Desde el miércoles pasado se dio inicio a la I Jornada de Reflexión: La Lucha Contra la Impunidad como Garantía de Justicia y Paz para los Pueblos de Iberoamérica, la cual fue organizada por el Ministerio Publico de nuestra República y el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos y llevada a cabo entre el 10 al 12 de junio, en el salón Manzanares del Hotel Gran Meliá Caracas.

 

Fue instalada por la Dra. Luisa Ortega Díaz, en su carácter de Fiscal General de la  República Bolivariana de Venezuela y cuya Ponencia fue Impunidad: Impacto Social.

En dichas Jornadas intervienen representantes de los Ministerios Públicos de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Cuba, Ecuador, Perú, Portugal, República Dominicana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay y se estima la discusión sobre la cooperación internacional en el sistema acusatorio como parte de la lucha contra la impunidad.

Igualmente en este evento se intercambian experiencias sobre procedimiento, sobre la solución de problemas jurídicos y permitir aunar esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos de los Ministerios Públicos.

La Ponencia de la Dra. Luisa Ortega Díaz, comienza expresando que “En cada hecho punible que ocurre, la sociedad aspira que la pretensión punitiva del Estado se lleve a cabo”.

Ello por supuesto que en mucha de las veces no es así, pero es del interés de la Fiscalía que se cumplan los objetivos del proceso penal.

De otra parte afirma en su ponencia la Dra. Luisa Ortega Díaz,  que “en el caso de Venezuela en el año 1999, con la entrada en vigencia plena del Código Orgánico Procesal Penal, fuimos sorprendidos con la existencias de aproximadamente veinte millones de causas penales sin resolver, las cuales corresponden a hechos punibles ocurridos durante los años 70, 80 y 90. Estos asuntos penales se encontraban distribuidos entre los cuerpos policiales, el Ministerio Público y los tribunales penales. De estas causas penales que forman parte de lo se denomina, “Régimen Procesal Penal Transitorio”, se encuentran algunas que en su momento llegaron a tener relevancia, incluso internacional, pero esta relevancia no fue tal, para que los distintos organismos internacionales, “protectores de los Derechos Humanos”, como son los casos de los asesinatos de centenares de venezolanos durante la manifestación popular ocurrida el 27 de febrero de 1989, conocida como el “caracazo”, los hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos como lo son la masacre de más de veinte (20) militantes políticos en la población de Cantaura estado Anzoátegui en fecha 4 de octubre de 1982, el asesinato de otros militantes políticos en la población de Yumare estado Yaracuy, así como otros numerosos casos, que sin violar los derechos humanos, como la crisis bancaria que estremeció al país durante la década de los 90 afectó el patrimonio de millones de venezolanos y de la propia República.”

En dicha Ponencia la Dra. Ortega Díaz, expone que “Se dijo que en la sociedad existe consenso en cuanto a la sensación de impunidad, pero en cuanto a los delitos conocidos como de “cuello blanco” la opinión es unánime. Para abordar este punto resulta de gran ayuda partir de la distinción que el destacado Profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, en su obra “Manual de Derecho Penal: Parte General”, hace de la criminalización en primaria y secundaria.

En su opinión nos encontramos frente a la criminalización primaria cuando una conducta es “descrita en una ley como delito… es un acto legislativo de prohibición bajo amenaza de pena”. Por el contrario, entiende la criminalización secundaria como la “acción punitiva ejercida sobre personas concretas”, “es el acto del poder punitivo por el que éste recae sobre una persona como autora de un delito”. Considera Zaffaroni que la criminalización secundaria se lleva a cabo selectivamente, para lo cual se construyen estereotipos: los prejuicios racistas y clasistas “van configurando una fisonomía del delincuente en el imaginario colectivo…construyendo una cara de delincuente. Quienes son portadores de rasgos de esos estereotipos corren serios peligros de selección criminalizante”.

En la misma Ponencia trata sobre el retardo procesal, la dificultad del procedimiento por tardanza en resolver las causas, la prescripción y en este sentido abordó el tema señalando  “Es importante destacar que una investigación penal caracterizada por la lentitud, con una duración promedio de cuatro (4) años, dificulta el pronunciamiento de un acto conclusivo acusatorio, y aún más, el normal desenvolvimiento de las etapas procesales posteriores. En tal situación la ubicación de los testigos, imputados, funcionarios policiales, expertos y hasta de la propia víctima, se hace bastante difícil. El cambio de domicilio o de lugar de trabajo, la renuncia al cargo o la destitución, y hasta la muerte de alguno de dichos sujetos procesales, entraba la realización de los actos procesales. Sin olvidar que con el transcurso del tiempo opera la prescripción, la caducidad de la acción penal e incluso se desdibujan los hechos. En algunas denuncias que son procesadas, la incorporación de los elementos de convicción sobre la ocurrencia del hecho punible y la responsabilidad de los presuntos autores, resulta deficiente.”

Evidentemente que este artículo le queda  corto el espacio, para presentarles todo el contenido de dicha Ponencia pero si puedo expresarles  mi más alta satisfacción, ya que la leí en su totalidad y a la vez se demuestra, que el Ministerio Público trabaja buscando solucionar los entuertos por lo que ha pasado. Igualmente es satisfactorio saber que en nuestro país, el Ministerio Público haya propiciado estas Jornadas que vienen a demostrar efectivamente que existe un clima de seguridad. La presencia de todos los Fiscales del Ministerio Público de habla hispana, que se encuentran en el país demuestra una vez más que en el extranjero, tenemos una alta credibilidad en esta materia y que los derechos humanos son protegidos mediante estos trabajos que a la larga vendrán a callar a quienes de una u otra forma, tratan de perjudicar, sin lograrlo,  la imagen del país fuera de nuestras fronteras con intereses políticos personalistas.  Felicito a nuestra Fiscal General, Dra Luisa Ortega Diaz por el éxito de estas Jornadas.