El esposo y la hija de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, presentaron este miércoles una demanda formal contra el expresidente Donald Trump y altos cargos de su administración. La acción legal responde a las severas sanciones impuestas el año pasado contra la jurista italiana, tras sus críticas a las políticas de Israel en la Franja de Gaza.
Los demandantes buscan impugnar lo que consideran un abuso de poder que ha transformado a Albanese en una «paria financiera», afectando gravemente la vida y el patrimonio de su núcleo familiar en territorio estadounidense.
La demanda incluye a figuras clave del gabinete como la fiscal general, Pam Bondi; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Los familiares argumentan que las medidas exceden las competencias del Ejecutivo y violan derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Estados Unidos.
Según el documento, las sanciones «violan los derechos de la Primera, Cuarta y Quinta Enmienda y exceden los límites legales que el Congreso ha impuesto al uso de sanciones y a las acciones de las agencias por parte del presidente».
El origen de las represalias contra la relatora de la ONU
El conflicto escaló tras la publicación del informe titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio en julio pasado. El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, acusó a la defensora de derechos humanos de «antisemitismo descarado» y de colaborar directamente con el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Washington justifica las sanciones alegando que Albanese promueve investigaciones y procesos contra ciudadanos estadounidenses e israelíes sin el consentimiento de ambas naciones, lo que motivó su inclusión en listas de vigilancia reservadas para terroristas.
Las consecuencias de estas medidas han desplazado a Albanese de su hogar en Washington hacia Túnez, impidiéndole incluso viajar a Nueva York para cumplir con sus funciones ante la ONU. La administración estadounidense ordenó congelar todos sus activos, incluyendo su cuenta bancaria y su apartamento, y revocó su visado de entrada al país.
Esta situación afecta directamente a su esposo, funcionario del Banco Mundial, y a su hija, quienes enfrentan limitaciones extremas para acceder a su propia vivienda y recursos financieros básicos.
Una vida arruinada por la disidencia política
La demanda resalta la desproporcionalidad de las sanciones, que contemplan penas severas para cualquier ciudadano que asista a la jurista.
La propia Albanese explicó anteriormente ante la Cámara de Diputados de Italia la magnitud del asedio: "En teoría no me pueden invitar a un café, porque les pueden multar con hasta 1.000 millones de dólares o imponerles 20 años de cárcel". Este marco legal ha aislado por completo a la relatora, impidiendo cualquier intercambio económico o personal bajo amenaza de represalias judiciales masivas.
En el texto presentado ante el Tribunal de Distrito en Washington, los familiares exponen la motivación política detrás del castigo estatal. La demanda cuestiona «si los demandados pueden sancionar a una persona, arruinando su vida y la de sus seres queridos, incluida su hija ciudadana, porque no están de acuerdo con sus recomendaciones o temen su capacidad de persuasión".
Los demandantes insisten en que las autoridades "han impuesto sanciones severas contra Francesca, cuya carga también ha recaído sobre su familia, en virtud de una orden ejecutiva excesivamente amplia».