No me afecta pero tampoco me alegra lo de Mario Silva, con seguridad debe estar reflexionando sobre su arrogancia que lo desbordo, si me preocupa las actitudes del gobierno con Eduardo Samán, Alberto Nolia, Grano de Maíz y otros programas de cuestionamientos a la gestión del gobierno, me preocupa lo que pudiera ocurrir con Aporrea, cuando a venezolana de televisión la desnudan de revolucionarios.

Parece que a los ministros, asambleístas, les estorba mucho más que antes las críticas. Estos señores y señoras del gobierno se creen intocables en el peor momento por el que atraviesa la revolución y este es un tema que Maduro, en sus discursos no toca.

El presidente Chávez, por así decirlo, “autorizaba” la crítica y la autocrítica, decía con frecuencia que es necesaria la autocrítica; el presidente Maduro, quizá, por tanta critica que recibe no toca el tema y este asunto se está desbordando con periodistas y otras personas que ejercemos nuestro derecho a criticar la ineficacia, la mediocridad, el sectarismo, burocratismo, corrupción, inflación y violencia; asuntos que no podemos remediar.

El endiosamiento de algunos funcionarios, su influencia política hasta económica es contraria a los valores revolucionarios, incluso, si es una decisión del pueblo, no todas las decisiones del pueblo son necesariamente legitimas ni ajustadas a derecho ni a los principios colectivos porque el pueblo está sometido a la Constitución.

L o que hay que criticar es el sometimiento de muchos dirigentes de movimientos sociales, consejos comunales a los alcaldes, gobernadores, asambleístas, ministros, situación que limita y condiciona la voluntad de la masa decidida en las asambleas de calle.

Por esa limitación y sometimiento de la que hacen gala la mayoría de nuestros dirigentes, la revolución carece de una innovación profunda y eso sí que es susceptible de impugnación que empieza por la crítica, critica que sirve para prevenir a los funcionarios de su mala gestión política, pero, como no lo toman por ese lado se llenan de torpezas sacando del aire a los críticos. Todos los actos de poder y de influencia son impugnables por la vía administrativa, judicial y constitucional.

La influencia política en grado extremo para remover a camaradas de sus puestos como a Villegas, para candidatizarlo a la alcaldía mayor, es una de las más grotescas torpezas si por estrategia política se la hizo, él es un periodista no un administrador, para competir con Ledesma esta Samán, pero como Eduardo está en la lista negra del sectarismo, entonces, es preferible continuar con las torpezas.

En una revolución los ciudadanos y ciudadanas obedecen a los nuevos principios sociales y a las leyes antes que a los funcionarios.

Este no es un gobierno de los ministros, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales, debería ser el gobierno de las leyes y del pueblo. Los funcionarios públicos deben ser esclavos de las leyes para evitar que la masa sean esclavos de ustedes.

Estos temas no se tocan en las asambleas populares. Los funcionarios deben entender que desde los diferentes poderes solo pueden hacer lo que está expresamente ordenado por la Constitución o las leyes; es lo que se interpreta como principio de atribución de potestades, en otras palabras, los funcionarios no tienen en realidad derechos en el sentido filosófico del termino porque los derechos inmanentes corresponden a lo seres humanos.

Desde Maduro, alcaldes, gobernadores, asambleístas, tienen facultades transitorias, revocables y condicionadas no solo por una norma legal que le atribuye el poder sino por los resultados que ofrecen al pueblo, derivados de su convicción, capacidad, creatividad y deseo de servir desinteresadamente al pluralismo. Mandatarios, funcionarios y legisladores están subordinados por los derechos de la gente.

Los funcionarios están prohibidos de ejercer la arbitrariedad, están obligados a motivar la revolución con normas preestablecidas consecuencia de las leyes propias del derecho público, pero, también, por los principios revolucionarios.

Si desde la cúpula del gobierno no hay motivación restan eficacia al proceso de cambio, le quitan legitimidad y legalidad a la lucha contra la burguesía, la pobreza y la inequidad que son principios de responsabilidad revolucionaria. Estos principios, esperamos, no hayan sido negociados con la empresa privada.

En la responsabilidad revolucionaria todos los principios se articulan y se concretan en la gestión política y administrativa del Estado, así, los funcionarios son quienes deben asumir y solucionar los problemas que aquejan a la sociedad, no hacerlo es una violación a la Constitución y a los principios de cambio que deben regir en una revolución por ser una responsabilidad política de la que se derivan los mecanismos que utilizan las instituciones, y para que sus funcionarios rindan cuentas.

Definitivamente a la fiscalía le quedo grande acusar a Capriles y a otros dirigentes de la MUD por los asesinatos y desmadres cometidos durante y después de las elecciones presidenciales ¿por qué nadie de sus compañeros de la ministra fiscal ha pedido que la releven del cargo?

La seguridad jurídica para el pueblo, para los dirigentes campesinos, para los indígenas, prácticamente no existe, y es de suponer primero que los pueblos deben sentirse protegidos. Por otro lado, las fiscalías, las Cortes y el ejecutivo, deben asegurar la estabilidad en las reglas del juego admitidas por la revolución.

La seguridad interna del país en base a la seguridad jurídica son los hilos principales del Estado en esta V República por ser uno de los derechos primordiales del pueblo.

Desde el 2006 la idea de la construcción del socialismo nació por ir contra la burguesía, la desigualdad y la inequidad sostenida por los monopolios políticos- económicos de la IV República.

La revolución una escuela del socialismo debería insistir en la libertad que impone nuevas reglas y conductas a la oposición, sus limitaciones y responsabilidades no pueden ser temas ocasionales es un asunto puntual vigilado por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, esa su principal función no estar sacando a periodistas del aire o amenazando a gente que opina en Aporrea, “las ingenuidades de Maduro” por decir un artículo.

La práctica del sectarismo y el abuso del poder con los revolucionarios y chavistas críticos, enseñan los complejos y prejuicios de la que hacen gala la mayoría de funcionarios en el ejercicio de sus funciones.