Mientras los
trabajadores no se decidan a reclamar la revalorización del bolívar,
inútiles serán todas las peticiones de aumento salarial que se hagan
al gobierno
En virtud de que la clase
trabajadora constituye potencialmente el mayor poder de nuestro país,
muy por encima de la Fuerza Armada, de los partidos políticos, de la
Iglesia, e inclusive, del liderazgo mesiánico, porque no se trata del
poder de una persona, sino del mayor poder colectivo del país. Sin
el concurso de la clase trabajadora no hay país, no hay patria, no
hay nación venezolana.
Por tal razón, todos
los gobiernos, conscientes de esa realidad, se han dedicado a neutralizar
y mantener dominado a ese gigante dormido que es la clase trabajadora.
Se está acercando rápidamente el momento de que despierte.
No cabe duda de que los
trabajadores venezolanos vienen siendo agredidos sistemáticamente durante
los últimos 28 años, por lo menos. En efecto, desde el Viernes Negro
hasta nuestros días, los trabajadores han sido víctimas de las políticas
económicas de todos los gobiernos. La agresión gubernamental se ha
puesto de manifiesto de varias maneras: Primero, mediante la depreciación por
decreto de la moneda nacional. Cada depreciación del bolívar se traduce
en una rebaja súbita del salario. Segundo, mediante la aplicación
de impuestos regresivos como el IVA y el IDB. Tercero: Mediante el incremento
año tras año de la Deuda Externa del país. El servicio de esa deuda
reduce no solo nuestras posibilidades de desarrollo sino también la
cantidad y calidad de los servicios públicos, viviendas, escuelas,
hospitales y vías públicas. Cuarto: Permitiendo o propiciando la destrucción
del aparato productivo nacional. Cada empresa que migra a otro país
o, cierra sus puertas, es mano de obra que queda cesante. Quinto: Mediante
las expropiaciones, porque en el mejor de los casos en que los
empleados y obreros son absorbidos por el Estado, en el nuevo esquema
de empresa socialista, éste no le reconoce a los trabajadores
muchos de los beneficios contractuales adquiridos
Pero estas agresivas
y anti–obreras políticas económicas no han sido fortuitas, sino
más bien el producto de un plan sistemático, calculado y premeditado
para producir la mayor suma de malestar social y la mayor involución
económica posibles, con el propósito de depauperar progresivamente
a la clase trabajadora, minimizar su combatividad y aumentar su dependencia
del Estado.
Ese plan deliberado de
neutralización y avasallamiento de la clase trabajadora se repite año
tras año, de manera sistemática, cuando en el mes de noviembre de
cada año el Ministro de Finanzas somete a la consideración de la Asamblea
Nacional el Anteproyecto de Ley de Presupuesto Nacional y de Endeudamiento.
En ambos instrumentos jurídicos se consagran año tras año las
siguientes prácticas aberrantes: 1. La creación de un déficit presupuestario
falso o ficticio, a partir de la subestimación grotesca de los ingresos
petroleros que tendrá el país al año siguiente. A tal efecto, de
manera deliberada se estima un precio absurdamente bajo para el barril
de petróleo del próximo año. Por ejemplo en noviembre de 2010 se
estimó en la Ley de Presupuesto de 2011 un precio de 40 dólares para
el barril de crudo, cuando era de esperase que no bajaría de los 80
dólares, como en efecto ha ocurrido. (De hecho, ya sobrepasó los 100
dólares). Los funcionarios del gobierno tratan de justificar tan grotesca
subestimación calificándola como una estimación “prudente”. La
realidad, sin embargo, no es la prudencia la que priva en tal subestimación
sino la intención de crear artificiosamente un déficit fiscal ficticio
para cubrirlo mediante la emisión de bonos de la deuda. Por tal razón,
la deuda externa del país crece año tras año y el servicio de esa
deuda se ha convertido en un componente infaltable en todos los presupuestos
nacionales, independientemente de que el precio del petróleo
alcance altísimos valores (1). Esta es una política
claramente entreguista y antinacional. 2. Otra forma de cubrir el falso
déficit consiste en acogotar a la clase trabajadora con impuestos regresivos
como el IVA y el IDB. 3. Pero, como si estos impuestos y endeudamiento
no fueran suficientes para cubrir el falso déficit fiscal, el Ejecutivo
recurre entonces a la aplicación del peor impuesto que se le puede
aplicar a la clase trabajadora: La depreciación del bolívar.
Es muy fácil demostrar que con una estimación más honesta de los
ingresos petroleros y del Impuesto Sobre La Renta, resulta totalmente
innecesario e injustificado castigar al país y a la clase trabajadora
con las tres políticas hambreadoras de todos los gobiernos post Viernes
Negro: Deuda Externa, IVA y Devaluación.
Ha llegado el tiempo
histórico para que la clase trabajadora diga:
¡Ya basta! ¡No más Deuda Externa!
¡No más IVA! ¡No más Devaluaciones!
La subestimación de
los ingresos petroleros tiene también el objeto de producir al año
siguiente un superávit, con una doble finalidad. Por una parte, seguir
con la viciosa práctica de los tristemente célebres créditos adicionales.
