Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, vive una situación de emergencia nacional, que amenaza la continuidad del proceso revolucionario iniciado por el comandante Hugo Chávez en 1999. Desde la muerte de Chávez en 2013, su sucesor Nicolás Maduro ha tenido que enfrentar una serie de desafíos internos y externos, que han puesto en riesgo la soberanía, la democracia y el bienestar del pueblo venezolano.

¿Qué factores explican el deterioro de la revolución bolivariana? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Maduro en la crisis actual? ¿Qué papel han jugado las sanciones internacionales y las decisiones económicas del régimen? ¿Qué alternativas tiene la izquierda venezolana para superar la crisis y retomar el rumbo socialista? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este artículo, desde una perspectiva crítica y solidaria con el proyecto histórico de la revolución.

LA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO Y LA CORRUPCIÓN

Uno de los principales problemas estructurales de la economía venezolana es su excesiva dependencia de los ingresos petroleros, que representan más del 90% de las exportaciones y más del 50% del presupuesto nacional. Esta situación hace que el país sea muy vulnerable a las fluctuaciones del precio del crudo en el mercado internacional.

Durante el gobierno de Chávez, el precio del petróleo se mantuvo alto, lo que le permitió financiar una serie de programas sociales y subsidios que beneficiaron a los sectores más pobres de la población. Sin embargo, esta política también generó una distorsión de los precios relativos, un aumento del gasto público, un déficit fiscal, una devaluación de la moneda, una fuga de capitales y una reducción de la inversión y la producción no petrolera.

Además, el gobierno de Chávez no invirtió lo suficiente en el mantenimiento y la modernización de la industria petrolera, que quedó bajo el control de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). La corrupción, la ineficiencia, la politización y la falta de personal calificado afectaron el desempeño de la empresa, que vio disminuir su producción de 3,2 millones de barriles diarios en 2008 a 1,9 millones en 2017.

La corrupción no solo afectó a PDVSA, sino también a otros sectores del Estado y de la economía, que se vieron infiltrados por una red de intereses y privilegios que se aprovechó de los recursos públicos. Según la organización Transparencia Internacional, Venezuela ocupa el puesto 176 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción de 2020, con una puntuación de 15 sobre 100. La corrupción ha socavado la legitimidad y la eficacia del gobierno, así como la confianza y la participación del pueblo.

LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y EL COLAPSO ECONÓMICO

A partir de 2014, el precio del petróleo se desplomó, pasando de más de 100 dólares por barril a menos de 30 dólares en 2016. Esto provocó una fuerte caída de los ingresos del gobierno de Maduro, que se vio obligado a recortar el gasto social, aumentar la emisión monetaria, contraer deuda externa y recurrir a la ayuda de aliados como China y Rusia.

Estas medidas no fueron suficientes para evitar el colapso de la economía, que entró en una recesión que se ha prolongado por siete años consecutivos, con una contracción acumulada del 65% del producto interno bruto (PIB). La inflación se disparó, alcanzando el 10.000.000% en 2019, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El salario mínimo se redujo a menos de un dólar mensual, mientras que el costo de la canasta básica superó los 300 dólares.

La escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales se agudizó, afectando la calidad de vida y la salud de los venezolanos. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2020, el 96% de la población vive en la pobreza y el 79% en la pobreza extrema. La desnutrición infantil, la reaparición de enfermedades erradicadas, el deterioro de los servicios públicos y la violencia e inseguridad son algunos de los problemas que enfrentan los ciudadanos.

La crisis humanitaria ha provocado una de las mayores migraciones forzadas del mundo, con más de siete millones de venezolanos que han abandonado el país desde 2015, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayoría de ellos se han dirigido a países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, donde enfrentan dificultades para acceder a empleo, educación, salud y protección.

LA CRISIS POLÍTICA Y LAS SANCIONES INTERNACIONALES

La crisis económica y social ha generado una crisis política, que se ha caracterizado por el enfrentamiento entre el gobierno de Maduro y la oposición.

Estados Unidos ha sido el principal impulsor de las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro, con el objetivo de presionarlo para que abandone el poder y permita una transición democrática. Desde 2015, Estados Unidos ha impuesto sanciones a más de 200 individuos y entidades vinculados al régimen, incluyendo a Maduro, a sus familiares, a sus ministros, a sus generales, a PDVSA y al Banco Central de Venezuela.

Estas sanciones han restringido el acceso del gobierno de Maduro a los mercados financieros internacionales, a los activos y a los ingresos petroleros. Según un estudio de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), las sanciones han provocado una caída del 99% de los ingresos petroleros de Venezuela entre 2014 y 2020, lo que equivale a una pérdida de 102.000 millones de dólares.

