He dejado pasar varios días desde que ustedes publicaron su remitido en contra de lo que definen como “ataques a la libertad de expresión”. Buscaba con ello   decantar las emociones que en cualquier momento podían traicionar mi respuesta. Durante la espera ocurrieron los hechos de agresión a los periodistas de la Cadena Capriles y ello me motivó a dejar pasar unos días adicionales, buscando la mayor ecuanimidad de las ideas que voy a exponer a continuación:

1. Leyendo el contenido del remitido publicado por ustedes, pareciera que estuviésemos frente a la peor dictadura de América Latina. Las acciones gubernamentales evidencian, según ustedes, una agresión a la libertad de expresión, censura de la administración pública sobre el estado de sus actuaciones, persecución sobre más de 200 medios audiovisuales y, como si esto fuera poco, dejan traslucir que en el ataque a Globovisión el Gobierno Nacional tiene alguna conexión.  Finalmente se declaran en asamblea permanente para estar alerta ante cualquier intento de vulnerar los derechos ciudadanos previstos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales.
2. El día de la agresión a los periodistas de la Cadena Capriles, éstos ejercían su derecho como venezolanos para cuestionar el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Independientemente que no compartimos la posición política de estos venezolanos que protestaban contra el Artículo referido, recriminamos y rechazamos contundentemente la agresión ocurrida. Lo hacemos sin que medie ningún atenuante, tal como hemos rechazado frontalmente el asesinato de casi doscientos (200) dirigentes campesinos que han sido mandados a matar por los latifundistas venezolanos,  los mismos que se encuentran   conectados políticamente con esa dirigencia de oposición que se regocijó con el remitido publicado por ustedes.
3. Me imagino que los firmantes del remitido deben ser periodistas jóvenes. Sin embargo, el ser joven no justifica ignorar nuestra historia, y mucho menos la historia del periodismo venezolano. Me imagino también que resulta muy cómodo, excesivamente cómodo y seguro, hacer críticas por todos los medios de comunicación contra un gobierno dictatorial como éste, sin tener que asumir las consecuencias que ocurrían en el pasado, o las consecuencias que ocurren en países hermanos de nuestro continente.
4. En los años sesenta el periódico El Nacional, sólo por ser un medio crítico a la política gubernamental, lo asfixiaron  mediante un boicot publicitario en una ofensiva sincronizada entre Gobierno de Betancourt-Grupos Económicos. Lograron sacar a Miguel Otero Silva de la dirección del periódico, y cambiar su junta directiva a objeto de relanzar el diario con una línea más complaciente con el Gobierno. En esa época, además, ocurrían atropellos sistemáticos contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. Un día sí y otro también, confiscaban toda la circulación del diario Clarín y del semanario Tribuna Popular. Allanaron muchas veces las imprentas de diferentes medios y llegaron hasta aplicar la censura previa en las oficinas de redacción de diferentes medios de comunicación (recuerden el año 1992).
5. Recordamos la prisión, en la década del setenta, del periodista Richard Izarra, director de la revista Reventón, por el solo hecho de escribir un artículo de opinión en contra de la recluta; asimismo, nos viene a la memoria la prisión por años de Doris Francia, quien además fue sometida a juicio militar por haber redactado un artículo de opinión en el medio de comunicación Ruptura, donde expresaba su alegría por la fuga de una veintena de presos del Cuartel San Carlos; por otro lado, resulta imposible olvidar el cierre de la revista Resumen durante el primer gobierno de CAP, donde se allanaron sus oficinas, destruyeron sus talleres y ordenaron la detención de su director, Jorge Olavarría, sólo que éste logró antes asilarse en la embajada de Nicaragua salvándose de su detención.