Un verdadero vuelco acaba de dar el gobierno popular del presidente Gustavo Petro en materia de vivienda para los sectores más pobres de Colombia. El modelo neoliberal dominante en el mercado inmobiliario a lo largo de más de 30 años, representado en la estrategia de "Mi Casa, ya", montada por el ex vicepresidente German Vargas Lleras, utilizado por poderosos pulpos de la construcción (las Eps inmobiliarias) para acumular billones de pesos con los subsidios estatales, parece estar llegando a su fin.
No obstante, que en las últimas décadas el Estado oligárquico asignó presupuestos gigantescos para la vivienda de interés social el déficit cualitativo poco cambio, pues ha sido por lo general cercano al 24% afectando más de 4 millones de hogares; Mientras el déficit cuantitativo se mueve en el 8,2%, con un faltante de 1,4 millones de hogares sin techo.
Desde finales del año pasado el Ministerio de Vivienda no está entregando nuevos subsidios para comprar vivienda nueva, a través del programa Mi Casa Ya. Esto seguirá así por lo que queda del gobierno actual, pues se reformó el esquema para otorgar subsidios para vivienda rural, mejoramiento del hogar y, ahora, para adquisición de vivienda usada.
En efecto, con el decreto 775 (julio del 2025), el Ministerio de Vivienda hizo el anuncio de que dará subsidios para que la población víctima del conflicto armado, población en proceso de reincorporación, madres comunitarias, recicladores de oficio, tengan unos subsidios para adquirir viviendas usadas ubicadas en zonas donde la oferta de vivienda de interés social nueva no sea suficiente para cubrir la demanda.
Los requisitos que establece el decreto son los siguientes:
Contar con una clasificación de Sisben (estratificación clasista) IV entre Al y D20.
No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional
No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una caja de compensación familiar u otorgado por el Gobierno nacional, excepto por mejoramiento o arrendamiento.
No haber sido beneficiarios, a cualquier título de las coberturas de tasa de interés.
Contar con un crédito aprobado para la adquisición de vivienda.
El monto de los subsidios familiares de vivienda destinados a la adquisición oa la suscripción de contratos de arrendamiento habitacional de vivienda de interés social nueva o usada será así:
A los hogares que adquieran vivienda de interés social y se encuentren clasificados entre los grupos Al y C8 del Sisben IV, podrían asignarles un subsidio hasta por el monto equivalente a 30 SMLMV al momento de la solicitud de la asignación. Es decir, 42'705.000 (10 mil dólares).
A los hogares que adquieran vivienda de interés social y se encuentren clasificados entre los grupos C9 y D20 del Sisben IV, podrían asignarles un subsidio hasta por el monto equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 SMLMV), al momento de la solicitud de la asignación.
Entre tanto, el valor de la vivienda en la que se aplicarían los subsidios no podría ser superior al valor máximo de la vivienda de interés social, es decir, cerca de 213 millones de pesos (50 mil dólares).
Los subsidios estarán enfocados en:
Víctima del conflicto armado con estado 'incluido' en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas — UARIV, o quien haga sus veces.
Personas en proceso de reincorporación que se encuentren activas en las bases de datos a carga de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN o quien haga sus veces.
Madres comunitarias vinculadas a los programas de hogares comunitarios de Bienestar, Familias y Madres Sustitutas, certificadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El reciclador de oficio que se encuentre registrado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como miembro de una organización de recicladores de oficio o en el sistema de información que determina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para tal fin.
Se trata de un gran viraje que exige un profundo proceso de organización de las comunidades y de los maestros y albañiles para consolidar el derecho a la vivienda de millones de colombianos que carecen de un techo digno.
