La polémica decisión del CNE de suspender el referendo revocatorio y el diferimiento de los procesos electorales de gobernadores y alcaldes, para finales del primer y segundo semestre del año 2017, respectivamente, son pruebas de fuego para medir las fuerzas opuestas al gobierno nacional.

La movilización de la oposición contra la suspensión de los comicios establecidos constitucionalmente para diciembre, permitirá demostrar si efectivamente, tiene el poder de convocatoria suficiente, para cuestionar al organismo electoral y poner en tela de juicio al proyecto bolivariano.

La denuncia sobre la suspensión de la salida del país de representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aprieta el nudo de las contradicciones políticas en Venezuela y profundiza las tensiones. Las autoridades oficiales han interpretado acertadamente la debilidad de la coalición opositora para decidir y actuar enérgicamente. La oposición luce más dividida y sin cohesión estructural.

Actualmente, la sociedad venezolana se desenvuelve en una crisis económica de efectos letales para la tranquilidad de las familias. La dolarización de precios de los productos básicos de la cesta alimentaria ha impactado severamente los salarios de los trabajadores, que cada vez se sienten más desprotegidos. Esto pareciera superar con creces las medidas anunciadas por Carlos Andrés Pérez durante su segundo mandato en 1989, lo cual provocó saqueos y muertes en Caracas y todo el país.

Aun así, en este complicado escenario para el sector oficial, a los adversarios del chavismo se les dificulta emprender frontalmente –sin ayuda exterior – un movimiento de masas que ponga en peligro la marcha de los planes y programas del gobierno nacional. El liderazgo opositor no tiene tradición de lucha en la calle, mucho menos destaca en el trabajo con los sectores desposeídos. Durante décadas, el control del poder político hizo posible la formación de la actual dirigencia de la derecha venezolana, pero una formación carente de sensibilidad, de empatía y compromiso social con el pueblo.

La aprobación del presupuesto sin la Asamblea Nacional, la aplicación de las políticas monetarias, producción e importaciones y la suspensión del proceso de recolección de firmas para el 20% de manifestación de voluntades para realizar el revocatorio contra Nicolás Maduro, indican que el golpe de Estado es una alternativa que se puede manejar y está vigente en algunos líderes de la derecha. Es incuestionable la polarización en la sociedad venezolana. Por ello se hace necesario establecer vías de acuerdos y distensión, que permitan un clima de paz en el futuro de la nación.

El ambiente político electoral se torna cada vez más complejo. La incertidumbre se une a la controversial decisión del CNE respecto a la postergación de las elecciones. En varios estados del país, los gobernadores y alcaldes están siendo duramente cuestionados y rechazados. Es inocultable la opinión pública contraria a su gestión, y a la aceptación en la continuidad de las primeras autoridades regionales. Por tal razón, la decisión política de extender la permanencia en el poder de los actuales gobernadores y alcaldes luce desconcertante.

Sin embargo, aunque se cuestione y exprese descontento contra el gobierno de Nicolás Maduro, lo evidente es que en la población hay tranquilidad aparente. Desde la oposición no surge una referencia política confiable y motivante. Ramos Allup representa el pasado de gobiernos adecos que se afianzaron en el poder sectariamente, condenando al pueblo al hambre y la miseria.

La respuesta de por qué estas medidas económicas y políticas tan impactantes no han desencadenado una explosión social, es la falta de confianza en los líderes derechistas identificados con el pasado negro de la cuarta República.