Por otra parte, para que el Ejecutivo le ponga la mano a las reservas
excedentarias, que el Banco Central está obligado a transferir al Fondo
de Desarrollo Nacional (FONDEN). Por supuesto que los trabajadores venezolanos
no tienen participación alguna en el manejo de ese fondo, el cual por
cierto es inconstitucional. Ese fondo es manejado en exclusividad y
con la mayor discrecionalidad y opacidad por el Sr. Presidente de la
República. Hasta la fecha y desde su creación en el año 2005,
el Presidente ha gastado recursos de ese fondo por el orden de los 35.000
millones de dólares, sin que los venezolanos sepamos a ciencia cierta
cuál ha sido el destino de esos recursos, ni el cómo ni el por qué
se han gastado. Ese gasto de las divisas del FONDEN constituye una agresión
directa contra el bolívar porque le reduce el respaldo en reservas
que de otro modo tendría la moneda nacional. La clase trabajadora venezolana
debe entender que cualquier agresión contra el bolívar constituye
una agresión directa contra ella.
La reducción de divisas
ocurre también por la vía del endeudamiento sistemático del país
cada año. De no ser por la quema de divisas que se hace por la vía
del FONDEN o del servicio de la deuda, el nivel de las reservas internacionales
sería muchísimo mayor que el actual (26.000 millones de dólares)
y nuestro bolívar sería muchísimo más robusto. Por supuesto, un
bolívar robusto significaría una inflación muy baja, y una calidad
de vida mucho mejor para los trabajadores.
Otra forma de cubrir
el falso déficit fiscal es a través de la depreciación del bolívar
por vía de decreto (convenios cambiarios). Eso fue precisamente lo
que hicieron los digitalizados funcionarios Giordani y Merentes en Enero
de 2010 y Enero de 2011, a través de los convenios cambiarios números
14 y 15. Como ya señalamos en un artículo anterior (2),
el efecto más negativo de esos convenios ha sido la reducción en
un 36%, del salario mínimo expresado en dólares, pues el mismo pasó
desde los 446 dólares en Diciembre de 2009 a tan solo 285 dólares,
en la actualidad, lo que lo convierte junto con el salario mínimo de
Haití en los más bajos del continente (3).
El dólar implícito
definido por la relación del circulante o masa monetaria en bolívares
a las reservas internacionales está actualmente en el orden de los
11,67 bolívares (4). La altísima inflación que
padecemos hoy día los venezolanos se debe a esta situación y a los
dos convenios cambiarios anteriores. Es necesario y urgente robustecer
nuestra moneda, y para ello los trabajadores deben exigir al Ejecutivo
la aplicación inmediata de dos medidas fundamentales: 1° Aumentar
el respaldo del bolívar, elevando el nivel de las reservas retornando
las divisas represadas en el FONDEN al Banco Central de Venezuela,
es decir, eliminar el FONDEN de tal manera que las reservas internacionales
reposen en un fondo único manejado exclusivamente por el Banco Central.
2°. Disminuir sustancialmente el circulante, mediante la revocatoria
de los convenios cambiarios números 14 y 15 a los fines de que la tasa
de cambio retorne a la vigente en el 2009 (2, 15 Bs/dólar).
Los convenios cambiarios
Giordani-Merentes claramente violaron los derechos humanos de los trabajadores
venezolanos, específicamente, el artículo 91 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, el cual estipula:
Artículo 91.
“Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente
que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí
y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales…...
El Estado garantizará
a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario
mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de
las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá
la forma y el procedimiento.”
La depreciación del
bolívar trajo como consecuencia la altísima inflación que padecemos,
la cual a su vez ha elevado la canasta básica a Bs. 2.892, muy por
encima del salario mínimo (Bs. 1.224). Por lo tanto, en virtud de lo
estipulado en el artículo 25 de la CRBV:
Artículo 25.
“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o
menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley
es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo
ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa,
según los casos, sin que les sirvan de excusa
órdenes superiores”,
resulta claro entonces,
que los dos últimos convenios cambiarios son nulos.
Por tal razón, en ejercicio
de su derecho legítimo a la defensa, los trabajadores deben demandar
la anulación inmediata de esos convenios al Presidente de la República,
quien lo podría hacer mediante decreto vía Ley Habilitante. Paralelamente,
los trabajadores pueden formular igual solicitud al Tribunal Supremo
de Justicia, por la vía Recurso de Amparo.
Sin embargo, si a corto
plazo tales gestiones resultasen infructuosas, los trabajadores deben
hacer uso del derecho a la huelga, plasmado en el artículo 97 de la
CRBV:
Artículo 97.
“Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del
privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca
la ley”.
Pudiera comenzarse con
un paro nacional de 24 horas. De no haber una respuesta positiva de
parte del Ejecutivo, entonces se deben radicalizar las acciones huelguísticas,
escalonando progresivamente los paros nacionales hasta lograr la derogación
de los convenios cambiarios.
