Cuatro fuentes con conocimiento de la medida confirmaron a Reuters que el Ministerio de Petróleo de Venezuela suspendió 19 contratos de producción compartida. Estas alianzas con empresas privadas surgieron bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro, pero ahora enfrentan una paralización administrativa total por orden gubernamental.
La suspensión de las actividades no ha afectado la producción de crudo ni de gas en el país hasta el momento, según reportaron los informantes. Mientras la medida permanezca vigente, la petrolera estatal Pdvsa asume la venta directa de todo el petróleo que se extraiga bajo el amparo de estos convenios.
Caracas y Washington revisan actualmente los contratos y poseen la facultad de recomendar la revocación de varios de ellos en el corto plazo. Ambos gobiernos analizan las credenciales de las compañías firmantes, debido a que algunas son desconocidas y pactaron cuando Venezuela ya estaba bajo sanciones.
Estados Unidos capturó a Maduro en enero y tomó el control absoluto de las exportaciones y las ventas de hidrocarburos venezolanos. A raíz de este cambio, el Departamento del Tesoro estadounidense emite licencias específicas que permiten a ciertas empresas comercializar el crudo y operar formalmente en el sector.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos a finales de enero para incentivar la inversión en la industria. La legislación reformada otorga al gobierno un plazo de seis meses para completar la revisión técnica y legal de todos los contratos que están vigentes.