El país es objeto de una agresiva escalada imperialista por parte de Trump, el gobierno nacional es acosado por esas amenazas, pero en el frente interno, es responsable de aplastar los derechos económicos y políticos del pueblo trabajador y pobre. ¿Acaso se pueden enfrentar las apetencias imperialistas de esa manera?
La situación del país está cruzada por circunstancias que la hacen bastante compleja, sin posibilidad de ser comprendida por dicotomías superficiales. Nos gobierna un régimen político que se ha impuesto por la fuerza, contra la voluntad de las mayorías, gobierna gracias a la represión y la coerción. Al mismo tiempo, su adversario del momento no es ninguna fuerza venida de las clases populares, ni siquiera alguna mínimamente democrática: es nada menos que el imperialismo estadounidense -aliado con el sector que representa María Corina Machado–, encabezado hoy por un energúmeno de ultraderecha que, exasperado por la decadencia de la hegemonía estadounidense, gobierna con agresivo autoritarismo al interior de su país y pretende, en algunas partes del mundo, imponer sus intereses a punta de pistola.
Trump ha traído de vuelta la "diplomacia de las cañoneras" -la diplomacia de los portaaviones, la llamó otro autor (Rivadeneyra, 1990). Después del ostentoso ataque contra instalaciones del programa nuclear iraní, descargando catorce súperbombas antibúnker -incluyendo el primer uso operativo del MOP (penetrador de municiones masivo, por sus siglas en inglés) GBU-57A/B, la mayor bomba no nuclear "rompebúnkeres" del mundo, que solo EE.UU. posee- y más de 70 armas de precisión, incluyendo decenas de misiles Tomahawk, viró hacia el Mar Caribe, desplegando agresivamente parte de su poderío militar naval.
La agresión de alta envergadura contra Irán fue para respaldar al régimen sionista de Israel, que lleva a cabo un espantoso genocidio contra el pueblo palestino, en el curso del cual inició una confrontación militar directa contra Irán. Los objetivos del despliegue al sur del Caribe son también reaccionarios: reafirmar que América Latina es el "patio trasero" del capitalismo estadounidense, renovar las charreteras de su dominio en la región, ante la competencia de otras potencias capitalistas como Rusia y, sobre todo, China. Si en el Medio Oriente se trata de la supuesta "paz mediante la fuerza" -la "paz" imperialista y genocida-, aquí se trata de imponer o reforzar la subordinación de Latinoamérica a los intereses de EE.UU. mediante la amenaza militarista.
Esos son los objetivos reaccionarios, que nada tienen que ver con resolver los problemas del pueblo venezolano -ni del colombiano, panameño, centroamericano o mexicano. El gobierno contra el que se ejerce esta presión extrema es un gobierno profundamente antipopular y dictatorial, pero ni los Estados Unidos tienen derecho ni moral alguna para abrogarse el rol de jueces y policías del mundo, ni la preocupación de Trump no son los derechos democráticos, económicos y sociales de la clase trabajadora venezolana y los sectores populares. De hecho, además de bajo el yugo del gobierno local, en Venezuela también vivimos bajo el yugo de las sanciones económicas impuestas por los propios Estados Unidos, en nuestras penurias comparten responsabilidad también los gobernantes estadounidenses que han impuesto medidas coercitivas al país.
En el caso específico de Trump, no solo es responsable de la imposición de sanciones para perseguir sus objetivos de dominio imperialista, sino del menosprecio más brutal y trato criminal hacia las familias trabajadoras inmigrantes venezolanas (y latinoamericanas en general), además del reciente asesinato de varias personas en ataques en el Mar Caribe. ¡Es enemigo del pueblo venezolano! ¡Es un despreciable enemigo de los pueblos de nuestra América!
Soberanía nacional, soberanía popular y el "antiimperialismo" del gobierno
La cuestión es compleja para el pueblo trabajador venezolano, porque por ahora no tiene representación propia, están sumamente debilitadas sus organizaciones de lucha, y quien asume la representación del país ante la agresión es precisamente el gobierno que se ha encargado de disminuir las capacidades de lucha, de intimidar y reprimir. Sin embargo, la ubicación debe ser clara: enfrentar la agresión imperialista. La imposición del actual régimen político implica un problema democrático central para el pueblo venezolano, por supuesto. Pero, ¿y qué es acaso la posibilidad de que un imperialismo imponga su voluntad, definiendo mediante coacción económica y militar el régimen político que debemos tener? Eso no solo sería también una manera brutal de pisotear cualquier idea de la "soberanía popular" de los venezolanos, sino algo más violento aún, como el sometimiento del conjunto de la nación a los designios de una potencia imperialista, implicaría colocar al país en condición de semicolonia de los EE.UU.
