Pedagogía económica

Venezuela y su economía (El futuro de la economía venezolana IX)

Las nuevas medidas

El gobierno venezolano ha tomado la decisión de asumir el control de su comercio exterior como medida complementaria al control de precios contemplado en la Ley de Precios Justos, y en la reestructuración y profundización de los órganos de control de cambios, manteniendo CADIVI y creando el SICAD 2, mediante instrumentos novedosos respecto de su antecesor: SICAD 1. ¿Qué faltaría para que el sistema funcione a cabalidad? En mi entender, el control absoluto, por parte del Estado, de todo el sistema bancario, del cual ha sido, hasta ahora, su mayor alcahuete.

Aclaremos. En Venezuela, y en  conformidad con la ley que los regula, los bancos tienen la capacidad de estimular y recolectar el ahorro de la sociedad para distribuirlo entre las empresas y los sectores que necesitan capital como insumo para sus actividades económicas. Mediante este proceso, el sector bancario puede determinar y alterar la trayectoria del progreso económico, sobre todo en países como el nuestro que no cuentan con fuentes alternativas de financiamiento como, por ejemplo, los mercados de capitales desarrollados. La función de los bancos también abarca la distribución del crédito. Al ofrecer servicios de sistemas de pagos y proteger los depósitos, como lo garantiza Fogade, los bancos pueden convertirse en la piedra angular de la prosperidad económica”. En Venezuela, lamentablemente, han eludido, secularmente, las reglas y han incurrido en delitos prosecutivos.

Un banco se define como una institución cuyas principales operaciones consisten en recibir depósitos del público y otorgar préstamos.

Es así como el monopolio del comercio exterior, en conjunto con el sistema financiero, marcaría el rumbo de estos sectores de la economía hacia un modelo más cónsono con las prédicas del Socialismo del siglo XXI, dándole más sentido, más concreción, al Plan de la Patria, indicativo de la Nueva Venezuela, avizorada por Hugo Chávez. Hay que nacionalizar la banca para ponerle freno a la secular política de los bancos de aceptar formalmente las regulaciones que emanan del Banco Central de Venezuela y, en los hechos, ser los artífices de la pretensión de desmoronar la economía que, en buena medida, y es evidente, padecemos en determinados sectores, mientras el sistema bancario obtiene las mayores ganancias de la economía venezolana, merced de una política dual y en connivencia y complicidad con el sector empresarial usurero, especulativo, improductivo y golpista fedecameralista del cual forman parte.

Para quienes aun no están enterados, el Centro Nacional de Comercio Exterior ha sido creado por el Gobierno Bolivariano “…con el objetivo de trabajar conjuntamente con el sector privado en la potencialización de la actividad comercializadora, es decir, en la importación y exportación a través de las empresas del Estado”, según se desprende de declaraciones de Alejandro Fleming,  Presidente de Centroex. La nueva modalidad restringe la capacidad depredadora del “empresariado parásito importador”.  Esta modalidad  es muy importante,  porque tiende a frenar el “negociado” clandestino y delicuencial de los contrabandistas de cuello blanco, mafias (crimen organizado) desde dentro y fuera de las empresas del Estado, consumidores despiadados del ciento y pico por ciento de los dólares de la nación.

Aunque el Estado ha sido demasiado blandengue en la aplicación de controles estrictos, el momento es oportuno cuando Venezuela corre el peligro de  retroceder hacia las altas tasas inflacionarios de las décadas de 1980 y 1990, debido a la creciente demanda de dólares, al desplome de reservas, al contrabando anárquico despiadado y déficit fiscales que hasta ahora se han solventado con emisión de bolívares inorgánicos y los altos precios del petróleo. Las medidas adoptadas por el gobierno del Presidente Maduro buscan frenar esas amenazas. Hasta ahora el nivel de endeudamiento privado y el grado de solvencia de los bancos se mantienen estabilizados aunque estos desequilibrios despiertan recuerdos de las repetidas debacles que sufrió el país.

 

 No olvidemos el desastre de los  banqueros parásitos de la IV.

Sólo hay que recordar el desastre bancario de  1994-95, cuando quebraron catorce (14) bancos y tres (3) Sociedades Financieras: Latino, Progreso (anteriormente Banco Zulia), Principal (anteriormente Banco Principal de los Llanos) Italo Venezolano, Profesional, Amazonas (anteriormente Banco Insular),  Bancor,  Barinas, La Guaira (anteriormente Banco La Guaira Internacional), de Maracaibo, Metropolitano, Construcción (anteriormente Banco de la Construcción y de Oriente), Consolidado, de Venezuela, Sociedad Financiera Fiveca, Sociedad Financiera Confinanzas, Sociedad Financiera Cremerca. Los 8.500 millones de dólares como auxilios financieros entregados por el Dr. Caldera II a los banqueros para reactivar los bancos y honrar a los ahorristas, fueron esquilmados por esta clase parásita, que ahora los utiliza para engordarlos en el mercado del dólar paralelo mientras disfrutan de la “dolce vita” en Miami y otros paraísos fiscales. De esto, los analistas expertos hacen mutis. Claro, esos banqueros no eran sino tramposos, y los bancos eran trampas que, con los dineros del erario público y los ahorros del pueblo desarrollaron sus negocios y los bolsillos de políticos y partidos de la IV.

 

Aprendiendo de lo vivido.

