TSJ en el exilio no es un tribunal sino una asociación de fugitivos para delinquir.
No hace antejuicio contra el Presidente venezolano, soló hace un simulacro de juicio.
Sus miembros no son jueces, son sólo leguleyos usurpando funciones del verdadero TSJ con sede en Caracas.
No dictan sentencias ni mucho menos tienen cómo ejecutar lo que deciden, sólo realizan actos de propaganda sin efecto jurídico ni político (y sólo los gobiernos extranjeros que ya odian a Venezuela intentan darle importancia).
Ahora bien, como ciertos medios de comunicación antichavistas intentan darle notoriedad mediática a la actuación de ese falso TSJ, me atrevo s sugerir a los abogados que deberían integrarlo para que este circo pseudo judicial gane mayor fama.
Hoy nos limitamos a mencionar sólo a los presidentes de cada sala, junto con un micro resumen profesional que apenas se asoma a la grandeza intelectual de estas catedrales del Derecho Venezolano que la historia consagrará como individuos de número de la Academia Mundial de Ciencias Jurídicas y Políticas.
En la Sala Civil, se designa Presidente a Julio Borges como premio a su astucia y ventajismo en materia de contratos, por ejemplo los que dieron origen a cheques millonarios de la vieja PDVSA a favor de Primero Justicia. También se le premia por aquel programa televisivo "Justicia para todos", donde los "procesados" sin derecho a apelación eran condenados de forma definitiva por los gritos de Julito, siempre con regaño incluido.
En la Sala Penal, se designa Presidente a Delsa Solórzano, se le premia por su gesta de amnistía a favor de terroristas que incendian escuelas y pre escolares en la Quinta República así como promover impunidad para los funcionarios asesinos y criminales de la Cuarta, entre cuyas víctimas de tortura se encuentra su propio padre. Incluye terapia de botox.
En la Sala Social, se designa Presidente a Tamara Adrián, visto que esta sala incluye temas como la Ley Orgánica para la Protección de niños, niñas y adolescentes, se estima que producirá valiosa jurisprudencia a favor de que parejas del mismo sexo (familia homoparental) tengan prioridad para adoptar a niños venezolanos y con ello avanzar a un nuevo modelo de familia a la altura del primer mundo.
En la Sala Político Administrativa, se designa Presidente a Juan Carlos Caldera quien judicialmente habilitará a funcionarios públicos para que sean "entes unipersonales recaudadores de impuestos", es decir, con ponencia de Caldera todo burócrata quedará facultado para cobrarle peaje o vacuna a empresarios a cambio de favores secretos, se trata de la despenalización del "maletín", operación famosa desde que Caldera en video le recibió unos reales al empresario Wilmer Ruperti pero que de ahora en adelante ya no será delito.
En la Sala Electoral, se designa al peliteñido Gerardo Blyde quien tiene merecido el cargo como prestigioso garante de la no intervención de tribunales en los resultados emitidos por el CNE, como cuando en las elecciones primarias para la Alcaldía de Baruta fue derrotado por David Uzcátegui pero un fallo judicial le permitió seguir en el cargo a pesar del desprecio del pueblo votante.
En la Sala Constitucional, se designa Presidente a Diana D'Agostino, abogada famosa por acusar a las mujeres chavistas de andar sucias, hediondas y desarregladas, promete llenar de glamour la máxima sala con foto publicable para la Revista OK; imponiendo un toque eurocéntrico italiano, burgués rubio platinado de mayor caché a la jurisprudencia en sustitución del aire exótico indígena de su antecesora. D'Agostino ofrece, bajo el asesoramiento jurídico de su marido Henry Ramos Allup, dictar Sentencia Exprés para disolver todos los poderes públicos a excepción de la Asamblea.
Este imaginario TSJ paralelo debería tener su sede de operaciones en la Plaza Altamira de Caracas.
