Así como a nadie se le puede exonerar de un delito cometido, argumentando que no sabía o no conocía la ley que tipifica ese delito; de igual manera ningún gobernante o cuentadante cualquiera sea, puede escurrir el bulto afirmando que él, nada sabía del hecho o acción dolosa donde aparece implicada su gestión y menos ahora que la ley estable corresponsabilidad en todos y cada uno de los actos que se ejercen en la administración pública.

Bien es sabido, que en el estado de derecho que rige la República, el colectivo elector elige a sus gobernantes para que administren con decoro la hacienda pública y estos a su vez escogen al tren ejecutivo del seno del sector más allegado a su programa o planteamiento de gobierno, es decir tiene facultad de delegación de muchas de sus funciones en personas de su estricta confianza, esto sin dejar de ser o perder su condición de cuentadante, de allí que cualquier situación anómala de error administrativo o de manejos dolosos en dicha gestión pública, implica al gobernante electo, es decir no le exonera de culpa.

Soy de los que siempre comparto aquel decir:”bajo la mirada del amo, engorda el caballo”, lo que indica que es obligación sine-quanom, no espabilar por un instante en el manejo de la cosa pública, porque puede suceder, como sucede muchas veces que en un abrir y cerrar de parpados, salte la libre de la corrupción.

En lo personal, no le deseo a nadie que aparezca implicado en actos lesivos al patrimonio público, porque éllo, daña el buen nombre de las personas, de su familia, de sus hijos y sus nietos, quienes tienen que cargar como calvario con esa raya de seres deshonestos a quienes habiéndoles dado el pueblo su confianza, terminan enlodados en la maraña de la corrupción.

Todo lo anterior está referido a la hoya de la doble nómina que funcionarios inescrupulosos, quienes pasándose de vivarachos montaron en la gobernación del Estado Táchira la cueva de Alí Baba; olvidando los referidos funcionarios públicos que ese dinero del cual se apropiaron deshonestamente, pertenecía al pueblo, ya que esa plata salen de los impuestos y de la renta petrolera que igualmente hoy por hoy es del pueblo.

Razón más que suficiente, para decirle al señor gobernador, que no puede hacerse el inocente, y menos aún victimizarse, lo que le sale es asumir el grado de responsabilidad que pudiere tener, ya que fue él, quien por delegación designó a esos funcionarios que hoy están siendo investigados por el affaire contra el patrimonio público que administra la gobernación del Táchira.

Es bueno recordar que las gobernaciones son entes de carácter público, que son parte de la República, no son ni deben ser caja chicas ni hacienda de nadie en particular; la gobernación del Táchira es una institución creada al igual que las restante entidades federales para acercar la gestión de gobierno a múltiples sectores de la población, y para éllo, el gobierno central tal cual lo establece la ley, les asigna presupuestos que permiten atender servicios y necesidades; de manera tal que es condenable desde todo punto de vista e inconcebible que mientras afirmaban que el gobierno nacional no les enviaba presupuesto y por lo tanto carecían de dinero para atender el sector salud o las carreteras tachirenses, queda al descubierto que si contaban con plata a montón para que malos ciudadanos se lo apropiaran como acaba de suceder en la gobernación y donde además existen padre y madres de familias jubilados para los que nunca ha habido dinero que cancele sus prestaciones y por ahí andan a la casería del gobernador rogándole para que les pague lo que por derecho humano les corresponde.

Ahora bien, el hecho de seguir alcahueteado con la impunidad actividades corruptas mas que evidentes, ha hecho que mucho funcionariado público le importe un bledo hacer de las suyas con el dinero que el pueblo le ha confiado bajo su administración; de allí que considero que debe aprobarse una ley draconiana que castigue a todo delincuente de cuello blanco por apropiación de lo que es patrimonio del pueblo, e incluso en sentencia firme confiscarles propiedades y bienes que pudieran tener a través de terceros para resarcir el daño hecho a la cosa pública; al tiempo que deben ser inhabilitados y no puedan optar de por vida a cargos publicos por elección o designación; ese derechos debe quedar solo y exclusivamente para aquellas personas probas que en su vida cotidiana demuestren con su conducta que son eticamente excelentes ciuidadanos.

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(*) Equipo PSUV.Táchira

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