EEUU pretende intervenir en Venezuela con la OEA y la MUD

"Los acuerdos obtenidos por Estados Unidos con métodos tan bochornosos que el mundo entero critica, no restan sino que acrecientan la moral y la razón de Cuba; demuestran el entreguismo y la traición de las oligarquías a los intereses nacionales y enseñan a los pueblos el camino de la liberación; revelan la podredumbre de las clases explotadoras, en cuyo nombre hablaron sus representantes en Punta del Este. La OEA quedó desenmascarada como lo que es; un ministerio de colonias yankis, una alianza militar, un aparato de represión contra el movimiento de liberación de los pueblos latinoamericanos".
Fidel Castro Ruz en Plaza de la Revolución de Cuba, 4 de febrero de 1962.

Las recientes declaraciones del Secretario de Estado John Kerry no dejan lugar a dudas. EEUU prepara una intervención en Venezuela utilizando para ello a la OEA y a la MUD.

Al no poder la Asamblea Nacional, controlada por la derecha, derrocar al gobierno democráticamente electo del presidente Maduro, como si lo hicieran los parlamentos de Honduras y Paraguay - ahora en Brasil -, la ejecución del golpe "institucional", nueva doctrina de intervención golpista en América Latina, lo deberá protagonizar la OEA con el auspicio de la oposición venezolana, a cuyos apátridas dirigentes no les queda siquiera un ápice de vergüenza y lo admiten abiertamente demostrando su vulgar entreguismo y traición al interés nacional.

Al sonar de aquellas dos aeronaves conducidas por terroristas atravesando las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, fue adoptada en Lima la llamada Carta Democrática Interamericana. Este instrumento fue diseñado en base a la llamada "cláusula democrática" contenida en la Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas de Quebec, la cual establece que "la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización".

La Carta Democrática Interamericana está ideada a imagen y semejanza de lo que considera EEUU debe ser la democracia en su patio trasero y que en los últimos 17 años de Revolución Bolivariana se ha convertido en el libreto que ha recitado al caletre el oposicionismo venezolano, incluso para esconder sus aventuras golpistas.

En su artículo 2, la carta define a la "democracia representativa" como "la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales" de los países de la OEA. Luego estipula que la misma puede ser "reforzada y profundizada" con la participación ciudadana, una tímida coletilla seguramente incluida a última hora por exigencia de Venezuela, que en ese momento era el único país de la región que levantaba su voz dignamente para defender su independencia y soberanía.

Esta definición limitada de lo que constituye un "sistema democrático" incluye además los postulados liberales que restringen los derechos humanos a las llamadas "libertades fundamentales" en lo político y lo civil, por encima del amplio abanico de derechos humanos que contempla, entre otros, los derechos a la Igualdad y a la no discriminación, a la salud, seguridad social y asistencia social, a la educación universal y gratuita, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo, al desarrollo y a la libre determinación de los pueblos. Para la derecha transnacional, la violación a estos derechos no constituye amenaza alguna para la "democracia representativa".

La carta también incluye la transparencia de actividades gubernamentales, la responsabilidad en la gestión pública, el respeto a los derechos sociales y a la libertad de expresión y prensa, como elementos que definen lo que es una "autentica democracia". Además, en su artículo 4 establece que "la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia". Este último aspecto será el principal argumento de EEUU y la oposición venezolana para forzar en Venezuela la aplicación de medidas dirigidas al "fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática", eufemismo por el que justificarán la intervención extranjera, pasando incluso por encima del propio gobierno constitucional que la propia carta reconoce como la única entidad que puede invocarla.

En efecto, la Carta Democrática Interamericana establece en su artículo 17 que "cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática". Más adelante, el artículo 18 de la carta insiste en que cuando "se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación". Posteriormente, continúa la carta, "el Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento".

En ambos artículos, queda suficientemente claro que sin la aquiescencia expresa del gobierno concernido, es imposible aplicar la Carta Democrática Interamericana.

No obstante, el artículo 20 de la carta otorga a cualquier Estado miembro o al propio Secretario General de la OEA la facultad de convocar al Consejo Permanente, en caso de haber una "alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático", a fin de evaluar la situación y tomar decisiones pertinentes, entre ellas, la de realizar gestiones diplomáticas "para promover la normalización de la institucionalidad democrática". En caso que estas gestiones fracasaran, el Consejo Permanente podría entonces convocar un período extraordinario de sesiones para adoptar otras medidas, incluyendo lo establecido en la propia carta. La Asamblea General podría determinar entonces si se ha producido una ruptura del orden democrático y con el voto de las dos terceras partes, suspender al país en cuestión del ejercicio de participación en la OEA.

En este contexto, EEUU a través del Secretario General de la OEA, y con el apoyo de la MUD mediante algún tipo de declaración que produzca la Asamblea Nacional bajo su control, eventualmente presentará una solicitud de aplicación de la Carta Democrática Interamericana argumentando que el gobierno del presidente Maduro ha violentado el estado de derecho, las libertades fundamentales, y la separación e independencia de los poderes públicos, produciendo así una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático de Venezuela.

La derecha transnacional hará todo lo que este a su alcance para derrocar al legítimo gobierno de Venezuela, incluso promoviendo una farsa que termine desenmascarando aun más al ministerio de colonias yanquis.



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Antonio García Danglades


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