Enfrentar la agresión externa de un gobierno tan reaccionario como el de Trump, que ya asesinó a sangre fría en dos ataques a varios venezolanos en altamar, violentando cualquier derecho, proceso legal y leyes correspondientes, es una cuestión fundamental, es de interés de la clase trabajadora oponerse al matón del barrio cuyo único interés es garantizar la subordinación del gobierno que esté en Caracas a las necesidades del imperialismo estadounidense, objetivo que, por cierto, le promete María Corina Machado cada vez que puede, de la manera más abyecta. En todo caso, el gobierno de Venezuela no tiene por qué definirlo el magnate imperialista apoyado en su enorme poderío económico y militar. Es parte elemental de la soberanía nacional y es interés del pueblo defender esa soberanía ante las pretensiones imperiales de Trump y de cualquier otro.
Esta ubicación antiimperialista elemental no implica, por supuesto, brindar apoyo político al gobierno de Maduro. La agresión económica externa (sanciones, confiscación de empresas nacionales, retención de recursos, etc.) y la amenaza militar imperialista hay que enfrentarlas, pero, precisamente, la manera en la que el gobierno nacional se propone hacerlo, dada la propia naturaleza del régimen político, no solo es inconsecuente, sino que lo hace socavando las fuerzas y posibilidades reales de oponer una verdadera resistencia ante eventuales agresiones a otro nivel.
Para hacer frente a la agresión imperialista, el gobierno nacional no se apoya en las masas populares y su movilización, sino en las FF.AA. y el aparato represivo, con el que más bien busca controlar y someter más a la población. Siendo un gobierno que lleva más de una década aplicando brutales ajustes económicos y contrarreformas contra el pueblo, descargando desde 2014 la crisis económica y, después también, las consecuencias de las sanciones, sobre la clase obrera y los sectores populares, fue vaciándose sin cesar de apoyo popular; su mutación en un régimen cada vez más represivo hasta el carácter dictatorial actual, tanto para responder al genuino y legítimo descontento popular como a las acciones de fuerza venidas de la oposición subordinada a EE.UU., le ha enajenado cualquier simpatía popular.
Dada la naturaleza de sus políticas económicas, centradas en garantizar los intereses de la clase capitalista, en cuidar la buena salud de los negocios de los poseedores de capital -entre los que se cuentan los nuevos ricos y burgueses surgidos en el chavismo-, el gobierno hoy amenazado por el imperialismo estadounidense se lleva mejor con la burguesía venezolana que con la clase trabajadora, mientras mantiene relaciones cordiales y amistosas con los gremios patronales (Fedecámaras, Fedeindustrias, Conindustria, Consecomercio), impone la represión contra las organizaciones sindicales y de trabajadores, incluyendo el encarcelamiento de decenas de dirigentes, activistas sindicales y trabajadores comunes. ¿Es así como este gobierno espera construir la fuerza social y la "unidad" que reclama, capaz de pararle la mano a una mayor agresión militar estadounidense?
¡Plenas libertades democráticas para el pueblo trabajador!
Recientemente, el presidente Maduro recordó y leyó aquella proclama de Cipriano Castro en 1902, cuando las armadas alemanas e inglesas -secundadas luego por las de Bélgica, Holanda e Italia- bombardearon durante varios días nuestras costas y establecieron un bloqueo naval para obligar al país a pagar una deuda externa muy superior a la que este reconocía. Como es sabido, en la célebre declaración, Castro plantea, entre otras ideas, su decisión de abrir las cárceles donde estaban los detenidos por las pugnas políticas (que en la época cursaban como revueltas armadas), en aras de la unidad nacional que planteaba para enfrentar la agresión imperialista. Sobre ese gesto de Maduro algunos especularon y se preguntaron qué significado tendría, sobre todo porque en la histórica proclama Castro plantea también la posibilidad de dejar el poder "si sobreviviere a los acontecimientos y fuere preciso para la salud de la Patria".
Más allá de la alusión al documento histórico, y de que para la "defensa del país" es claro que no puede contarse con sectores de la oposición como el de María Corina -que muy al contrario, sirve de peón de los intereses imperialistas– ni con la clase capitalista criolla -esa con la que tan bien se lleva hoy el gobierno de Maduro–, lo cierto es que si el gobierno quisiera dar algún paso que implicase cesar la represión política interna para construir alguna fuerza nacional capaz de hacer frente a un hipotético enfrentamiento militar con el imperialismo estadounidense, debería liberar a los cientos de jóvenes y demás personas de los sectores populares presas por las protestas postelectorales de 2024 -en algunos casos sin siquiera tener nada que ver con las protestas-, a decenas de defensores de DDHH presos, a dirigentes políticos que se oponen al gobierno al mismo tiempo que también rechazan las sanciones imperialistas, así como dar libertad plena -no con condiciones limitantes, como suele hacer- a las decenas de trabajadoras y trabajadores encarcelados por exigir sus derechos contra los patronos, por denunciar corrupción de la burocracia estatal, o incluso porque algún corrupto los tomó como chivo expiatorio.
