Hemos expresado nuestro más profundo rechazo a la modificación aprobada en primera discusión de la ley de hidrocarburos [LOH] previamente modificada en 2006, por considerarla entreguista, inconsulta y lesiva al interés nacional, advirtiendo que terminará por hacer inviable a PDVSA, a la par que llevará a la quiebra al estado Venezolano [TalCual on X: "#NocheD Ingeniero @EinsteinMillan: Se le otorga discrecionalidad al Ejecutivo para incluso reducir las regalías por debajo de 15% y reducir la participación fiscal total de la nación de un 65% neto actual hasta un 25% en la reforma. https://t.co/zseaUZxAcu" / X].

La celeridad con la que fue abordada dicha modificación, así como lo adverso de su contenido, pareciera responder más a una solicitud abiertamente expresada por Exxon y evidentemente secundada por la casa blanca, que al mero interés nacional. Su contenido va en detrimento del país y nos hace retroceder más de 150 años en la historia petrolífera y gasífera del país.

A pesar de que la LOH vigente para los tiempos de la apertura preveía un rango de participación del estado de entre 67% y 33%, el promedio de participación durante la nefasta apertura de los 90 [dependiendo del negocio] fue de cerca del 36%, de allí que nuestra nación experimentara un nivel de pobreza total sin precedentes que superó el 70% y un 40% de pobreza extrema, impulsado por el menor nivel de utilidad neta del barril jamás registrado por PDVSA, alcanzado precisamente a máximo nivel de producción para entonces, así como la centrifugación y fuga masiva de capitales experimentada en el país desde las transnacionales mismas, así como de la empresa privada Venezolana; esos mismos que hoy aplauden dicha modificación.

Por el lado de la ley vigente para 2006, esta permitía una participación fiscal en promedio de 60% a 65%, mientras que la modificación actual facilita a las transnacionales abonar un mínimo que podría incluso ceder bajo 15%, en función del tipo de activo y negocio. Esta modificación "express" nos recuerda a la empobrecida guyana y su 13% de participación fiscal. Un país que con solo 800.000 a 900.000 habitantes, a más de 6 años de haberse iniciado su producción a escala, acusa más de 50 % de pobreza total un crimen galopante producto de la desigualdad social.

Esta distribución/participación de "ganancias" fue; no por casualidad repito, vilmente negociada por ExxonMobil, valiéndose de la ignorancia de los guyaneses en materia petrolera, la misma ExxonMobil que pidió la modificación de nuestras leyes en materia de hidrocarburos, a un país con cerca de 150 anos de historia petrolera como Venezuela...

Una participación fiscal tan baja, desde un área como la petrolera cuya contribución al presupuesto de la nación durante 2025 fue cerca del 63% y que ha llegado en el pasado a superar 94%, podría reducir los ingresos fiscales drásticamente, exacerbando la quiebra del país y PDVSA, máxime ante el nivel de deudas acumuladas.

Hemos asegurado que ninguna multinacional o BigOil llegará al país, ni invertirá grandes capitales contando solo con la permanencia de Trump en el poder, ni en un país con un gobierno transitorio, con un clima político y social enrarecido, instituciones entredichas y una galopante corrupción. Quizá pequeños capitales de origen entredicho pudieran aventurarse, pero ello no hará bulto y su contribución será, como hasta ahora, minúscula o marginal.

Ante la improbable eventualidad de una creciente presencia de multinacionales o "BigOil companies" en el país, el planteamiento es claro; la fortaleza financiera relativa y el mayor atractivo global que estas poseen sobre PDVSA, representa una amenaza que terminará por sacar del juego a nuestra "golpeada" corporación petrolera.

