La ofensiva internacional contrarrevolucionaria, que tiene carácter integral y flexible, no da tregua. De ella hacen parte los esfuerzos bélicos de las potencias imperialistas en Afganistan, Iraq, Haití, Colombia, Libia y Siria; el regreso impune de los golpistas hondureños a la OEA y a los fondos de financiamiento internacional; el reciente acuerdo entre los gobiernos derechistas de México, Colombia, Perú y Chile; la violenta represión contra los pueblos europeos que se oponen a la aplicación de programas neoliberales en sus países y las sanciones contra diversas compañías internacionales (entre las cuales, PDVSA) con el pretexto de realizar transacciones con el gobierno de Irán.
En el ámbito nacional, las fuerzas reaccionarias que pretenden el desgaste del gobierno bolivariano, aprovechan la enfermedad del Presidente Chávez para argumentar un vacío de poder; la propuesta de “Ley para Sancionar los Delitos, Torturas, Desapariciones y demás Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas en el periodo 1958- 1988 y Reparación e Indemnización a la Víctimas”, para acusar a la bancada progresista de revanchista e intolerante y la crisis penitenciaria evidenciada en los sucesos del Rodeo I y II, para culpar la gobierno de violador de los derechos Humanos, mientras procuran un complejo acuerdo para llegar unidos a las elecciones presidenciales del año 2012.
Las fuerzas progresistas, democráticas y revolucionarias, por encima de diferencias y críticas, apostamos por el pronto regreso del Presidente Chávez, ubicando su rol estratégico en la etapa presente del proceso bolivariano y respaldamos plenamente la ley contra las violaciones a los Derechos Humanos durante la IV República, como asunto de principios y justicia.
Apoyamos la prioridad dada al diálogo con los internos que controlan el Rodeo II, la imperiosa necesidad de que el gobierno recupere el control de los centros de reclusión -para garantizar los derechos de todas y todos- y creemos urgente un amplio debate nacional sobre la problemática de las cárceles, convencidos de que en esa área aún no han llegado los vientos de cambio del proceso bolivariano.
En efecto, entendemos la crisis carcelaria, enmarcada dentro de una mucho más amplia: la del sistema de justicia y de su aparato penitenciario, como parte de un debate pendiente sobre el modelo de sociedad que queremos construir.
Los hechos de violencia y corrupción, que periódicamente suceden en los centros carcelarios venezolanos y de otros países de la región, no son aislados, ni fortuitos, mucho menos la expresión de la supuesta “maldad” de las personas privadas de libertad.
Tales acontecimientos se relacionan en el fondo con la extrema desigualdad, la injusta distribución del ingreso y la lógica podrida del capitalismo que pregona la obtención del éxito aún a costa de los demás, pero condena a las y los más pobres, cuando tratan de obtenerlo afectando el “sacrosanto” derecho a la propiedad privada.
Una lógica mezquina y elitista, construida sobre los prejuicios y exclusiones de clase, apoyada en el derecho burgués que privilegia la defensa de la propiedad sobre la defensa de la vida, resguardada desde la legalidad del Estado capitalista (Código Orgánico Procesal penal, Código de Comercio...) protegida por sus aparatos coercitivos, explotada publicitariamente por las empresas privadas de información y reproducida en diferentes escalas y espacios a costa de las y los más débiles y/o vulnerados.
Que un nuevo enfrentamiento entre bandas (factores de poder interno) en el Centro Carcelario El Rodeo, dé como resultado cerca de 20 internos muertos y obligue a la intervención del gobierno, es sólo la manifestación de un problema más complejo y de fondo.
Más allá de los titulares amarillistas, espectaculares y vendedores, más arriba de los “carros” y de los “pranes”, “tras bambalinas”, se esconden factores de poder reales, cuyos intereses se aprovechan de la lógica de un sistema que ha hecho del castigo un negocio y que promociona la venganza y la triple penalización (tiempo de reclusión, condiciones de reclusión e hipotéticas condiciones de “resocialización”) a las y los infractores.
Poderes y micropoderes ligados al “sentido común dominante”, funcionales al capitalismo y por ende, claramente reaccionarios, derechistas y contrarrevolucionarios, así se vistan de rojo y repitan nuestras consignas.
Urge definir una estrategia que permita no solo el control gubernamental sobre las cárceles, sino la construcción de nuevos paradigmas frente al delito, su prevención y represión, la pena, la reparación y el retorno a la sociedad (¿cuál sociedad?)
Tal estrategia solo es posible, abriendo debates complejos, en los cuales -junto a los poderes del Estado y el gobierno- deben tener también la palabra las y los privados de libertad.
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