¿ La falta cometida por Olavarría? Sacar en la portada de Resumen una caricatura donde se observaba una estatua ecuestre de Bolívar con la cara de CAP. Algo parecido le ocurrió a Rafael Poleo quien tuvo que asilarse en una embajada, también durante el gobierno de CAP. Y finalmente, para no fastidiarlos con tantos casos, recordamos lo sucedido al senador Miguel Ángel Capriles, presidente de la Cadena de su mismo apellido, a quien se le allanó la inmunidad parlamentaria y fue puesto preso en cárceles venezolanas, por el sólo hecho de divulgar a través de medios de comunicación de su propiedad,   información militar presuntamente  confidencial.
6. Con la cárcel se pagaba el atrevimiento de un periodista a oponerse  simplemente a cualquier política gubernamental. Ser periodista en aquella época era cosa seria, y era parte del quehacer diario los atropellos policiales a los reporteros cuando éstos cubrían noticias que incomodaban al gobierno.  Casas y oficinas de periodistas allanadas, o ver policías acercarse a los reporteros gráficos que hacían sus trabajos en la calle, y conminarlos a entregar las cámaras y velar los rollos de fotografías y/o videos, algo que por cierto ocurre todavía en muchos países de América Latina.
7. Por eso me parece paradójico escuchar las protestas suyas contra lo que denominan atropellos de este gobierno a la libertad de expresión, cuando todos ustedes cuentan, en plena libertad, de una cobertura impresa, radial y televisiva, para plantear sus disensos con el gobierno nacional sin que en ello se les pueda ir la vida o la libertad, como ocurrió en las décadas de la IV República, y como ocurre hoy en diversos países de nuestro continente. Para ustedes pareciera que estamos viviendo una feroz dictadura, en cambio para nosotros es una dictadura muy sui géneris, que no encarcela periodistas ni los manda a matar, ni cierra medios de comunicación por expresar sus ideas.
8. ¿Sabían ustedes que Colombia, México, Honduras y Guatemala, conservan el “merito” de ser de los países con más alta peligrosidad para el ejercicio del periodismo en el continente? En Colombia sólo han matado a 125 periodistas entre 1994 y el 2007, a razón de casi diez periodistas asesinados por año. En México la cifra asciende a 41 asesinatos entre el año 2000 y el 2008, a razón de casi seis por año. ¿Ustedes se imaginan lo doloroso  que resultaría para nosotros tener que enterrar a esa cantidad de periodistas por el solo hecho de que tuvieron la valentía de denunciar hechos de corrupción civil, militar, o violación a los derechos humanos? Sin duda que en nuestro país todavía tenemos mucha libertad que disfrutar y  consolidar, aunque a veces esa libertad casi absoluta que palpamos a diario, se convierte la mayoría de las veces en un libertinaje donde los periodistas parecieran estar más allá del bien y del mal, y donde éstos se sienten con el derecho a atacar sin misericordia a cualquier mortal. Y cuando son demandados por daños y perjuicios cometidos contra el denunciado, entonces argumentan que el sistema jurídico está actuando, inducido por el Gobierno Nacional, para coartar la libertad de expresión.  Pareciera que la  responsabilidad por los actos cometidos por los periodistas,  no existiesen en su código ético. Esta es una discusión que tenemos que dar.
