Resulta incomprensible la conducta del presidente Donald Trump, cuyas acciones recientes han generado un serio repudio a nivel internacional.
Se han documentado al menos tres hechos de grave impacto: Aniquilación de Pescadores: El primer hecho fue la aniquilación de 80 pescadores en sus embarcaciones, bajo la acusación, aparentemente sin pruebas, de ser narcotraficantes.
Liberación de Narcotraficante: El segundo fue la liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía condena por narcotráfico. Este suceso resulta particularmente escandaloso, pues expone las contradicciones flagrantes de Trump, quien simultáneamente afirma liderar una campaña bélica contra el narcotráfico.
El Caso del Buque Petrolero, el tercer hecho, el caso del buque petrolero Skipper, ha escalado a noticia mundial. Como señaló recientemente el presidente Nicolás Maduro que la acción se configura como un "robo descarado" y un "acto de piratería internacional."
Es evidente que esta agresión no es solo un acto hostil más, busca desviar la atención de los escándalos políticos internos de Trump en Estados Unidos, incluyendo su situación legal y las acusaciones relacionadas con casos de pedofilia.
La invasión del buque y el robo de 1.9 millones de barriles de petróleo, cuyo ingreso es vital para el repunte económico del país, constituye un despojo flagrante que daña directamente a la nación.
Es inaudito que existan venezolanos que apoyen y aplaudan estas acciones de despojo internacional. El respaldo a tales actos por parte de algunos sectores de la oposición solo evidencia una profunda enfermedad moral y mental, impulsada por el odio y el revanchismo.
La respuesta del Gobierno ante sus enemigos internos ha sido percibida a menudo como impune. Figuras como Guaidó y María Corina no hubiesen podido infligir tanto daño a la nación si se hubiera actuado con mayor firmeza legal desde el inicio. El chantaje político parece ser el factor que se impone sobre la justicia.
Cuando delegados de Estados Unidos vienen a "negociar la paz," su verdadero objetivo parece ser conseguir la liberación de políticos presos por corrupción y conspiración.
Esta dinámica asegura que ellos siempre obtengan ventajas, pues los acuerdos son incumplidos posteriormente, dejando a estos delincuentes en libertad.
De cara al 2026, el Estado y el Gobierno deben adoptar una postura mucho más radical y enérgica, poniendo fin a tantos ataques y humillaciones: Evaluar la suspensión de la venta de petróleo a Estados Unidos y acelerar la búsqueda de más mercados energéticos.
Es hora de hacer cumplir la Ley sin depender de una comunidad internacional que ha sido ineficaz. Si los países aliados quieren realmente apoyar a Venezuela, deberían unirse para aislar económicamente a la administración Trump, siguiendo el ejemplo de Canadá: ni comprarle, ni venderle nada.
Se debe actuar con mayor contundencia legal: Iniciar procesos para retirar la nacionalidad a quienes conspiren contra la nación. Solicitar notificación roja a la Interpol para la búsqueda y captura de estos individuos.
Pedir a los países aliados que bloqueen las cuentas bancarias de los corruptos y que los deporten a Venezuela. No negociar más liberaciones de presos por ningún concepto.
Es momento de recuperar nuestra dignidad y pasar a la ofensiva con acciones políticas contundentes (no con derramamiento de sangre).
El CNE debe invalidar y disolver a todo grupo de electores, partidos políticos y políticos de oposición que conspiren o se presten a estos robos y saqueos del bien público.
Se deben romper relaciones con cualquier Gobierno que se alíe con la administración Trump para orquestar invasiones o agresiones.
¡Es hora de nuestra Dignidad! ¡Basta ya de tanta diplomacia suave; hagámono respetar!
