El 12 de abril de 2002 estaba yo llamando a la ONG Provea, organización que divulgaba el desempeño del Estado Venezolano en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos, yo representaba a la ONG Red Venezolana Contra la Deuda Externa, les pedía salvoconducto para averiguar sobre la situación de los presos políticos ante el inminente golpe de Estado que se había producido aquel 11 de abril. Ya anteriormente en reuniones provea menosprecio, negó y redujo en voz de su representante en la nueva dirección de dicha ONG, los logros alcanzados por el gobierno de Hugo Chávez. Provea negó la entrega de los salvoconductos. En cambio el padre Vives Suria se puso a la orden para lo que hiciera falta.
Entonces Provea desde mucho antes del golpe de estado ya trabajaba en un expediente de falsos positivos contra el Estado Venezolano de violación de derechos humanos, usando datos falsos o medias verdades para afirmarlo.
Los factores de la oposición fascista han mantenido estos falsos positivos para construir un expediente que llevarían a la Corte Penal Internacional con el fin de probar la violación de los derechos de lessa humanidad por parte del gobierno nacional y del presidente Hugo Chávez ya después de restablecerse la democracia en nuestro país.
No lo han logrado, pero insisten en ello. Por eso es tan importante rectificar las intervenciones que como activistas sociales hemos hecho al calificar al gobierno como autoritario o con rasgos autoritarios, esto porque sensibilizados por los trabajadores presos por luchar o denunciar, nos expresamos en su momento con estos adjetivos y debemos decir, que dirigir una nación es complejo y multifactorial, por lo que no se puede abarcar todo el espectro de los derechos humanos.
Para puntualizar los trabajadores presos tienen personas responsables de su acusación y forjamiento de falsas pruebas, al punto de quedar algunos de ellos ya en libertad al demostrarse su inocencia y la falta de sustentación de las graves acusaciones de la cual fueron objeto. Esta el caso por ejemplo de Joan Mendoza, acusado por los empresarios de Maderera Massisa de instigación al odio, requiriéndose por ejemplo un reglamento para dicha ley, que evite que la lucha por los derechos laborales y salariales sea motivo de criminalización.
La responsabilidad del Estado en cuanto a vigilar y corregir las desviaciones de los actores y factores de la administración de justicia sigue estando vigente de acuerdo a mi apreciación.
Pero la unidad del pueblo venezolano, junto al Gobierno Nacional que encabeza el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolas Maduro Moros es la garantía para derrotar la acción del imperialismo y sus operadores políticos dentro y fuera del país y frustrar sus planes de invasión a Venezuela con la excusa de restablecer los derechos humanos, escenario que preparan con las sanciones y la guerra económica para provocar protestas con propaganda malsana por los medios y redes, generando odio irracional en la población y con ello propiciar violencia y masividad en protestas. Hasta ahora no lo han logrado. La unidad ha sido la clave del triunfo. Es importante valorar la dignidad del pueblo venezolano el cual sabiamente ha sabido esperar el momento oportuno para conducir su lucha por la segunda independencia y que ha entendido que es una estrategia apoyar al gobierno nacional, para garantizar la independencia, autonomía y derecho al desarrollo, eso sin renunciar al sur de sus derechos.