9. Ustedes hablan de persecución a 200 radios. Ese es un problema que podemos abordarlo cuando ustedes quieran y en el escenario que ustedes quieran. No puede permitirse que con el espectro radioeléctrico, que es  de todos los venezolanos, vengan unos vivos y se lo apropien sin observar la permisología ni las reglamentaciones que para tal efecto existen en las leyes de la República. Lo que ustedes no dicen es que hay 600 radios al menos (cerca del 80% del total), con línea editorial totalmente opositora a este gobierno, a las cuales se le reconoció toda la documentación presentada y, por ende, se le ratificó su concesión y su capacidad para operar libremente en el espectro radioeléctrico asignado.
10. Ahora ustedes incluyen dentro de su pliego de peticiones políticas, su oposición al Artículo 50 de la LOE.  En tal sentido, les voy a suplicar perdonen mi molestia por no comprender cómo tantos periodistas de Últimas Noticias demuestran desconocer nuestra historia. El oponerse ustedes al artículo 50 de la LOE por el hecho de que “establece la posibilidad de que el Ministerio de Educación pueda solicitar a la autoridad correspondiente la suspensión de publicaciones  que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina” (Ver Ricardo Márquez, UN, 17/08/09, p.26); es una  falta a la verdad histórica. Ustedes no dicen que el contenido de ese artículo es el mismo del artículo 11 y 127 de la Ley Orgánica de Educación de 1980 (Gaceta 2635).  Eso que ustedes reclaman a este gobierno autoritario, ¡ya estaba establecido en nuestra Ley de Educación desde hace 29 años! Pareciera,  como dice el periodista Roberto Malaver, que le dieron un “tubazo” a los periodistas de UN, o éstos decidieron quitarse la chaqueta de periodistas y están incursionando en el terreno del activismo político.
11. Como era práctica en la IV República, el texto de esa Ley de 1980 la conocieron muy pocos venezolanos. Los proyectos de ley  los redactaban a escondidas, no se discutían, y se aprobaban en las oficinas de famosos bufetes de abogados.  Tan no se conocía la LOE de 1980, que ustedes señores periodistas de UN demostraron ignorar el contenido de la misma. ¡Qué diferencia con lo que ocurre ahora! ¡Los proyectos de ley se encartan en los diarios de mayor circulación!
12. En los pasados gobiernos de la dirigencia que hoy encabeza la oposición, pasaban cosas como con La Ley de Universidades de 1970, la cual fue aprobada a sangre y fuego: veintisiete estudiantes (27) murieron ese año en las calles de nuestro país por defender la autonomía universitaria (favor consultar cualquier hemeroteca). Se allanó la UCV por espacio de 18 meses. ¡Diez y ocho meses sin clases! ¡Toda la UCV parecía una base militar!  ¡Tanques de guerra en la Plaza del Rectorado! ¡Helicópteros artillados aterrizando en la Tierra de Nadie”. ¡Destitución del rector elegido por el Claustro! ¡Imposición desde Miraflores de un nuevo Rector! ¡Viva la democracia representativa!
13. Finalmente y para no continuar con nuestra lata,  queríamos dejar constancia de nuestra mayor repulsa a la acción de mal utilizar la libertad de expresión con el objeto de dañar la integridad moral y ética de las personas. No entendemos cómo siendo UN uno de los dos periódicos menos desequilibrados del país,  haya utilizado la técnica practicada  por esa otra prensa que desde hace tiempo dejó de informar para convertirse en  actor político. El día 15 del presente mes en primera plana, UN nos dice: “El Cicpc identificó a tres de los victimarios como trabajadores de Avila TV”. En páginas interiores de ese mismo día, muy destacado por cierto, mencionan los nombres y apellidos de los tres presuntos victimarios. Al día siguiente, UN en una información firmada por Eligio Rojas y Luz Mely Reyes, nos dice en cuatro líneas perdidas dentro de la página 8, que “el Cicpc identificó a un trabajador de Avila TV y no tres, como se dijo en la primera página de ayer.” ¿Es esto ético? ¿O es  totalmente intencional? ¿Las personas denunciadas no merecían una rectificación de UN, con el mismo despliegue con el que fueron acusados?