Las sanciones también han tenido un impacto negativo sobre la población, al dificultar la importación de alimentos, medicinas, combustible y otros insumos necesarios para atender la emergencia humanitaria. Aunque las sanciones contemplan excepciones para la ayuda humanitaria, estas no han sido suficientes para evitar el sufrimiento de los venezolanos. Según un informe de la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, las sanciones han exacerbado la crisis económica y social de Venezuela y han violado los derechos humanos de sus habitantes.

Las sanciones no son más que una forma de agresión imperialista, que busca asfixiar la economía venezolana, generar descontento social, desestabilizar el orden constitucional y propiciar un cambio de régimen por la fuerza. Estas sanciones violan el derecho internacional, la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos.

Las sanciones no solo afectan al gobierno de Maduro, sino también al pueblo venezolano, que es el verdadero objetivo de esta estrategia de presión. Al bloquear el acceso a los recursos financieros, a los bienes y a los mercados internacionales, las sanciones impiden que el Estado pueda garantizar los derechos sociales, económicos y culturales de la población, que son la base del proyecto socialista iniciado por Chávez.

Las sanciones también tienen un impacto psicológico y moral sobre los venezolanos, que se sienten aislados, humillados y desesperanzados. Las sanciones generan una sensación de impotencia, de resignación.

Para superar la crisis y retomar el rumbo socialista, la izquierda venezolana tiene que elevar su conciencia, su moral y su compromiso con la reconstrucción del país. No se trata de defender a un gobierno que ha traicionado los ideales de la revolución, sino de recuperar el poder popular, la democracia participativa, la soberanía nacional y la justicia social.

Para ello, se requiere una profunda renovación de las fuerzas políticas, sociales y culturales que impulsaron el proceso revolucionario, que se han visto debilitadas y divididas por la crisis. Se necesita una nueva dirección colectiva, plural y democrática, que convoque a un diálogo nacional, que impulse una agenda de cambios estructurales, que enfrente la corrupción y la impunidad, que respete los derechos humanos y que abra espacios para la participación y la organización popular.

LA INTEGRACIÓN Y NUESTROS VECINOS

Venezuela siempre ha tenido la intención de integrar al Caribe y a América Latina, ante la amenaza de la hegemonía norteamericana, que ha impuesto su política de guerra, intervención y saqueo a los pueblos del sur. Venezuela ha sido solidaria y generosa con sus hermanos latinoamericanos y caribeños, compartiendo sus recursos, su cooperación y su apoyo político. Sin embargo, algunos de esos pueblos han mostrado una falta de solidaridad y de verdadera amistad con Venezuela, alineándose con los intereses de Estados Unidos y desconociendo los logros y las luchas de la revolución bolivariana. Venezuela reclama el respeto y el reconocimiento de su soberanía, de su democracia y de su derecho a construir su propio destino.

SIEMPRE TERMINAMOS EN LA MISMA PREGUNTA, ¿QUE HACER?

Venezuela necesita reconstruir sus relaciones cívicas, sociales y económicas, que han sido deterioradas por la crisis política, la violencia, la corrupción y la desigualdad. Para ello, se requiere un plan quinquenal que sirva para generar un camino hacia un futuro menos distópico y arbitrario, que garantice la paz, la democracia, la soberanía y el desarrollo del país.

Un posible plan quinquenal podría contemplar los siguientes objetivos y acciones:

- Restablecer el diálogo y el consenso entre los actores políticos, sociales y económicos, con el apoyo de la comunidad internacional, para resolver pacíficamente el conflicto de poderes y convocar a elecciones libres, transparentes e inclusivas.

- Levantar las sanciones internacionales y normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales con los países vecinos y del mundo, respetando el derecho internacional y la no injerencia en los asuntos internos de cada país.

- Reactivar la economía y diversificar la producción, reduciendo la dependencia del petróleo y fomentando el desarrollo de sectores estratégicos como la agricultura, la industria, el turismo, la ciencia y la tecnología.

- Recuperar el poder adquisitivo y el bienestar de la población, controlando la inflación, aumentando el salario mínimo, garantizando el acceso a los alimentos, las medicinas y los servicios públicos de calidad.

- Fortalecer el sistema de salud y educación, ampliando la cobertura, la calidad y la gratuidad de estos servicios, así como la prevención y el tratamiento de las enfermedades, la nutrición y la vacunación de la población.

- Proteger el medio ambiente y los recursos naturales, promoviendo el uso racional y sostenible de la energía, el agua, la biodiversidad y los minerales, así como la mitigación y la adaptación al cambio climático.

- Impulsar la participación y la organización popular, respetando la pluralidad y la diversidad de las expresiones culturales, políticas y sociales, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.

Solo así se podrá evitar que Venezuela caiga en los extremos del marxismo dogmático o del anarco liberalismo salvaje, que solo traen más miseria, violencia y dependencia. Solo así se podrá construir una alternativa socialista, humanista, ecológica y solidaria, que garantice la libertad económica y social, el equilibrio entre el Estado y la sociedad, y la integración con los pueblos hermanos de América Latina y el mundo.

 

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