Sin embargo, lejos de una orientación de ese tipo, el gobierno aprovecha la agresión para reforzar elementos de la represión interna contra el pueblo trabajador, incluso contra aquellos sectores políticos que se oponen por izquierda al gobierno y que, por su propia condición, son antiimperialistas.
El Ministerio de la Defensa publicó hace días un comunicado donde, al denunciar como campaña psicológica y posible elemento de un falso positivo, la información sobre el supuesto sobrevuelo de un helicóptero estadounidense cerca del país, afirman la "irreductible determinación de defender la integridad territorial con firmeza y serenidad, en perfecta fusión popular-militar-policial, para garantizar la libertad, soberanía e independencia de la patria". Pero es precisamente esa formulación, denominada como "cívico-militar-policial", la que empleó también el gobierno para definir el tipo de unidad que sostenía a su gobierno, contra las protestas populares tras el 28-J.
Esa tal "fusión" se expresó de manera reaccionaria hace un mes contra la vigilia pacífica del comité de Madres en Defensa de la Verdad, acompañadas de militantes de izquierda y activistas de DDHH, que manifestaban para que el Tribunal Supremo atendiera el reclamo sobre las ilegalidades cometidas contra los muchachos presos. Patotas de motorizados de civil, en coordinación con los cuerpos policiales, desataron una brutal agresión contra los manifestantes. Días después, fue detenida Martha Lía Grajales, militante de izquierda y, aunque una rápida y fuerte campaña nacional e internacional logró que a los pocos días la presentaran y le dieran casa por cárcel, se desató una asquerosa campaña difamatoria contra su organización y contra una serie de académicos de izquierda que se oponen al gobierno, llegando en algunos casos al oprobio de señalar la protesta de las madres y a Martha Lía como "agentes de María Corina Machado".
Estamos entonces ante un "antiimperialismo" que se apoya en reprimir y meter miedo a los sectores que realmente podrían dar una batalla de fondo en alguna confrontación mayor con el imperialismo estadounidense: la clase trabajadora, el pueblo pobre y la izquierda opositora antiimperialista.
Más aún, el imperialismo no es un asunto meramente militar, de fuerza armada, sino que implica una dominación más sistemática, donde lo económico juega un papel clave. Es un sistema de expoliación de los recursos naturales del país y de transferencia sistemática de riquezas de las naciones subordinadas hacia los centros imperialistas, implica un condicionamiento de las decisiones sobre el uso de los recursos nacionales privilegiando las necesidades de los capitales imperialistas, implica, por todo lo anterior, menos recursos para las necesidades nacionales y populares. En ese terreno se expresa también la inconsistencia del "antiimperialismo" oficial, pues este mismo gobierno le brinda a los capitales imperialistas, incluidos estadounidenses como Chevron, condiciones antinacionales y antiobreras para el saqueo de los recursos naturales -con ningún o bajísimos impuestos, sin restricciones ambientales- y garantizarles una fuerza de trabajo súper explotada, a fuerza de reprimirla.
Si se quisiera ser antimperialista, liberar al país de las ataduras a la dominación imperialista, el gobierno debería dar plena libertad de acción y de organización a los trabajadores, empezando por la industria petrolera, para luchar por sus demandas, inclusive contra las transnacionales estadounidenses. Debería cesar toda acción de grupos de choque parapoliciales y permitir que se despliegue la energía obrera y popular en la lucha por sus necesidades e intereses.
Debería tomar una serie de medidas elementales contra los intereses económicos imperialistas y sus mecanismos de dominación, como por ejemplo el desconocimiento de la usurera deuda externa, o la nacionalización sin indemnización de las múltiples propiedades de capital estadounidense en el país, pero no para que estén en manos de burocracia estatal, que lo que demostrado es talento para enormes corruptelas, para el enriquecimiento privado, sino pasarlas a un verdadero control por parte de comités y organismos elegidos democráticamente por los trabajadores, elegidos sin ningún tipo de imposiciones del partido de gobierno y de ningún partido patronal.
Al contrario de todo eso, se insiste en considerar un delito la protesta social, la organización de los trabajadores para luchar por sus derechos, y considerar "terroristas" a organizaciones de izquierda antiimperialistas.