¡La patente o la vida!

Esta pudiera ser la frase de un asaltante con un arma de fuego clavada en las costillas de su víctima, o tal vez la de unos gobernantes que entendieron que para proteger la vida humana, necesariamente debe desmantelar un sistema de patentes que sólo favorece a los monopolios.

Igual ocurre con todos los hechos de la vida. Al contrario de los que dicen que el sistema de patentes protege a los inventores (es un cuento viejo que ya no se cree nadie), históricamente ha servido para frenar el proceso de invenciones.

Si no, investíguese la lucha que hubo en los EE UU de hace un siglo entre Tomás Edison, a quien se atribuye la invención de la bombilla eléctrica pero que la historia dice que sólo compró la patente, y Nicolás Tesla, el genio que inventó la corriente alterna. En esa oportunidad Edison, dueño de la patente de la corriente continua, que era inferior, buscó denodadamente que el invento de Tesla, que permitiría el alumbrado público como se conoce hoy, no se pudiera utilizar, porque atentaba contra los intereses de sus empresas. Utilizó Edison todos los medios legales e ilegales contra el inventor, pero afortunadamente la ciencia ganó en esa oportunidad y el empresario perdió el pleito.

No es extraño que existan diferencias entre las opiniones de los dueños de las corporaciones capitalistas que se benefician con el monopolio que otorgan las patentes y un gobierno que busca proteger a su pueblo. En este caso los gobernantes deben decidir a quién favorecen: Si a una mayoría que necesita que las medicinas lleguen a tiempo y con un precio accesible o gratis, o a una minoría que monopoliza, manipula y encarece las medicinas para hacer más dinero con el dolor humano. Las dosis, las combinaciones y otras maneras de alargar los tratamientos, y las escaseces artificiales creadas por los grandes laboratorios, sólo persiguen mantener un “mercado cautivo” que es como denominan a la gente que no tiene más remedio que comprarle a un monopolista.

La protección de la vida de la población es la que ha originado la intervención de los Estados en casos de pandemia, o en casos puntuales de epidemias particularmente letales en algunos países. Pero se ha hecho sin tocar la raíz del problema, lo cual el gobierno de Venezuela sí piensa hacer.

Según los empleados de las transnacionales que operan en ciertos bufetes ultra reaccionarios, "El sistema de patentes pone sobre la base unos mecanismos para que la gente acceda al conocimiento y fue una solución sabia para premiar a quien le aporta algo a la sociedad."

Pero cualquier persona que se pregunte por qué un medicamento tiene un precio tan alto, entenderá que las patentes son el elemento determinante en ese aumento, la legalización de la usura, un robo permitido.

Incluso a los opositores les conviene entender que una cosa es quejarse de los altos precios de los medicamentos diciendo que “Chávez no ha hecho hada” para resolverlo, y otra muy distinta es creerse los cuentos de los bufetes que están al servicio de quienes mantienen elevados los precios. Al salirnos de los grilletes del sistema de propiedad intelectual, se favorece a todas las personas que utilizan los medicamentos, que podrán encontrarse, bien fabricados por el Estado, tal vez por las facultades de farmacia de las universidades, o por empresas decentes que quieran hacer negocio sin apretarle el cuello a las personas.

La imagen del país, cuando se busca hacer accesibles los productos de la tecnología para toda la población sólo “se deteriora” ante quienes pretenden seguir vampirizando a la humanidad, acostumbrados a negociar con funcionarios corruptos y complacientes, que prefieren engordar sus cuentas bancarias antes que hacer su trabajo como es debido.

andrea.coa@gmail.com

 



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Andrea Coa


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