La crisis de la libertad de expresión en Venezuela representa una de las violaciones más graves y sistemáticas de los derechos humanos en la región contemporánea. Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el Estado ha consolidado un modelo comunicacional que funciona como instrumento de control político, relegando a corporativos mediáticos a cómplices o subordinados de una agenda oficial única que cercena la palabra pública y ahoga el debate democrático. Este monopolio no es accidental ni incidental; es producto de una estrategia deliberada de hegemonía comunicacional que busca colonizar la conciencia colectiva, distorsionar la realidad y neutralizar las voces disidentes que cuestionan el modelo político imperante.
La gravedad de esta situación demanda no solo denuncia y análisis crítico, sino la construcción urgente de espacios de comunicación de resistencia que permitan documentar, visibilizar y enfrentar el cerco mediático que asfixia la expresión de las luchas populares en la nación caribeña.
El monopolio estatal sobre los medios de comunicación en Venezuela ha sido construido mediante mecanismos tanto directos como indirectos. Directamente, el Estado ha acumulado en sus manos una vasta infraestructura de comunicación compuesta por canales de televisión, estaciones de radio, periódicos y plataformas digitales que funcionan exclusivamente como instrumentos de propaganda gubernamental. Entre 2004 y 2013, la cantidad de medios públicos aumentó un ciento setenta y tres por ciento, mientras que los medios privados crecieron apenas un veintiocho punto siete por ciento. A través de Venezolana de Televisión, Televisora Venezolana Social, Vive, ANTV y otros canales, el gobierno mantiene una transmisión constante de propaganda que consume diariamente decenas de minutos de las transmisiones regulares para cadenas presidenciales obligatorias, donde la palabra oficial domina de manera incontestable.
En paralelo, el Estado controla al menos siete diarios financiados con fondos públicos, además de innumerables medios comunitarios que supuestamente responden a organizaciones populares pero que funcionan bajo directrices gubernamentales.
Indirectamente, el aparato estatal ha extendido su dominio mediante presiones administrativas, económicas y legales que obligan a los medios privados a autocensurarse o a alinearse con la línea editorial oficial. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, adscrita a la Vicepresidencia de la República, actúa como instrumento de represión contra aquellas radioemisoras y canales de televisión que se atreven a criticar la gestión gubernamental. Entre 2004 y 2022, ha habido más de noventa y cinco cierres de estaciones de radio, presentados como procedimientos administrativos pero que en realidad constituyen actos de censura política.
La negación de acceso a papel de prensa, controlado por la Corporación Editorial Alfredo Maneiro, se convierte en una forma indirecta de censura donde los periódicos que mantienen una línea editorial crítica se ven imposibilitados de acceder a los insumos básicos para su operación. Simultáneamente, leyes represivas como la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte, y la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, criminalizan la libertad de expresión bajo vagas acusaciones de incitación al delito o a la violencia, convirtiendo la autocensura en la única estrategia de sobrevivencia para medios independientes.
Las consecuencias de este monopolio son devastadoras para la calidad de la información disponible a la población. Entre enero y abril de dos mil veinticuatro, organizaciones defensoras de derechos humanos registraron aproximadamente ciento veintiocho agresiones contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, incluyendo hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias, restricciones de acceso a la información, cierre de medios y señalamientos estigmatizantes contra comunicadores independientes.
Los medios digitales tampoco han escapado a esta persecución; entre enero y octubre de dos mil veintitrés, el gobierno bloqueó el acceso a cuarenta y ocho portales informativos, y para marzo de dos mil veinticinco, al menos ciento treinta y cuatro sitios web, incluyendo sesenta medios de comunicación, sufrían bloqueo permanente. Más allá de estos números se encuentra la realidad cotidiana: la población venezolana ha sido condenada a una desinformación sistemática que afecta su capacidad de comprender la realidad, tomar decisiones autónomas y participar en la construcción de alternativas políticas y sociales.
Las protestas obreras y las luchas populares venezolanas son particularmente objeto de distorsión mediática. Los medios oficiales minimizan, niegan o tergiversan las demandas legítimas de trabajadores que luchan por mejores condiciones laborales, por el reconocimiento de sus derechos y por una vida digna. Las manifestaciones son presentadas como actos vandálicos de grupos minoritarios o como intentos de "golpes de Estado mediáticos" instigados por fuerzas extranjeras, ocultando las razones estructurales de descontento que movilizan a amplios sectores sociales.
