“El pacto social que nos define como democracia participativa” ¡A esto hemos llegado!

Estos son los disparates que se pueden leer ahora en Aporrea, antes solo se los escuchaba en una reunión echándose palos, o en el metro… No obstante, tiene algo de razón este señor: Chávez no nos dejó muy claro en la constitución cómo iba ser esta “participación” y este  “protagonismo” de la gente en la toma de decisiones sobre los asuntos que nos conciernen.

Para empezar hay que colocar esta idea de democracia participativa bajo el contexto adecuado, en el espíritu socialista que gobernó la voluntad del comandante, no al lado de ningún “pacto social” ni de la  socialdemocracia o democracia burguesa de siempre.

Empezando porque en la socialdemocracia no existe una idea de “democracia participativa y protagónica” (así no exista, de hecho, ahora). A la socialdemocracia la define precisamente un “pacto social” entre propietarios, trabajadores y el Estado, quien lo garantiza. La democracia socialdemócrata es la misma democracia burguesa representativa, por si hay dudas en esto.

En caso de que hoy estuviesen activos verdaderos mecanismos de participación en las decisiones que no atañen a todos, por ejemplo, si los venezolanos hubiéramos incidido a través de un referéndum en la decisión del gobierno de entregar El Arco Minero a las trasnacionales, estuviéramos muy cerca de un verdadero cambio de sociedad, no gobernara el “pacto social”, porque fue este pacto, justamente, quién hizo posible revertir la administración del Estado sobre nuestros recursos naturales al control de los privados, de los eternos propietarios multimillonarios.

“Pacto social” y “democracia participativa”, así, teóricamente hablando, son conceptos excluyentes. Donde las decisiones son asumidas por todos no hay pacto que valga. Democracia participativa es debate y toma de decisiones y “pacto social” es negocio.

De “pacto social” hablan los adecos y copeyanos, los empresarios, los sindicaleros, los socialdemócratas; esto tiene que ver con las elecciones, universal y directa, pero mediada por los partidos políticos. Tiene que ver con la distribución del poder, de acuerdo a intereses “de poder” representados por partidos políticos en las distintas instancias del gobierno, desde la conformación de la Asamblea Nacional, hasta en la conformación del mismo gobierno (La conocida comisión tripartita del ministerio del trabajo es una expresión elocuente de lo que es el “pacto social”).

Nosotros hablamos de “democracia socialista”, participativa y protagónica, que tiene que ver con otra forma de organización del Estado, de los sistemas para la elección de delegados o representantes en las diferentes instancias de poder, locales, municipales, regionales y la Asamblea Nacional, sin la mediación de grupos de interés y de partidos políticos que los representen, sin “clientelismo” político. Se trata de otra concepción del partido, otra definición, otro uso del partido político; el partido entendido como vanguardia política de la revolución socialista: el partido como un espacio para el debate y producción de política, de formas políticas, estrategias políticas, no de candidatos, no un aparato clientelar, un trampolín para oportunistas. Los representantes o delegados son elegidos desde las bases sobre criterios muy  distintos al poder del dinero o las promesas populistas. Hablamos del reconocimiento social, de honorabilidad, honestidad, honradez, experiencia y capacidad política y de trabajo, que sea constatable, a fin de garantizar un mínimo de representatividad de los intereses colectivos de la población.

En nuestro país, hasta ahora, esto no ha pasado de ser una amenaza, una promesa huera. Los concejos comunales, no son consejos ni comunales, son una mezcla de jefatura civil con gestoría gubernamental. Los clap, aparatos para la distribución de alimentos (“por ahora”). Las comunas nadie sabe qué hacen y donde están, son como las cooperativas, cualquiera tiene o puede conformar su comuna, a título personal, es una asunto de cumplir con las formalidades.

Todavía se sigue creyendo que la ley, hace, por arte de magia, que las cosas funciones o se hagan realidad; que un decreto presidencial es una especie de  profecía, es la palabra de Dios. Que muchos se crean Dios no los hace omnipotentes, es el desengaño del loco de Calígula.

Por eso decimos (por tercera o cuarta vez) que todo aquello que se promete para la constituyente (acabar con la corrupción, perseguir a los “traidores de la patria”, darle “rango constitucional” a las comunas, a los derechos de los indígenas, de los afro.., de los discapacitados, de los LPTG, etc.) es inútil para cambiar la sociedad. Lo que cambia la sociedad son las verdaderas revoluciones y estas se dan en la consciencia, en el espíritu de lucha y en las acciones humanas, en las prácticas sociales revolucionarias. Solo después habría que rehacer las leyes, crear las leyes, adecuarlas a los cambios.

La constituyente de Chávez fue  una forma de hacer pacífica la revolución, no fue la revolución misma. Que sea pacífica evita muertos y violencia pero no la revolución. Pero en toda revolución es el cómo se desenvuelven los acontecimientos lo que marca el dapasón del qué hacer. Otra constituyente es retroceder, es ceder espacios al enemigo, una afrenta al espíritu de revolucionario de Chávez, para cuando la convocó.

Pero, curiosamente, son los capitalistas quienes sí están realizando desde siempre, y  sin ningún obstáculo serio, sus prácticas sociales capitalistas. A este gran grupo de interés si que le es útil tener una base constitucional para proteger “constitucionalmente” sus inversiones… ¡no sea que cambie el gobierno y otro venga a querer revertir los acuerdos, convenios, contratos ya firmados!, ¡garantía jurídica, pues!, para los nuevos inversionistas, y consolidar el “Nuevo Modelo Económico” de Maduro, que es capitalista, y que no es socialista.

 



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Marcos Luna


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