En definitiva, tengo muchas dificultades para escribir artículos de opinión, porque se requiere tiempo de dedicación y concentrarse para expresar el sentido correcto a los párrafos que darán cuerpo y vida a un escrito en su totalidad. Quedo muy a la zaga de otros escribidores de Aporrea, prolijos y fluidos en este arte de la escritura, aunque debo ser sincero, difiero completamente de una gran mayoría, por el destino superfluo de sus aportes, haciendo referencia particular a cuando se tratan temas políticos y económicos.
Aupar o despotricar del Gobierno o de la oposición, o simplemente hacer narrativas de los males que nos aquejan, son actos sin sentido en el fondo, si no se plantean en paralelo alternativas válidas o soluciones viables. Dejo hasta aquí, esta falta de deferencia hacia mis colegas, esperando que todo lo anterior sea una crítica constructiva, para dedicarme a lo que considero más propio y redactar este artículo de opinión.
Desde principios de cada año, estoy siempre muy pendiente del arranque de la página Misión Verdad. Aunque son bastante limitados en sus publicaciones, debo resaltar la excelencia en calidad, ponderación en los análisis y escoger los temas más relevantes de la realidad Nacional e Internacional. Lo anterior, entra a colación, porque entre los primeros escritos, hay uno muy particular que hace referencia a la Agenda Parlamentaria y del Balance Legislativo de la Asamblea Nacional de Venezuela durante el año 2021. ( Ver los respectivos enlaces aquí y aquí ).
No podemos dejar de reconocer la titánica labor de la actual Asamblea Nacional, en lo que a promulgación de leyes se refiere, pero la gran mayoria de los Venezolanos aun quedaron con un sinsabor, debido a la escasa prelación de leyes en materias económicas que deberían ser las paliativas para resolver la crisis actual, especialmente en lo que a salarios y pensiones se refiere.
En mi último aporte en Aporrea, titulado "Las 4 patas de la mesa económica" https://www.aporrea.org/economia/a300801.html, presenté 4 propuestas que siendo implementadas en simultáneo, podrían minimizar el impacto de la crisis económica en Venezuela y regularizar la microeconomía. Todos soñamos con una ley cambiaria justa y que se respete, salarios acordes y pensiones dignas, que exista control de precios, se cumplan las leyes, penalización de ilícitos y/o como incrementar la producción. Invito a los estimados lectores y quienes consideren que les competa, puedan hacer un repaso de las propuestas.
En el presente artículo de opinión, quiero hacer especial hincapié a la tercera de las propuestas presentadas. Se trata de la promulgación de una "Ley de Transferencia de Actividades del Sector Público a la Comunidad Abierta en materia de Deberes Formales", que permita coadyuvar en forma efectiva en la aplicación de las Leyes, Reglamentos y Decretos de la Legislación Venezolana y su posterior Contraloría Social.
En su oportunidad, se hizo una síntesis muy detallada de los antecedentes que originan la propuesta de esta Ley, sus formas de implementar, todos los beneficios que conlleva, un ejemplo práctico, enumerar muchas otras actividades que se relacionan a ese ámbito y culminar con los Baremos de Precios y su posterior Contraloría Social, que era la parte que interesaba concatenar a la precedente propuesta de una Ley Orgánica de Precios Justos, para que esta se acatara en forma efectiva.
Debemos estar todos conscientes, que redactar una Ley no es para nada sencillo, por cuanto se requiere el concurso de múltiples especialidades en su elaboración, tiempo para la discusión y aprobación de todos sus artículos en la plenaria, hasta lograr su ulterior promulgación y ejecútese por parte del Presidente. Todas las leyes tienen su carácter prelativo para asegurar el funcionamiento y como se desenvuelven las instituciones públicas, así como para su interrelación con los ciudadanos y lograr armonizar todo el conjunto de la vida Nacional. También tienen importancia suprema, las leyes que regulan las relaciones internacionales y de los compromisos que ha signado la Republica con entes supranacionales.
Sin desmerecer las leyes promulgadas durante el año 2.021 y las pendientes para este 2.022, pienso que la Asamblea Nacional debe orientarse también hacia un esquema basado en la relación existente entre cada ley aprobada versus el número de beneficiarios finales que se obtienen. En cuanto mayores crisis y desequilibrios persistan, se deben procurar respuestas regulatorias más precisas y oportunas.
Quiero reiterar el beneficio que se obtendría con la promulgación de esta Ley muy sencilla, ya que se trata de simplemente enmendar un error histórico en la promulgación de todas las leyes, que tienen que ver con el cumplimiento de deberes formales y que siempre los Gobiernos han asumido en forma errónea, de coadyuvar a los ciudadanos en su cumplimiento, en lugar de empoderar a las Comunidades organizadas. Bastaría una exposición de motivos y unos cuantos artículos que permitan a los distintos Ministerios elaborar Resoluciones Administrativas y establecer los mecanismos que correspondan para transferir las actividades inherentes a la Comunidad Abierta y que se cumpla la Contraloría Social.
Es en verdad preocupante, que la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra actualmente entre los peores indicadores mundiales, tanto de eficiencia en trámites administrativos, como en materia de corrupción. Con la promulgación de esta simple Ley, se podrían revertir sobremanera esos actuales indicadores y darle algo de sentido a este Socialismo Progresista.
Como corolario de este escrito, quisiera reflejar 2 extremos que se presentarían derivados de una misma situación:
- Con la Ley actual, una persona manejando su vehículo se pasa un semáforo en luz roja y es detenido por un fiscal de tránsito. Que te voy a poner una multa, viene la grua a remolcarte, que te lo van a desvalijar en el estacionamiento, son los argumentos del fiscal y todo va a depender de la habilidad mercantil del conductor, para "transarse" por una cantidad mayor o menor, y salir del problema. Toda una tragedia, que nadie quiere que le suceda.
- Igualmente el conductor es atrapado en la infracción y el fiscal pone la multa correspondiente. El conductor se dirige dentro de las 24 horas siguientes a una Auto Escuela y Gestoría, para bajar la multa por internet y efectuar la respectiva cancelación. Todo al final termina en una buena risa de grupo, porque el conductor dice que no se explica, como hizo ese fiscal gordo, para estar escondido detrás del árbol.
Saludos Bolivarianos