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No sólo en las alcabalas, donde revisan indebidamente celulares y requisan a los ciudadanos, se aplica erróneamente la Ley del Odio, Diputado Arreaza. Aunque usted tiene parte de razón, en su declaración respecto al asunto, usted deja por fuera los innumerables casos en los que “judicialmente” (es decir en tribunales) se ha aplicado indebidamente la ley del Odio.
Ya antes declaró el Diputado-Presidente de la Asamblea, su tocayo Jorge Rodríguez que “ha ocurrido una mala utilización” de la Ley del Odio y que por eso la van a someter a revisión.
No es falso que muchos funcionarios en las alcabalas “abusando” de su autoridad y aprovechándose de las circunstancias reinantes, intimidan a los ciudadanos y en algunos casos los extorsionan, amenazándolos con aplicarles la Ley contra el Odio y ponerlos a las órdenes de los tribunales.
Pero además no debe quedar por fuera que también se ha “mal utilizado” la Ley contra el terrorismo, que de igual manera ha sido un instrumento jurídico para iniciar “procesos judiciales” a inocentes, que terminaron llevando a la cárcel a muchas personas, en la mayoría de estos casos vulnerando el Estado de Derecho.
No está mal que los Diputados, como miembros del Poder legislativo, reconozcan fallas en la aplicación de leyes; pero están obligados a verificar cómo funciona el sistema de justicia en el país.
No son pocos los jueces, fiscales y funcionarios del sistema judicial que han sido parte de un “entramado” que se ha venido utilizando contrario al Estado de Derecho que la Constitución Nacional (1999).
Cómo es eso que el Fiscal General de la República ahora “simplemente” renuncia y pasa a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo. ¿Acaso no tiene responsabilidades importantes en las “irregularidades” que hoy presenta el Ministerio Público?.
No es falso que muchos políticos se escudaron en el “derecho a la protesta” para imponer por vías violentas y a través de la “insurrección”, un cambio de gobierno, arrastrando a muchas personas a cometer crímenes (en las llamadas guarimbas) que obligaron al Estado a ejercer acciones legales que los llevaron a la cárcel. Pero la verdad es que los responsables de aplicar la justicia terminaron criminalizando cualquier tipo de protesta y erigieron un “sistema judicial” que vulneró el Estado de Derecho de los ciudadanos.
La misma Ley de Amnistía es un indicativo de que el Estado se ha visto obligado a “corregir” errores que terminaron llevando a la cárcel a muchas personas inocentes. El estado militar-policial que se erigió en Venezuela, como consecuencia de la confrontación entre los representantes del “extremismo político” debe ser desmontado y debe resurgir un Estado donde los derechos de los ciudadanos y el Estado de Derecho se imponga.
P:D: En rrss se está leyendo recurrentemente el nombre de Miguel Rodríguez Torres, “candidateado” como Ministro de Defensa. Quienes ya han sido parte del problema difícilmente pasen a ser parte de la solución de la “crisis” que vive nuestra sociedad.