Este mecanismo de distorsión cumple la función política de aislar a los trabajadores de sus propias luchas, impidiendo que el conocimiento de las protestas en un sector inspire solidaridad y movilización en otros sectores, debilitando así la capacidad de construcción de movimientos sociales unificados. La consecuencia es la paralización de la acción colectiva, fomentada por una población desinformada que desconoce la magnitud y legitimidad de las demandas populares.
Los activistas de la comunicación popular enfrentan una represión brutal que alcanza dimensiones de persecución política. Periodistas independientes, comunicadores comunitarios y defensores del derecho a la información han sido detenidos arbitrariamente, desaparecidos, sometidos a incomunicación prolongada, acosados judicialmente y amenazados con el propósito explícito de silenciar sus voces. Desde julio de dos mil veinticuatro, al menos doce comunicadores permanecen privados de libertad en represalia por el ejercicio de su labor informativa.
Organizaciones como Espacio Público han documentado desapariciones forzadas de activistas de comunicación, como el caso de Carlos Correa, director de la ONG defensora de la libertad de expresión, quien fue desaparecido durante nueve días en enero de dos mil veinticinco. Esta represión genera un efecto paralizante en el ecosistema de medios independientes, donde la mayoría de los periodistas adoptan medidas de autoprotección que incluyen cesar su labor informativa, evitar la cobertura de ciertos temas, desplazarse internamente o buscar exilio en el extranjero. El temor se convierte en el principal instrumento de control, más eficaz que la censura directa porque internaliza la represión en la conciencia de los comunicadores.
Las radios comunitarias, históricamente espacios de expresión popular y organización social, han sido sometidas a una campaña de intimidación, chantaje y clausura que busca eliminar estas voces alternativas. Entre dos mil diecisiete y dos mil veintitrés, CONATEL cerró más de noventa y cinco estaciones de radio, concentrando la represión en estados como Zulia, Táchira, Sucre y Falcón, precisamente donde existe mayor movilización popular. Estos cierres se presentan como procedimientos administrativos por incumplimiento de normativas, pero la evidencia muestra que la persecución se intensifica en momentos de conflictividad social o períodos electorales.
El objetivo es claro: eliminar los espacios donde las comunidades pueden expresarse libremente, documentar sus realidades y comunicarse sin la mediación de un Estado que monopoliza la narrativa pública. La desaparición de estas radios representa la desaparición de las voces de quienes están en la base de la sociedad, aquellos cuyos intereses y realidades permanecen invisibilizados en la comunicación oficial.
Los medios alternativos enfrentan bloqueos permanentes en Internet que hacen inaccesibles sus contenidos para la mayoría de la población. Desde dos mil dieciséis hasta enero de dos mil veinticinco, se documentaron mil trescientos treinta y cinco eventos de bloqueo, de los cuales novecientos cuarenta y nueve permanecen activos. Empresas privadas de telecomunicaciones, bajo presión estatal, han comenzado a ejecutar censura de manera conjunta con autoridades gubernamentales. Portales como El Pitazo, Crónica Uno, Efecto Cocuyo, Armando.info y muchos otros medios digitales investigativos e independientes son bloqueados sistemáticamente, privando a la población del acceso a investigaciones críticas que documentan corrupción, violaciones de derechos humanos, desinformación oficial y realidades que el Estado busca ocultar.
Este cerco mediático es particularmente insidioso porque convierte la censura en una práctica cotidiana que los ciudadanos internalizan como inevitable, reduciendo la posibilidad misma de concebir una comunicación alternativa.
Frente a esta arquitectura represiva de control comunicacional, surge la necesidad urgente de construir una comunicación de resistencia que funcione como acto político de desafío y como herramienta organizativa de los sectores populares. Esta comunicación debe funcionar en múltiples niveles y mediante diversos medios, aprovechando tanto las tecnologías emergentes como las formas tradicionales de comunicación que emergen de la creatividad popular. La comunicación de resistencia debe ser documentaria, es decir, debe cumplir la función histórica de registrar, preservar y visibilizar las luchas sociales que de otro modo serían borradas de la memoria colectiva por la máquina de propaganda oficial. Documentar implica, en primer lugar, recopilar testimonios de trabajadores en huelga, de activistas perseguidos, de comunidades que resisten el despojo, generando archivos vivos que constituyen la historia real de la nación, no la historia oficial.