Tal y como se presenta la modificación de la LOH ya pasada en primea discusión, esta no incluye ninguna previsión para proteger a PDVSA de la competencia desleal y desigual. Sin previsiones para protegerla, enfrenta una criminal competencia con el "bigoil", quienes poseen mayor acceso a capital y tecnología, llevándola a la inviabilidad financiera y perdida masiva de activos hacia las transnacionales. Ello se exacerba con la discrecionalidad total del estado y rienda suelta a las transnacionales para actuar y operar "punta-a-punta" desde el pozo y hasta la exportación final de nuestros crudos, "prácticamente sin reportar a la industria-PDVSA", que otorga la modificación de la LOH en curso.

Venezuela fuera de la OPEP

Bajo la premisa de apertura total a las transnacionales [BigOil] contenida en la modificación 2026 de la LOH, permanecer en la OPEP podría limitar su potencial de producción máximo a las transnacionales, ya que a menudo las cuotas de la organización restringen el output de sus países miembros para estabilizar precios, lo que podría desincentivar inversiones extranjeras que buscan rentabilidad rápida y volúmenes altos.

Desde la perspectiva del "BigOil", salir de la OPEP permitiría perseguir una política independiente de extracción alineada con sus intereses de acelerar producción sin límites de cuotas. Desde el punto de vista país, mantenerse dentro de la OPEP ofrece beneficios geopolíticos, así como influencia en decisiones globales de precios del petróleo y solidaridad con otros productores, lo que podría proteger contra caídas drásticas de precios en mercados volátiles, guerra de precios y perdida de mercados importantes; como los asiáticos. Esto último es precisamente el interés contrario a lo que busca Trump, quien ya ha expresado su opinión de profundizar la caída del barril.

Con la reforma de la ley de hidrocarburos que reduce el control estatal y permite operación autónoma de empresas extranjeras, las cuotas de la OPEP podrían y van a generar conflictos con el cartel y sus miembros y eso es precisamente el interés de Trump y de las grandes transnacionales, quienes saben que en Venezuela los márgenes de ganancias; sin sanciones, ni restricciones legales serán jugosos, ya que nuestro costo de producción podría ceder por debajo de $10 por barril tal y como durante la primera década de 2000. Las transnacionales lo saben, pero el gobierno encargado parece ignorarlo.

Venezuela ha estado por debajo de su asignación debido a las limitaciones de despliegue de actividad y producción promovidas desde las sanciones de EEUU y la exacerbación geopolítica creada por factores de la oposición Venezolana en conjunto con sus aliados extranjeros. Pero un eventual aumento de producción criolla impulsado por las transnacionales excedería las cuotas y ello sería considerado como una amenaza a la estabilidad de los mercados, por el resto de los países miembros de la OPEP.

La influencia de EEUU en las reformas hechas a la LOH de Venezuela, sugiere que Trump pudiera ejercer presión para una salida de la OPEP. Mientras este permanezca en el poder, EEUU no permitirá que se dicte límites a la producción controlada por las transnacionales estadounidenses, pudiendo terminar por erosionar nuestra presencia en el cartel, así como herir nuestras relaciones con el resto de los países miembros.

El riesgo final seria que pase a ser Washington quien domine la presencia e influencia geopolítica de los crudos Venezolanos en el mundo. A ese panorama se enfrenta nuestro país. Urge en consecuencia mantener la multipolaridad Oeste-Este, para garantizar la supervivencia energética al largo plazo de Venezuela y PDVSA.

Pero China ha dado señal de distanciamiento de Venezuela [Exclusive: PetroChina holds off from buying Venezuelan oil marketed under US control, sources say | Reuters], buscando acercamiento con suplidores alternativos como Canadá y México.

Esto resulta muy grave para Venezuela, país que aún le adeudada unos ~$17.000 millones a China, el país con la economía de mayor crecimiento en el mundo y la única nación capaz de balancear fuerzas intervencionistas en la región. Sería un grave error el singularizar mercados a nuestros crudos. Es precisamente lo que no se debe hacer, ya que crearía dependencia segura, fragilidad geopolítica y geoestratégica.