La transferencia de tecnología es la falsa oferta que se utiliza en el documento elaborado por el SELA a propósito de la reunión Regional que, con la OMPI, se realiza en Caracas este jueves y viernes.

Acota esta institución que es necesario “fortalecer las capacidades tecnológicas indispensables en los procesos de transferencia de tecnología exigidos como parte de los contratos de acceso y reparto de beneficios". Es decir, además de la práctica de vendernos la tecnología obsoleta o de tercera generación, los procesos de transferencia pasarían por formación en áreas tangenciales al manejo propiamente dicho de la tecnología, pudiendo pasar un lapso de tiempo indeterminado para ser considerado apto, para recibirla.

Paradójicamente, un argumento sostenido para derribar las barreras de protección que hoy levantan los pueblos de los países subdesarrollados sobre los recursos sujetos de protección, es la importancia del desarrollo progresivo y en aumento de la tecnología, que no debe limitarse. En ese doble discurso y doble moral, los dos organismos que convocan la reunión no son capaces de decir que para el desarrollo progresivo y en aumento de la tecnología, es necesario desmontar todo el sistema pervertido de la propiedad intelectual.

Estas instituciones gestoras del capital tienen delegaciones de diversos países, haciendo, abierta o discretamente, el lobby a los funcionarios o las empresas interesadas en tener derechos de explotación exclusiva y acceso a estos recursos sujetos de protección.

La brecha tecnológica, no es el único problema, también lo es impedir la construcción colectiva, la acumulación y progresión del conocimiento que a través del sistema de propiedad intelectual. Igualmente la decisión, a discreción de intereses particulares, sobre la producción de bienes, servicios y conocimiento, así como limitar, condicionar o impedir el desarrollo de la tecnología y el conocimiento autónomo de los pueblos, cuando replican modelos similares a los ya desarrollados por los preeminentes en tecnología. Todo ello limita el desarrollo de las fuerzas productivas de la colectividad mundial en una proporción que sólo puede explicarse en la naturaleza perversa del capitalismo y en su disfuncionalidad e incapacidad como sistema económico, político y social hasta para preservar la vida en el planeta.

La imposición de la propiedad intelectual como instrumento de privatización de los recursos de la biodiversidad, el conocimiento tradicional y ancestral de los pueblos originarios, es un mecanismo de apropiación indebida que otorga derechos de explotación exclusiva, que han de ser penalizados y deben ser universalmente derogados.

Esa es la disyuntiva: una decisión de la razón sobre la barbarie, que los expertos en manipulación han retocado con el lenguaje de los intelectuales, pero lo que está en juego es demasiado significativo: el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al equilibrio ecológico, a la supervivencia de las especies, a la preservación del planeta. Sólo la unidad de los pueblos del llamado tercer mundo, en una lucha por restituir nuestros derechos a la cultura, el conocimiento, la tecnología; podrá inclinar la balanza de la justicia internacional, lucha que deberá emplazar a los pueblos de los países preeminentes en tecnología a coordinar acciones para garantizar la vida en el planeta, la biodiversidad, equilibrio ecológico y los intereses de toda la humanidad.

La vida no es una mercancía negociable, desmontar el aparataje ideológico de toda esa normativa legal del perverso e ilegitimo sistema de propiedad intelectual es la principal tarea que nos debe unir. Debemos difundir y comunicar en todos los niveles esta realidad.

Venezuela debe participar en todos los escenarios para argumentar y denunciar estas condiciones en la elaboración de acuerdos y negociaciones, donde los débiles ceden y ceden. No es posible negociar con los fuertes, es ineludible crear bloques y polos de desarrollo entre los países subdesarrollados. Debemos estar atentos para no acceder a firmar acuerdos que parecen progresivos, pero tienen condiciones que los convierten en inútiles y hasta regresivos, como es la transferencia de tecnología obsoleta, la ocupación de lapsos de tiempo en “fortalecer las capacidades tecnológicas”, o la oferta engañosa de “reparto de beneficios” en los contratos de acceso, en el tratamiento de los recursos.

Definitivamente “no” y “no” tendrán “contratos” de acceso a estos recursos, porque la vida no es negociable. La propiedad intelectual es ilegítima e ilegal para administrarlos.

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