Esta documentación se convierte en evidencia de las aspiraciones, sacrificios y luchas del pueblo, contraponiendo una narrativa construida desde abajo a la narrativa oficial construida desde arriba.
Pero la comunicación de resistencia no debe limitarse a la documentación pasiva; debe ser fundamentalmente ofensiva, es decir, debe buscar desenmascarar activamente las mentiras del Estado, exponer los pactos entre élites, desenmascarar la complicidad de los medios corporativos con el poder político y exponer los mecanismos mediante los cuales opera la represión. Una comunicación ofensiva toma la iniciativa en la construcción de narrativas alternas, no simplemente respondiendo a la propaganda oficial sino lanzando iniciativas propias que propongan visiones alternativas de la realidad social, política y económica.
Esta comunicación debe expresar las aspiraciones del pueblo a una vida digna, articulando demandas concretas de trabajadores, estudiantes, ancianos, comunidades y todos aquellos sectores afectados por el modelo de gestión gubernamental.
La construcción de esta comunicación de resistencia requiere fortalecer y ampliar las redes de comunicación popular que ya existen en Venezuela, a pesar de la represión. Iniciativas como Bus TV, que imprime miles de ejemplares semanales e imparte información directamente en las calles de barrios desfavorecidos, ejemplifican modelos viables de comunicación alternativa que sorteen la censura oficial. Alianza Rebelde Investiga y El Pitazo, pese a los bloqueos y persecución, continúan produciendo contenido investigativo de calidad que expone corrupción y violaciones de derechos humanos. Aplicaciones como Noticias Sin Filtro permiten a ciudadanos acceder a medios bloqueados sin necesidad de conocimientos técnicos complejos.
Estas iniciativas demuestran que la resistencia comunicacional es posible, aunque requiere de recursos, voluntad política y solidaridad internacional.
La comunicación de resistencia debe asumir la tarea de romper los cercos mediáticos mediante estrategias que combinan lo digital con lo presencial, lo clandestino con lo abierto, lo local con lo regional. Debe construirse desde las comunidades, con los trabajadores, con los estudiantes, con las mujeres y con todos aquellos que tienen interés en que sus voces sean escuchadas. Cada acción comunicacional que emprendan los sectores populares es un acto de resistencia contra la hegemonía mediática estatal, un desafío a la pretensión del gobierno de ser el único intérprete autorizado de la realidad. Pero no basta con resistir de manera pasiva; es necesaria una comunicación ofensiva que desenmascare, que proponga, que inspire, que documente las luchas y que exprese, de manera clara y contundente, las aspiraciones del pueblo a una vida digna.
“En una Venezuela, dominada por el monopolio comunicacional, la construcción de espacios de comunicación popular se convierte no solo en derecho sino en obligación revolucionaria, en compromiso político con la verdad y con la construcción de un futuro donde la palabra, finalmente liberada del control estatal, sea patrimonio de todos.”
Neirlay Andrade. Directora de Tribuna Popular (Órgano del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) de la Dignidad)
f.oscar.f10@gmail.com
Referencia:
6 y 7 de noviembre de 2025. Moscú. “Foro Internacional de Medios de Comunicación “La verdad contra el neofascismo”. Organizada por el “Partido Comunista de la Federación Rusa” (PCFR) más 40 delegados de todo el mundo. https://prensapcv.wordpress.com/2025/11/09/tribuna-popular-participo-en-el-foro-internacional-de-medios-de-comunicacion-la-verdad-contra-el-neofascismo-en-moscu/?fbclid=IwY2xjawN_lVJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFtZHZ3a1pDR0t3SjFIWTVPc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHiNF5KlZ66U6omiMVl9Uzl5zsC2CIbxpvYXTU6C7aTh-IIwK_ETqtktvNTdX_aem_s6JdMPnxdEfB4_uhtHzEHQ
