Control popular frente a la guerra económica

Para abordar tan peliagudo problema, el de la guerra económica, se nos hace necesario plantearnos, primeramente, una pregunta básica: el país, realmente, enfrenta una guerra económica? O será, como sostiene la oposición política que toda esta situación de angustia ante la escasez de productos básicos y la especulación con los precios es consecuencia de errores cometidos por el gobierno bolivariano en la conducción económica.

Evidentemente, que la respuesta a la pregunta estará en correspondencia con la ubicación política que se tenga frente a la presente coyuntura. Para el pueblo llano, esa porción de venezolanos que aún no tiene una posición tomada con relación a los avatares de la política, que de acuerdo a los encuestólogos alcanza a un poco más del 30% de la población, la inquietud está referida, antes que a hacerse esa pregunta, a la consecución de los productos que requiere para satisfacer sus necesidades cotidianas.

Pero, para el resto de la población, la pregunta en cuestión, si tiene absoluta pertinencia, en el entendido, además, de que los problemas económicos de la nación por encima de cualquier otra connotación, tienen y son de naturaleza política.

Interpretación burguesa

Para la oposición este problema está despejado, la culpa de lo que acontece es consecuencia del modelo económico-político que el chavismo se ha planteado instaurar en el país, que de acuerdo con los sesudos analistas, esos que tienen 15 años equivocándose en la interpretación del proceso de cambio que se viene desarrollando en Venezuela, todo es atribuible, según ellos, a las limitaciones que se le ha impuesto a las libertades económicas, al desenvolvimiento de la libre empresa, a la intromisión del Estado en los asuntos económicos, al excesivo gasto público, al control de cambios, a las expropiaciones, a la regulación de precios, al reparto dispendioso a otros países de los recursos nacionales, etc., y pare Ud. de contar.

De allí, que la solución viene dada, según ésta interesada interpretación, con la retoma del poder por parte de la burguesía, de esa burguesía parasitaria que durante décadas gobernó al país de acuerdo a sus particulares intereses en connivencia con las transnacionales imperialistas, en especial las petroleras, que durante cerca de 90 años estuvieron saqueando las riquezas nacionales; esa burguesía, que se lucró a más no poder del erario público, y que siempre tuvo a su disposición a una clase política, los actuales opositores y sus derivados, que gobernaba en función de sus mezquinos intereses.

Por esta razón histórica queda claro que la oposición venezolana no representa ninguna alternativa, su retorno al poder significaría una retrogradación a etapas ya superadas, canceladas por el nuevo derrotero que legítima y soberanamente tiene trazada la sociedad venezolana.

Ahora bien, la negación histórica de la pretensión de la burguesía parasitaria e imperialista no significa que no tenga capacidad de reacción como para intentar doblegar el curso que lleva el país con la revolución bolivariana, demostración de ello es la guerra económica en la cual estamos inmersos como pueblo y que se inserta en la estrategia desestabilizadora destinada al trastrocamiento del Proyecto Bolivariano y Chavista; desestabilización que descansa, además, en otras aristas, como la mediática, la psicológica, la guarimbérica y la protesta social revestida de pacífica, sin descuidar la incubación de paramilitares colombianos y los intentos de sonsacamiento de militares; toda una combinación de formas de luchas, en la que las propuestas del Congreso de Ciudadanos (María Machado y su combo) o la Asamblea Constituyente no son más que expresiones discursivas de un propósito común: el derrocamiento del gobierno bolivariano presidido por el Presidente Trabajador Nicolás Maduro Moros.

Medidas bolivarianas

Ahora, para el pueblo definidamente chavista, alrededor del 40% de la población, la perspectiva con la que se asume la situación económica planteada está bastante clara, tan clara como la luna llena, como diría Chávez, estamos ante una guerra económica, implacable, atosigante, arista de la estrategia desestabilizadora, cuyo enfrentamiento amerita, como en toda guerra, la activación de diversos dispositivos destinados a abatirla. Para tal efecto, el gobierno bolivariano está preparando una serie de medidas, que anunciará oportunamente, orientadas a darle respuestas al acoso económico al que está sometido el pueblo venezolano.

Medidas que, en todo caso, siempre estarán dirigidas a defender y preservar los logros económico- sociales alcanzados por el pueblo durante el período chavista, la preservación y mejoramiento de la inversión social, a través de las Misiones y Grandes Misiones Sociales; al mejoramiento de la producción y de la productividad agrícola e industrial; incentivando la incorporación del pueblo organizado a la actividad económico-productiva; determinando con precisión la participación del Estado en la dinámica económica así como de la iniciativa privada; estimulando un mayor consumo de lo producido nacionalmente y mayor racionalidad en la importación; manteniendo el control de cambios para preservar las divisas y, junto con ello, medidas antiinflacionarias, monetarias, tributarias, etc., en consultas con los más amplios sectores, en especial con los trabajadores.

Pueblo contralor

Y, naturalmente, ejerciendo el control, como el que se le viene haciendo al contrabando de extracción, que ya está dejando resultados elocuentes y, con la Ley de Precios Justos, combatiendo la desaforada especulación que han desatado los empresarios inescrupulosos motivados tanto por el afán de lucro desmedido como por el propósito clasista de golpear al gobierno. Control en el que la participación popular ha de ser fundamental, el pueblo es el más afectado por la guerra económica y es el más interesado en combatirla, por ello, se hace imperativo facilitar y estimular su participación en las labores contraloras.



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Miguel Ugas

Miembro de la coordinación nacional del MoMAC

 miguelugas@gmail.com

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