 

Sin duda amigos periodistas, tengo una percepción totalmente distinta a la realidad que ustedes nos pretenden transmitir. Son dos proyectos de sociedad lo que nos separan. Y gracias a que ya se ven algunos visos del nuevo tipo de sociedad que queremos construir, es que a ustedes les resulta verdaderamente cómodo enfrentarse a las presuntas agresiones gubernamentales a la libertad de expresión, sin tener que asumir riesgos a su libertad y hasta su vida. Y esto es así, y seguirá siendo así, porque estamos viviendo un proceso de cambios bien original, donde el respeto a los derechos humanos es nuestra principal bandera. Sabemos que nuestro proceso no tiene una marcha lineal, por el contrario, tiene marchas y contramarchas, aciertos y errores, fortalezas y deficiencias, pero la línea gruesa del mismo ha permitido fortalecer la libertad de expresión de nuestros olvidados de siempre, de nuestros hombres de a pié, de esos mismos  que desde modestísimos periódicos, revistas,  radios o televisoras comunitarias,   expresan, con plena libertad, sus inquietudes y denuncias contra    las malas administraciones de burócratas enquistados en las estructuras del Estado.  Aquí se han hecho denuncias de todo tipo, inclusive por la gran prensa, y muchas han llegado a concretarse (asesinatos cuando la tragedia de Vargas, el CAEZ, Fondafa, matanza de mineros en Bolívar, ruleteo a las parturientas, contrabando de gasolina, etc). Y nunca ha habido un llamado desde Miraflores para mandar a parar la denuncia, como sí ocurría de manera recurrente en el pasado. Pero también, para nuestro desagrado, en el “ejercicio” de la libertad de expresión se le ha mentado la madre al Presidente de la República en un programa de entrevistas y, como si esto fuera poco,  de manera descarada se ha planteado en varias ocasiones hasta su asesinato. Se han hecho denuncias, sin ningún basamento, que pretenden comprometer la integridad moral y ética de algún dirigente gubernamental (caso hijo de Alí Rodríguez o la pintura millonaria “comprada” por Jesee Chacón); y, a pesar de todos estos hechos, nunca algún periodista durante este gobierno ha ido preso por expresar sus ideas, aunque éstas sean del calibre antes mencionado. Por las 600 radios opositoras (el 80% del total), las veinticuatro horas del día son plomo duro y parejo contra el Gobierno Nacional, y nunca ustedes han visto a algún periodista ir a la cárcel por sus comentarios. En tal sentido, existe un hecho que los grandes medios lograron minimizar hasta el punto de que no sería raro que ustedes lo desconocieran. Resulta que el Centro Carter envió a Venezuela al ex Presidente Raúl Alfonsin - creo que en el año 2006- para evaluar la libertad de expresión. Llegó al hotel y no salió de su habitación en una semana.  Pidió le llevaran todos los días la prensa escrita. Exigió tres televisores adicionales y logró, además de ver la TV, oír durante esos días diversas emisoras de radio. Durante siete días evaluó la situación de la libertad de expresión (impresa y audiovisual), y su informe señaló que observó un abuso en la utilización del derecho humano denominado libertad de expresión, inclusive, llegó a utilizar la palabra libertinaje para calificar la conducta de diversos medios de comunicación venezolanos. Tal vez ustedes no compartan esa opinión, pero el suscrito la acompaña en su totalidad. De lo que se trata entonces es de definir si el ejercicio del periodismo conlleva a faltar al equilibrio y a que se nos informe de manera sesgada. Esta discusión sobre estos aspectos  parece que ya llegó a las salas de redacción de UN y de la Cadena Carriles. Lamentablemente, por los vientos que soplan y de acuerdo a mi percepción, la mayoría de los periodistas de esos medios  desde hace rato llegaron a la encrucijada, y el camino escogido pareciera ser  el de dejar atrás el ejercicio del periodismo- por cierto, por primera vez en diez años en el caso de UN-, para   asumir frontalmente el rol de activistas políticos. Esa es la discusión que tenemos que dar y para la cual os invito. 
 

Carlos Bujanda Andueza

Economista (UCV)-1980

Ex –Asesor Económico SNTP, cuando Helena Salcedo lo presidía.

Asesor económico trabajadores de UN, durante discusión contrato colectivo años 1981-82.

Actualmente, Presidente de la Asociación de Productores de Palma Aceitera de Monagas

Director de la Asociación de Cultivadores de Palma Aceitera (nacional)

bujandab52@hotmail.com