La tensión política y diplomática entre Venezuela y Guyana no conviene a ninguna de las partes, ni conduce a una solución de la controversia territorial. Solo favorece los intereses de la ExxonMobil. Guyana se convirtió en espacio geoestratégico clave para los planes desestabilizadores del Departamento de Estado y los objetivos económicos de las transnacionales del petróleo. La Corte Internacional de Justicia -CIJ- se comporta como instrumento de la geopolítica. En ese contexto, el referéndum consultivo solo servirá para reforzar el patriotismo, reafirmar que el Esequibo es territorio venezolano y enviar un mensaje de unidad nacional a la comunidad internacional. La única salida para resolver la controversia territorial de manera pacífica y conveniente a ambas partes es volver al Acuerdo de Ginebra.
El Acuerdo de Ginebra se firmó el 17 de febrero de 1966 considerando la proximidad de la independencia de la Guayana Británica que se declaró, oficialmente, 98 días después. Establece una Comisión Mixta, integrada por 2 representantes de Venezuela y 2 representantes de la Guayana Británica (hoy República Cooperativa de Guyana), con potestad para designar expertos en la materia como colaboradores.
El artículo IV del Acuerdo de Ginebra contempla un plazo de 4 años, contados a partir de su firma, para que la Comisión Mixta logre un "acuerdo completo para la solución de la controversia" y en caso contrario remitirlo a ambos países para que escojan "uno de los medios de solución pacífica contemplados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas". La Comisión Mixta agotó los 4 años sin lograr ningún acuerdo. El artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas contempla "la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección".
Desde el año 1989 hasta el 2014, Venezuela y Guyana utilizaron el mecanismo de los "Buenos Oficios" para buscar una solución pacífica a la controversia territorial. Tres funcionarios de alto nivel diplomático y académico, nombrados de común acuerdo, cumplieron su papel como "Buen Oficiante". Allister McIntyre (1989–1999), Oliver Jackman (199 –2007) y Norman Girvan (2010-2014) realizaron una intensa labor de mediación, pero no se lograron grandes avances aunque, paralelamente, Guyana y Venezuela desarrollan una nutrida agenda bilateral de cooperación e integración.
El 29 de enero de 2010, el Coordinador de Asuntos Energéticos del Departamento de Estado, David Goldwyn, realiza una visita oficial a Guyana y se establecen los lineamientos de un plan para la exploración y explotación petrolera en el Esequibo de la mano de la ExxonMobil. En junio de ese mismo año, Hilary Clinton presenta en Barbados la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe. Allí quedó definida una estrategia para desestabilizar la región y frenar el avance de PetroCaribe. Comenzando el 2012, el Presidente de Guyana, Donald Ramotar, entrega el Bloque Stabroek a la ExxonMobil y sus aliados. A finales de 2014, Guyana comienza a plantearse dejar a un lado el Acuerdo de Ginebra y solicitar, unilateralmente, la intervención de la Corte Internacional de Justicia -CIJ- por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas. En enero de 2015, el Departamento de Estado auspicia la Cumbre Energética del Caribe que concluiría en abril del mismo año, en Jamaica, con la presencia de Barack Obama y la participación de todos los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés). A partir de ese encuentro, Guyana se consolida como el epicentro estratégico de un plan de desestabilización regional y apropiación de los recursos petroleros del Esequibo. La injerencia del Departamento de Estado en la controversia territorial quedó al descubierto y la participación de la ExxonMobil como soporte financiero de las acciones de Guyana se hace público y notorio.
Desde esta perspectiva, el irrebatible contencioso que sustenta los argumentos jurídicos e históricos de Venezuela pasa a un segundo plano porque Guyana está siendo utilizada como gran referente geopolítico de un plan que desestabiliza cualquier posibilidad de integración de América Latina y El Caribe y al mismo tiempo deja en manos del capital transnacional las inmensas reservas de petróleo del territorio Esequibo. En la Corte Internacional de Justicia -CIJ- no prevalece lo jurídico. La CIJ es un instrumento al servicio de esos intereses geopolíticos y alienta el espejismo que vive el pueblo de Guyana donde se proyecta un sorpresivo "boom financiero" producto de una política petrolera que finalmente favorecerá a las transnacionales y dejará a Guyana en su misma miseria, quizás con nuevos matices. Circunstancialmente, el problema es geopolítico y la única solución está en los mecanismos bilaterales contemplados en el Acuerdo de Ginebra.
La creciente tensión política y diplomática no le conviene a Venezuela ni a Guyana porque ese es el escenario ideal para el plan del Departamento de Estado y la ExxonMobil. Venezuela está obligada a solicitar ante la CIJ, como medida cautelar, la suspensión inmediata de todas las licencias y concesiones de explotación petrolera otorgadas por Guyana y plantear una visita oficial del Canciller de la República a la República Cooperativa de Guyana para tratar la controversia territorial y colocar sobre la mesa nuevas alternativas de solución.
Es tiempo de reivindicar la vigencia y necesidad de volver al Acuerdo de Ginebra.