Lograda la derogación,
los trabajadores deben pasar a la segunda fase de lucha que es el reclamo
por un aumento salarial del 136%, para equiparar el salario mínimo
a la canasta básica, como lo ha planteado el dirigente sindical Orlando
Chirino (5), con lo cual el salario mínimo pasaría
a Bs. 2.892.
Debemos dejar claro que
el objetivo de los paros no es subvertir el orden constitucional. Su
propósito exclusivo es revertir las políticas económicas y cambiarias
que vulneran los derechos humanos de los trabajadores consagrados en
la Constitución Nacional.
Consideramos que el Presidente
de la República debe terminar su mandato constitucional en la fecha
prevista, pero los atropellos a los derechos de los trabajadores tienen
que cesar.
El empoderamiento de
los trabajadores jamás provendrá del gobierno ni mucho menos
de los patronos. El empoderamiento debe ser conquistado pulso a pulso
por los propios trabajadores, sin violencia, pero con firmeza inquebrantable,
haciendo uso de las armas que le brinda la Constitución, a través
de etapas de luchas sucesivas, en cada una de las cuales los trabajadores
irán adquiriendo gradualmente conciencia del enorme poder que tienen,
pero que no han ejercido hasta ahora, por una diversidad de razones,
entre ellas, la falta de vocación de poder de la mayor parte de la
dirigencia que prefiere avenirse con el Ejecutivo, anteponiendo sus
intereses personales o partidistas a los del gremio que representan.
La clase trabajadora venezolana tiene el deber histórico de crear el
primer gobierno colectivo de la era moderna.
El empoderamiento de
la clase trabajadora venezolana debe constituir el verdadero hito revolucionario
del Siglo 21 y va más allá de los partidos políticos, más allá
de las ideologías, más allá de los caudillos y de las veleidades
mesiánicas.
Cualquiera que sea el
aumento del salario mínimo que decrete el Ejecutivo, los trabajadores
deben exigir de inmediato la nulidad de los convenios cambiarios números
14 y 15, con la finalidad de que la nueva tasa de cambio este año sea
2,15 Bs. /$. Para ver el por qué es importante lograr esta reivindicación
consideremos los siguientes escenarios.
Escenario 1. Los
trabajadores se conforman con un aumento del 50% del salario mínimo,
pero con la tasa de cambio actual de 4,30 Bs./$. En ese caso el nuevo
salario mínimo en bolívares pasa a ser Bs. 1836, pero al aplicarle
la tasa de cambio de 4,30 se convierte en tan solo $427, el cual resulta
inferior al salario mínimo de Diciembre de 2009 (el cual era de Bs.
959, o $446, a la tasa de entonces, 2,15 Bs. /$). Es decir, los trabajadores
serían burlados una vez más y su sueldo resultaría inferior al de
Diciembre de 2009.
Escenario 2. Los
trabajadores aceptan el aumento del 50% en el salario mínimo,
pero sujeto a la condición de que el Gobierno revoque los convenios
cambiarios 14 y 15, y la tasa de cambio retorne a 2,15 Bs./$.
En este caso, el nuevo salario mínimo en bolívares pasa a ser Bs.
1836, pero al aplicarle la tasa de cambio de 2,15 se convierte en $854,
¡el más alto de la América Latina, aunque todavía muy por debajo
del salario mínimo de los Estados Unidos!
Es claro entonces que
bajo ninguna circunstancia, los trabajadores deben permitir que persista
la tasa de cambio de 4,30 Bs. /$. A toda costa deben exigir y
obtener que la nueva tasa de cambio este año sea 2, 15 Bs./$ y si para
lograr ese objetivo irrenunciable tienen que hacer uso del artículo
97 de la Constitución, pues que así sea. Si se logra ese triunfo podremos
afirmar entonces que la clase trabajadora venezolana ha comenzado a
lograr su auto empoderamiento por primera vez en la historia de nuestro
país. Habrá despertado entonces el gigante dormido para reclamar sus
derechos conculcados.
El auto empoderamiento
de la clase trabajadora significa que todas aquellas medidas que los
gobernantes apliquen y que vayan en beneficio de los trabajadores recibirán
el respaldo y el aplauso de los trabajadores. Pero, por el contrario,
todas aquellas medidas que vayan en detrimento del progreso y de la
calidad de vida de los trabajadores, como los impuestos recesivos (IVA
e IDB), el incremento injustificado de la deuda externa o la depreciación
de la moneda nacional serán enfrentadas y derogadas por la clase trabajadora
empoderada por sí misma.
¡Sólo el pueblo
salvará al pueblo!
Eudes Vera, eudesvera@gmail.com
Referencias
- http://www.soberania.org/Articulos/articulo_3995.htm
- http://www.aporrea.org/trabajadores/a121014.html
- http://lalechugaverde.blogspot.com/2011/04/el-peor-salario-del-continente.html
- http://lechugaverde.com/
- http://www.elpueblosoberano.net/2011/04/chirino-exigimos-un-salario-minimo-que-permita-cubrir-las-necesidades-basicas-del-trabajador-y-su-familia/
