado para su exclusivo beneficio sin utilidad alguna para el país, ni siquiera de forma residual. Una maniobra mediante la cual aspiran alcanzar un apoyo y una legitimidad de la que carecen por completo, chantajeando al país con una retórica nacionalista y patriotera. El Esequibo simplemente no es defendible en modo alguno con ese referéndum y lo único que terminarán defendiendo con su participación en él, es al madurismo.

  5. Votar o no votar, abstenerse o no abstenerse no es ni un dilema existencial o moral, ni una contradicción ontológica. Se trata de modalidades de la acción política que cobran sentido en el marco específico de cada coyuntura, es decir absolutamente circunstanciales utilizables en la medida en que puedan contribuir a acercarnos a nuestro objetivo político. La democracia no es reductible al acto de votar. Abstenerse en un determinado proceso electoral, no tiene por qué ser entendido como un pecado capital porque "los demócratas siempre votan". Quienes convierten el acto de votar en una herramienta de liturgia política, y pretende juzgar moral y casi religiosamente a quienes en determinadas ocasiones no se sienten inclinados a apoyar alguna opción en disputa electoral, sencillamente contribuyen a limitar las alternativas de lucha política, que en nuestro caso, ya son bastante pocas precisamente por la acción represiva, autoritaria y hegemónica del oficialismo. En este caso, sobran las razones para no participar en este inútil evento.

No existe duda alguna de que la razón, la historia y el derecho, asisten a Venezuela en su justo reclamo por el Esequibo. No conocemos un solo venezolano que considere que ese territorio le pertenezca a Guyana, aun cuando algunos, vista la irresponsabilidad, dejadez y negligencia con la que se ha manejado este asunto, puedan darlo ya por perdido. Sin embargo, esto último no es así. Aún es posible recuperarlo si una defensa efectiva puede ser instrumentada por Venezuela ahora que el caso se ventila en la CIJ. El gobierno venezolano debe asumir sin dilaciones y con la mayor responsabilidad su deber de defender el interés nacional en cualquier ámbito en el que se requiera. Venezuela no puede escatimar en la tarea de conformar el mejor equipo de abogados, historiadores, internacionalistas y demás especialistas tanto nacionales como extranjeros, que puedan ejercer nuestra defensa en esa instancia e incrementar nuestras posibilidades de hacer valer nuestros derechos y recuperar ese territorio.

Venezuela forma parte de la ONU desde su creación en 1945 y la CIJ es el principal órgano de justicia internacional con que cuenta este organismo para dirimir los conflictos entre los Estados. El Estatuto que la rige es parte constitutiva de la Carta de Naciones Unidas, por lo que el fiel cumplimiento de las sentencias o dictámenes que de ella emanen no son opcionales, sino de estricto cumplimiento, y no hacerlo, nos colocaría como un Estado paria ante el mundo. No puede ninguna autoridad, arrastrar al país a un eventual desconocimiento de esta instancia de la justicia internacional o de sus dictámenes, por mucho que no nos gusten o resulten desfavorables a Venezuela, si fuere el caso. En otras palabras, nadie puede utilizar como excusa el resultado de un RC, para incumplir con su responsabilidad ante el mundo y sustraernos de la legislación internacional. Sobre los hombros y la conciencia de los venezolanos de esta época no puede descansar la responsabilidad de la pérdida del Esequibo si tal cosa llegare a suceder.

No espero que estas líneas hagan mella en la disposición del gobierno de continuar con esta maniobra pseudodemocrática. El Partido-Estado avanzará con su Referéndum sin sentido porque eso forma parte del proceso de construir una excusa y sacudirse la responsabilidad si la CIJ falla en contra de Venezuela (lo cual es muy probable), o como sospechan algunos, para construir una atmósfera prébelica, patriotera y de hipernacionalismo exacerbado frente a un "enemigo externo". La "hipótesis Gualtieri" flota espesamente sobre nuestro país. Ojalá que esa trágica experiencia argentina no sea la referencia que tienen en mente quienes dirigen el país y que los lleve eventualmente a declarar un Estado de Excepción, suspender las Garantías Constitucionales, y de paso los procesos electorales pendientes per sécula seculorum.



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Moises Durán


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