 

La puesta en práctica de las medidas anunciadas por el gobierno para controlar la fuga de divisas, el bachaqueo y el contrabando desmedido en anuencia con el gobierno colombiano, ha puesto en alerta a la burguesía parasitaria. Las violentas acciones desarrolladas en lo que va del mes de febrero obedecen a un plan meticulosamente trazado por la extrema derecha venezolana en connivencia con sus financistas del exterior y el apoyo incondicional de la gran prensa internacional. Pero los detentadores del gran capital en Venezuela no olvidan el 13 de febrero de 2002 y temen la respuesta popular. Por experiencia vivida en carne propia saben que la acción masiva del pueblo trabajador puede inclinar la balanza (o mantenerla) ante cualquier variante de atropello desestabilizador, llámese “Golpe de Estado” o “golpe blando”. El importante avance logrado por la izquierda venezolana luego de diecinueve (19) elecciones en los últimos quince (15) años, levanta su voz en la Asamblea Nacional, sobradamente mayoritaria y combativa, en organizaciones sindicales y gremiales arrebatadas a la oligarquía, fuerzas armadas ahora sí contundentemente bolivarianas y aliadas al pueblo trabajador, y medios comunicacionales: radiofónicos, audiovisuales y prensa escrita. Todo ello, decimos, incorpora un elemento genuinamente revolucionario al proceso fundado, creado e impulsado por Chávez.

El documento de los 48

Los cambios estructurales que necesita Venezuela para enrumbar su economía, no puede ser, ni queremos que sea en strictu sensu, la propuesta por los 48 “notables” economistas en un documento de reciente data, muchos de ellos en la cuadratura liberal, en razón de que ninguna responsabilidad atribuyen a la “burguesía empresarial”, la misma que abandonó irresponsablemente el camino de la industrialización que traía Venezuela hasta inicios de la década de 1980. Como señala Luis Xavier Grisanti (2007): “El PIB industrial había mostrado un espectacular incremento de 1.400%, al pasar de 1% en 1949 a 12,9% en 1958 y al 15,2% del producto nacional en 1964, al amparo del modelo de “sustitución de importaciones” iniciado en Venezuela en 1959, manteniendo índices de crecimiento que la llevaron  a 18% en 1976 (sic) (Luis Xavier Grisanti, 2007) . Entre 1983 y 1998, ese índice bajó a menos del 10%, una estocada mortal al proceso industrializador. Esa deformación estructural, con una producción industrial manufacturera y agroindustrial en franco deterioro, con un empresariado maula que se dedicó a vivir del erario público y de las importaciones, y embarcado en una aventura desestabilizadora imprudente, ha tenido su cuota parte de responsabilidad en la situación de deterioro actual del aparato productivo venezolano.

No podemos, sin embargo, en aras de la credibilidad que se han ganado catedráticos que suscriben el documento, obviar algunas realidades que, por lo contundentes, nos llaman a la reflexión. Los mismos afirman que.

“…estamos ante una crisis cambiaria compleja de grandes dimensiones, originada por excesos con recursos fiscales y petroleros dentro y fuera del país, que han causado una altísima sobrevaluación en la tasa de cambio oficial. La tendencia a mantener una tasa de cambio oficial sobrevaluada en la última década, llevó al Gobierno a exigir, bajo distintos mecanismos de aportes a cuentas externas, una mayor proporción de los ingresos en moneda extranjera de PDVSA, creando, desde 2010, una aguda limitación financiera en esta empresa y restringiendo el suministro de divisas petroleras al BCV y, por tanto, a Cadivi. Para cubrir el déficit de caja creado en la estatal petrolera y sin detenerse en consideraciones sobre sus desastrosas consecuencias inflacionarias, cambiarias y sociales, se recurrió al ya explicado financiamiento monetario, vía BCV, del déficit en bolívares de PDVSA y de otras empresas públicas,…”.

 

Ésa es su  percepción de la situación.

Por supuesto que en el documento no se aenciona la voracidad  del  empresariado parásito que solo se ha dedicado a importar y a especular, creyéndose en el derecho de exigir y obtener cuanto dólar tenga el Estado, mientras no producen ni uno solo de ellos. No compartimos en absoluto la idea de reorientar la política de relaciones con países de la órbita caribeña porque no creemos que la misma pueda perturbar el grueso de las cuentas de la nación, pero sí deteriorar en sumo grado las relaciones de Venezuela en el área dentro del ámbito de la Integración Energética Caribeña (Petrocaribe).  En ese aspecto, el documento plantea: “…un plan inmediato de recuperación pronta de las enormes cifras de ventas petroleras financiadas a largo plazo o en morosidad, a varios países de la región. Bien saben que esos acuerdos no son revocables en el corto plazo.

No queremos terminar estas ideas sin referirnos a las destemplanzas que opinadores de oficio como el “reconocido” economista Alexander Guerrero, expresan a través de los medios de comunicación. Cual “ungido” por los dioses, afirma que no suscribió el documento en referencia por no estar de acuerdo con lo tibio del mismo, en alusión al no manifiesto rechazo absoluto a las medidas regulatorias del Estado venezolano. En otro aparte de su entrevista televisiva, se atreve a “malandrear” la política de trueque que se mantiene con algunos países cuyo acceso a la obtención de dólares es precaria. Opinadores así en nada contribuyen al debate constructivo



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César Eulogio Prieto Oberto

Profesor. Economista. Miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Candidato a Dr. en Ciencia Política.

 cepo39@gmail.com

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